En Colombia donde el silencio ha sido cómplice del dolor, el Congreso de la República recibe una propuesta legislativa que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad de los delitos sexuales cometidos en contextos clericales y religiosos.
Se trata del proyecto de ley “Por medio del cual se crea la Comisión Nacional de Investigación para el Esclarecimiento de la Verdad y la reparación integral a las Víctimas de delitos de abuso sexual en contextos clericales y religiosos”, de autoría de la Representante a la Cámara por Santander, Érika Tatiana Sánchez.
Este proyecto no solo busca justicia, sino también dignidad. En palabras de la congresista: “No podemos seguir permitiendo que el manto de lo sagrado o lo espiritual se convierta en un escudo para la impunidad. Las víctimas merecen verdad, reparación y garantías de no repetición”.
Una deuda histórica con las víctimas
Durante décadas, múltiples denuncias de abuso sexual en entornos religiosos han sido ignoradas, minimizadas o encubiertas. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre 2010 y 2023 se registraron más de 1.200 denuncias por delitos sexuales cometidos por miembros de instituciones religiosas en Colombia. Sin embargo, menos del 15% de estos casos han llegado a una sentencia condenatoria.
La propuesta de la congresista Sánchez busca revertir esta tendencia mediante la creación de una comisión nacional independiente, con facultades investigativas, capacidad de articulación interinstitucional y enfoque restaurativo. Esta comisión tendría como objetivo central esclarecer los hechos, identificar patrones de encubrimiento y proponer medidas de reparación integral para las víctimas.
Entre los puntos clave del articulado se destacan:
- Creación de la Comisión Nacional de Investigación, con participación de expertos en derechos humanos, justicia transicional, salud mental y representantes de organizaciones de víctimas.
- Recopilación de testimonios, documentos y evidencias que permitan reconstruir los hechos y establecer responsabilidades individuales e institucionales.
- Recomendaciones para la reforma institucional, orientadas a prevenir futuros abusos y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en organizaciones religiosas.
- Medidas de reparación integral, incluyendo atención psicosocial, reconocimiento público, indemnización y garantías de no repetición.
Entre el reconocimiento y la resistencia
La iniciativa ha generado reacciones diversas en sectores religiosos. Mientras algunas comunidades han expresado su disposición a colaborar con la comisión, otras han manifestado preocupación por lo que consideran una “estigmatización institucional”.
Sin embargo, líderes como el padre Camilo Torres, teólogo y defensor de derechos humanos, han respaldado la propuesta: “La Iglesia debe ser la primera en abrir sus puertas a la verdad. El Evangelio nos llama a proteger a los más vulnerables, no a encubrir el pecado”.
La Representante Sánchez ha insistido en que el proyecto no busca atacar la fe ni las creencias, sino garantizar que ninguna institución esté por encima de la ley. “La espiritualidad no puede ser excusa para la impunidad. Este proyecto es una oportunidad para que las instituciones religiosas se reconcilien con su papel ético y social”, afirmó.
El abuso sexual en contextos religiosos representa una de las formas más complejas de violencia, por el poder simbólico y emocional que ejercen los agresores sobre sus víctimas. En muchos casos, el temor a represalias espirituales, el aislamiento comunitario y la falta de rutas claras de denuncia han perpetuado el silencio.
Organizaciones como Red de Sobrevivientes de Abuso Clerical han documentado más de 300 casos en Colombia que nunca llegaron a instancias judiciales. “Nos dijeron que calláramos por el bien de la comunidad. Pero el silencio solo alimenta al agresor”, relata una sobreviviente que pidió mantener su anonimato.
La creación de una comisión especializada permitiría abordar estos casos con sensibilidad, rigor y enfoque restaurativo. Además, abriría un espacio para el reconocimiento público del daño, algo que muchas víctimas consideran esencial para su proceso de sanación.
Reparar es también transformar
Más allá de la justicia penal, el proyecto de ley propone una mirada integral que incluye la reparación simbólica, la educación preventiva y la transformación institucional. En este sentido, se plantea la elaboración de guías pedagógicas, campañas de sensibilización y protocolos de atención en comunidades religiosas.
“No basta con castigar al agresor. Hay que transformar las estructuras que permitieron el abuso”, señala Sánchez, quien ha trabajado de la mano con colectivos de víctimas, académicos y defensores de derechos humanos para construir el articulado.
La aprobación de este proyecto de ley sería un hito en la historia legislativa del país. Representaría el reconocimiento de una problemática silenciada y la voluntad política de enfrentarla con valentía.
“Este no es un proyecto contra la fe, sino a favor de la justicia”, recalcó Sánchez. “Este no es un proyecto contra la fe, sino a favor de la justicia”, expuso en su intervención en el acto de radicación ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes: “Las víctimas han esperado demasiado. Es hora de que el Estado les diga: los escuchamos, les creemos, y vamos a actuar”.
La sociedad colombiana está ante una encrucijada ética. ¿Elegirá el camino del encubrimiento o el de la verdad? La respuesta está en manos del Congreso, pero también en la conciencia colectiva de un país que no puede seguir ignorando el dolor de quienes fueron vulnerados en nombre de lo sagrado.
