Ante el estancamiento legislativo de la reforma a la salud, el gobierno Petro revive la opción de una consulta popular. El proyecto, que busca transformar el sistema sanitario colombiano, enfrenta tensiones políticas, resistencias privadas y el reto de movilizar a la ciudadanía para decidir su destino.
En medio de un clima político tenso y una agenda legislativa que avanza a paso lento, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha vuelto a considerar la posibilidad de llevar su ambiciosa reforma a la salud a una consulta popular. Esta estrategia, que ya se había barajado en el pasado para otras reformas sociales, resurge como respuesta al estancamiento del proyecto en la Comisión Séptima del Senado. El anuncio, hecho por el ministro del Interior Armando Benedetti, abre un nuevo capítulo en la disputa por uno de los pilares del mandato presidencial: la transformación del sistema sanitario colombiano.
La reforma a la salud ha enfrentado múltiples obstáculos desde su radicación. Aunque logró superar dos debates en la Cámara de Representantes, su avance en el Senado ha sido tortuoso. La Comisión Séptima, encargada del tercer debate, ha aplazado en varias ocasiones la discusión por falta de quórum, conflictos de agenda y divisiones internas. A esto se suma la presentación de ponencias alternativas por parte de senadoras de partidos independientes, lo que ha fragmentado aún más el escenario legislativo.
Ante este panorama, Benedetti ha sido enfático: “El Congreso está mamando gallo”. La frase, más allá de su tono coloquial, refleja la frustración del Ejecutivo frente a lo que considera una estrategia de dilación por parte de los legisladores. En este contexto, la consulta popular aparece como una vía para sortear el bloqueo institucional y permitir que la ciudadanía decida directamente sobre el futuro del sistema de salud.
La idea no es nueva. En 2024, el gobierno ya había considerado este mecanismo para la reforma laboral, aunque finalmente fue descartado cuando el Congreso reactivó el debate. Ahora, con el reloj legislativo en contra —el proyecto debe ser aprobado antes de junio de 2026 para no hundirse por falta de trámite—, la consulta popular vuelve a estar “sobre la mesa desde hace pocas horas”, según Benedetti.
Las opciones para la aprobación
El gobierno tiene tres caminos posibles para lograr la aprobación de la reforma:
- Trámite legislativo ordinario: Esta es la vía institucional tradicional. Requiere la aprobación en cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado). Sin embargo, la falta de mayorías claras, la fragmentación de las bancadas y la resistencia de sectores conservadores han dificultado este camino.
- Consulta popular: Este mecanismo de participación ciudadana permitiría someter el proyecto a votación directa. Aunque implica una campaña pedagógica y logística compleja, podría movilizar las bases sociales del gobierno y legitimar la reforma ante la opinión pública. No obstante, requiere aprobación previa del Congreso para convocarla, lo que podría convertirse en otro obstáculo.
- Asamblea Nacional Constituyente: Aunque más radical, esta opción ha sido mencionada por Petro en varios discursos. Implicaría una reforma profunda del orden constitucional y permitiría rediseñar el sistema político y social. Benedetti ha aclarado que esta alternativa estaría pensada para el próximo gobierno y se impulsaría mediante recolección de firmas ciudadanas.
La reforma a la salud del gobierno Petro busca una transformación estructural del sistema sanitario colombiano. Entre sus principales propuestas destacan:
- Transformación de las EPS: Las Entidades Promotoras de Salud dejarían de ser aseguradoras para convertirse en gestoras de salud y vida. Su rol se limitaría a tareas administrativas como la asignación de citas, entrega de medicamentos y seguimiento de calidad.
- Pagos directos por parte de la ADRES: La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud asumiría el pago directo a hospitales, clínicas y proveedores. Esto busca eliminar intermediarios, reducir la corrupción y mejorar la eficiencia financiera del sistema.
- Creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS): Estos centros estarían distribuidos en todo el territorio nacional y ofrecerían atención preventiva, continua y coordinada. El objetivo es acercar los servicios a la población y reducir la presión sobre los hospitales de alta complejidad.
- Sistema de información digital público e interoperable: Se propone una plataforma tecnológica que permita el seguimiento de recursos, la trazabilidad de servicios y la toma de decisiones basada en datos reales. Esto fortalecería la transparencia y el control institucional.
- Mejora laboral para el personal de salud: La reforma contempla estabilidad laboral, mejores condiciones contractuales y reducción de incentivos perversos que afectan la calidad del servicio.
- Acceso universal y equitativo: Se busca eliminar barreras para las poblaciones más vulnerables, garantizar atención en zonas rurales y promover la equidad territorial.
Retos y críticas: ¿por qué no despega?
A pesar de sus bondades, la reforma ha sido objeto de críticas y cuestionamientos:
- Viabilidad financiera: Algunos senadores han advertido que el proyecto no tiene una fuente clara de financiación. Se estima que costaría 109 billones de pesos, mientras que el presupuesto actual es de 76 billones.
- Resistencia del sector privado: Las EPS, clínicas y entidades del sector salud han expresado preocupación por la pérdida de funciones y el modelo de pagos públicos. Temen que la transición afecte la sostenibilidad del sistema.
- Fragmentación legislativa: Las ponencias alternativas y la falta de consensos han generado enfrentamientos internos que dificultan el avance del proyecto.
- Desgaste político: El gobierno ha prometido esta reforma desde el inicio de su mandato. Su incumplimiento podría generar desilusión entre sus bases y afectar su capital político.
El futuro de la reforma a la salud está en juego. Si el Congreso no logra avanzar en los próximos meses, el gobierno podría activar la consulta popular como mecanismo de presión y movilización. Esta estrategia, aunque arriesgada, permitiría trasladar el debate al terreno ciudadano y convertir la reforma en una bandera de lucha social.
En paralelo, el Ejecutivo deberá fortalecer su capacidad de negociación, ajustar el articulado para incorporar críticas legítimas y construir alianzas con sectores independientes. La reforma no solo es una apuesta técnica, sino también simbólica: representa el deseo de cambiar un modelo que ha sido cuestionado por su inequidad, burocracia y falta de cobertura.
En este pulso entre Congreso y ciudadanía, entre institucionalidad y movilización, se juega no solo el futuro del sistema de salud, sino también el legado político de Gustavo Petro. ¿Será capaz el gobierno de convertir la reforma en realidad? ¿Podrá la ciudadanía asumir el protagonismo en una decisión que afecta su bienestar? Las próximas semanas serán decisivas.
