El Departamento de Estado de EE. UU. anunció la revocatoria de la visa del presidente colombiano Gustavo Petro tras su participación en una manifestación propalestina en Nueva York. En ese acto, el mandatario colombiano instó a los soldados estadounidenses a “desobedecer órdenes” y “no apuntar sus fusiles contra la humanidad”, en referencia a la ofensiva militar israelí en Gaza. Según Washington, estas declaraciones constituyen una incitación a la violencia y una conducta imprudente que justifica la medida migratoria.
Petro, por su parte, ha defendido su postura como un llamado ético a la desobediencia frente a lo que considera un genocidio. Ha señalado que su intervención se enmarca en el derecho a la libre expresión y en la obligación moral de denunciar crímenes contra la humanidad. Además, ha anunciado su intención de promover en la Asamblea General de la ONU la creación de un “ejército de salvación” para proteger al pueblo palestino, incluso abriendo una lista de voluntarios colombianos.
La principal línea de defensa de Petro se basa en el principio de inmunidad diplomática que, según él, protege a los jefes de Estado que asisten a la Asamblea General de la ONU. “Lo que hace el gobierno de EE. UU. conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas”, afirmó en su cuenta de X (antes Twitter).
Este principio está consagrado en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas (1946) y en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961). En teoría, los representantes de los Estados miembros gozan de inmunidad frente a medidas coercitivas mientras participan en actividades oficiales de la ONU. Sin embargo, el alcance de esta inmunidad no es absoluto y puede ser objeto de interpretación, especialmente cuando se trata de actos realizados fuera del recinto de la ONU o que se consideran como incitación a la violencia.
¿Una medida política o jurídica?
La revocatoria de la visa de Petro no puede entenderse únicamente como una decisión administrativa. En el contexto actual, donde la guerra en Gaza ha polarizado a la comunidad internacional, la medida adquiere un carácter político. Petro ha sido uno de los líderes latinoamericanos más vocales en su condena a las acciones militares de Israel y en su defensa del pueblo palestino. Su participación en una manifestación junto al músico Roger Waters, conocido activista propalestino, refuerza esta narrativa.
Además, Petro ha comparado su situación con la negativa de EE. UU. a permitir la entrada de representantes de la Autoridad Palestina a la Asamblea General, lo que, según él, demuestra que Washington está condicionando el acceso a la ONU según criterios ideológicos. “La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York”, afirmó, sugiriendo que el país anfitrión está incumpliendo sus obligaciones internacionales.
En el ámbito nacional, la decisión ha generado reacciones divididas. Algunos sectores políticos, como el precandidato Sergio Fajardo, han criticado duramente a Petro, acusándolo de “haber dejado de gobernar” y de utilizar el incidente para victimizarse. Otros, sin embargo, han defendido su derecho a expresar opiniones políticas y han denunciado lo que consideran una extralimitación del gobierno estadounidense.
La controversia también ha reavivado el debate sobre la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Aunque Petro ha minimizado el impacto de la revocatoria, señalando que puede viajar con pasaporte europeo y autorización ESTA, la medida podría tener implicaciones en áreas sensibles como la cooperación en seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el caso plantea preguntas complejas. ¿Puede un país anfitrión de la ONU revocar unilateralmente la visa de un jefe de Estado que asiste a la Asamblea General? ¿Dónde termina la inmunidad diplomática y dónde comienza la soberanía migratoria? ¿Qué límites existen para la libertad de expresión de los mandatarios en territorio extranjero?
La ONU, hasta el momento, no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente. Sin embargo, si se considera que la medida afecta el funcionamiento de la Asamblea General o vulnera los principios de igualdad entre Estados, podría abrirse un debate sobre la necesidad de revisar el estatus de Nueva York como sede permanente del organismo.
Petro como figura disruptiva
Más allá del incidente puntual, este episodio confirma el papel de Petro como una figura disruptiva en la política internacional. Su estilo confrontacional, su discurso anticolonial y su defensa de causas globales como el cambio climático y la justicia palestina lo han convertido en un actor incómodo para ciertos sectores del poder global. La revocatoria de su visa puede interpretarse como una reacción a ese perfil, pero también como una advertencia sobre los límites del disenso en el escenario internacional.
La revocatoria de la visa de Gustavo Petro por parte del gobierno de Estados Unidos es un hecho sin precedentes recientes en la diplomacia latinoamericana. Más allá de las implicaciones personales para el mandatario, el incidente pone en tela de juicio el respeto a las normas de inmunidad diplomática, la neutralidad del país anfitrión de la ONU y la capacidad de los líderes mundiales para expresar posiciones críticas sin represalias.
Para Petro, el episodio puede convertirse en una plataforma para reforzar su narrativa de independencia frente a los poderes hegemónicos. Para Estados Unidos, representa un dilema entre el control migratorio y el respeto a los compromisos internacionales. Y para la comunidad internacional, es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de garantizar espacios verdaderamente plurales en los organismos multilaterales.
