Los predios entregados por exjefes paramilitares está ocupado ilegalmente. El Gobierno propone comprarlos para avanzar en la reforma rural, enfrentando una compleja trama de despojo, negligencia estatal y persistencia de actores ilegales.
La revelación de que 1.488 predios entregados por exjefes paramilitares al Fondo de Reparación de Víctimas (FRV) están ocupados ilegalmente ha encendido las alarmas sobre el estado real de la tierra en Colombia. El dato no solo expone la fragilidad institucional en la administración de bienes incautados, sino que también plantea un dilema ético y político: ¿debe el Estado comprar tierras que ya le pertenecen para cumplir con la reforma agraria?
Los predios en cuestión fueron entregados por antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como parte del proceso de desmovilización iniciado en 2005. Figuras como Carlos Mario Jiménez (alias Macaco), José Germán Sierra Pico (alias Nico), Cuco Vanoy y Jorge 40 cedieron fincas en Córdoba, Magdalena, Cesar y Valle del Cauca, con el objetivo de reparar a las víctimas de sus crímenes.
Sin embargo, dos décadas después, el 41% de los 3.610 bienes administrados por el FRV está ocupado por terceros sin autorización. En muchos casos, se trata de grupos armados ilegales herederos de las AUC, pero también hay empresarios, políticos y particulares que explotan estas tierras sin que el Estado reciba un solo peso.
Felipe Harman, director de la ANT plantea que, “la Agencia viene adquiriendo al Fondo de Reparación de Víctimas tierras que habían sido entregadas por los antiguos jefes paramilitares hace cerca de 20 años”.
La propuesta del Gobierno de adquirir estos predios, incluso si tienen medidas judiciales, ha generado controversia. El decreto conjunto de los Ministerios de Justicia y Agricultura permite la compra de tierras del FRV para destinarlas a la reforma rural, siempre que cumplan requisitos técnicos, jurídicos y agronómicos.
La lógica detrás de esta decisión es pragmática: muchos de estos predios no pueden ser usados ni comercializados debido a su ocupación ilegal o a conflictos jurídicos. Comprar los derechos de uso permitiría desbloquear su aprovechamiento y avanzar en la meta de redistribución de tierras.
Sin embargo, críticos advierten que esto podría sentar un precedente peligroso: premiar la ocupación ilegal y legitimar el control territorial de actores armados o políticos corruptos.
Sobre el fenómeno de ocupación ilegal, “hay un cartel de la tierra en el FRV, conformado por predios que están siendo aprovechados no solo por actores ilegales, sino hasta por políticos”, Harman, director de la ANT.
Cifras que revelan el problema
- 488 predios están ocupados ilegalmente: 891 rurales y 627 urbanos.
- En Córdoba, más de 700 hectáreas entregadas por ‘Macaco’ y ‘Nico’ están en manos de terceros.
- La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha identificado 000 hectáreas invadidas entre los terrenos ofertados para compraventa.
- De los 3 millones de hectáreas prometidas en la reforma rural, solo se han entregado 410 hectáreas.
- En 2024 y 2025, la ANT firmó dos convenios con el FRV: Convenio 2024-5680: 206 predios por 000 millones de pesos y Convenio 2024-13098: 265 lotes por 164.000 millones de pesos.
- Hasta ahora, se han entregado 75 predios, equivalentes a 471 hectáreas.
El proceso de desmovilización de las AUC incluyó la entrega de bienes para reparar a las víctimas. El FRV fue creado para administrar estos activos, pero desde su inicio ha enfrentado problemas de gestión, corrupción y falta de seguimiento.
La ocupación ilegal de predios no es nueva. En zonas como La Apartada y Pueblo Nuevo (Córdoba), el despojo fue sistemático durante el apogeo paramilitar. Tras la salida de las AUC, nuevas estructuras criminales ocuparon el vacío, dificultando la recuperación de tierras.
La promesa de reparación colectiva se ha diluido en trámites judiciales, invasiones y negligencia estatal. Hoy, las víctimas siguen esperando que esas tierras sirvan para reconstruir sus vidas.
¿Reforma rural o reciclaje de impunidad?
La decisión del Gobierno de comprar predios ocupados ilegalmente plantea un dilema ético: ¿es mejor avanzar en la reforma rural, aunque implique negociar con ocupantes ilegales, o mantener la legalidad y el principio de reparación?
Desde una perspectiva técnica, la ANT busca desbloquear tierras que podrían beneficiar a campesinos sin tierra. Pero desde una mirada política, el riesgo es alto: legitimar el control informal de la tierra, debilitar el Estado de derecho y perpetuar redes de poder local que se alimentan del despojo.
La existencia de un “cartel de la tierra” dentro del FRV, como denunció Harman, sugiere que la corrupción y el clientelismo siguen operando en la sombra. La reforma rural, piedra angular del Acuerdo de Paz, no puede construirse sobre terrenos contaminados por la ilegalidad.
El Gobierno deberá garantizar que la compra de predios se haga con transparencia, que se prioricen las víctimas y que se evite beneficiar a ocupantes ilegales. La ANT tiene el reto de mapear, sanear y redistribuir tierras sin caer en la trampa de la impunidad.
Además, se requiere una estrategia interinstitucional que involucre a la Fiscalía, la Unidad de Restitución de Tierras y la Procuraduría, para investigar los casos de ocupación ilegal y sancionar a los responsables.
