En un giro que sacude el tablero político colombiano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha confirmado su intención de volver al Senado en las elecciones legislativas de 2026. La noticia, anunciada por Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, marca no solo el retorno de una figura emblemática de la derecha, sino también un desafío jurídico y estratégico para el uribismo, que busca recuperar terreno en un Congreso cada vez más fragmentado.
Uribe, de 73 años, ocupará el puesto número 25 en la lista cerrada del Centro Democrático al Senado, siendo hasta ahora el único candidato confirmado por la colectividad. Esta decisión, propuesta por el propio exmandatario, fue recibida con entusiasmo por las directivas del partido, que aspiran a obtener 25 escaños en la próxima legislatura.
La lista cerrada implica que los votantes no elegirán candidatos individuales, sino que votarán por el partido en bloque. En este contexto, el liderazgo de Uribe se convierte en un activo simbólico y electoral, capaz de aglutinar a los sectores más conservadores del país y revitalizar una colectividad que ha perdido fuerza desde su apogeo en 2014.
Un pasado legislativo con cifras
El expresidente ya ha tenido tres pasos por el Congreso. En 2014, lideró la lista del Centro Democrático y obtuvo más de 875.000 votos, convirtiéndose en el senador más votado del país. Su presencia en el Senado fue clave para consolidar la oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, especialmente frente al proceso de paz con las FARC.
En 2018, aunque no encabezó la lista, su influencia fue determinante para que el partido obtuviera 19 curules en el Senado. Sin embargo, en 2020 renunció a su escaño tras verse involucrado en un proceso judicial por presunta manipulación de testigos, lo que marcó un punto de inflexión en su trayectoria política.
El retorno de Uribe al Congreso está condicionado por el desenlace de su proceso judicial. En primera instancia, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal. Además, se le impuso una multa de 3.400 millones de pesos y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por ocho años.
No obstante, el 19 de agosto de 2025, un tribunal en Bogotá revocó la medida de arresto domiciliario, permitiéndole enfrentar el proceso en libertad mientras se resuelve la apelación en segunda instancia. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tiene en sus manos la decisión final, que definirá si Uribe podrá asumir su curul en caso de ser elegido.
Este escenario plantea una tensión entre lo jurídico y lo político. Mientras el Centro Democrático apuesta por su liderazgo para recuperar influencia, el proceso judicial podría convertirse en un obstáculo insalvable. La candidatura de Uribe es, en ese sentido, una jugada audaz que pone a prueba los límites del sistema democrático colombiano.
El impacto político
La sola postulación de Uribe reconfigura el panorama electoral. Su figura sigue siendo polarizante: para algunos, representa la defensa del orden, la seguridad y el modelo económico liberal; para otros, encarna el autoritarismo, el clientelismo y la impunidad.
En un contexto donde el gobierno de Gustavo Petro enfrenta críticas por su gestión y donde la izquierda ha perdido parte del impulso que la llevó al poder en 2022, el regreso de Uribe podría catalizar una recomposición de fuerzas en el Congreso. El uribismo, debilitado por divisiones internas y por la pérdida de apoyo popular, necesita una figura que cohesione y movilice. Uribe, pese a sus líos judiciales, sigue siendo ese referente.
Si el expresidente quiere evitar que la derecha sea derrotada en las urnas, deberá sortear varios desafíos:
Unidad interna: El Centro Democrático ha sufrido fracturas y deserciones. La conformación de una lista sólida, con perfiles técnicos, regionales y éticos, será clave para recuperar credibilidad.
Narrativa renovada: El discurso de seguridad y lucha contra el “neocomunismo”, como lo ha llamado Uribe, debe ser acompañado por propuestas concretas en educación, salud, empleo y transición energética. La derecha no puede limitarse a la crítica; debe ofrecer alternativas.
Resolución jurídica: La apelación en segunda instancia debe resolverse antes de finalizar el año. Si Uribe es ratificado como culpable, su candidatura quedaría anulada. El partido debe prepararse para ese escenario y tener un plan B.
Alianzas estratégicas: La derecha fragmentada necesita puentes con sectores independientes, conservadores y liberales. Uribe, como figura aglutinadora, podría facilitar esos acercamientos si modera su discurso y abre espacios de diálogo.
Reconexión con las bases: El uribismo ha perdido apoyo en regiones clave como Antioquia y el Eje Cafetero. Campañas pedagógicas, recorridos territoriales y escucha activa serán fundamentales para recuperar la confianza ciudadana.
¿Un regreso simbólico o efectivo?
Más allá de lo electoral, el retorno de Uribe al Senado tiene un valor simbólico. Representa la persistencia de un proyecto político que ha marcado la historia reciente de Colombia. También es una respuesta al desgaste del gobierno actual y una apuesta por reposicionar la derecha en el debate público.
Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad del Centro Democrático para articular una propuesta coherente, ética y representativa. La figura de Uribe, aunque poderosa, no puede ser el único pilar de una colectividad que aspira a gobernar.
La candidatura de Álvaro Uribe al Senado en 2026 es una jugada de alto riesgo que puede revitalizar a la derecha o profundizar su crisis. En medio de un proceso judicial pendiente, una opinión pública dividida y un Congreso en transformación, el expresidente vuelve a escena con la intención de liderar, influir y resistir.
Su regreso no solo pone a prueba su legado, sino también la capacidad del sistema político colombiano para equilibrar justicia, representación y gobernabilidad. En ese cruce de caminos, se definirá no solo el futuro del uribismo, sino también el rumbo de la democracia colombiana.
