La entrada de Álvaro Ashton a la JEP reabre heridas profundas en la política costeña, al exponer una red de alianzas entre dirigentes, empresarios y paramilitares que moldeó el poder regional durante dos décadas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido aceptar el sometimiento del exsenador liberal Álvaro Ashton Giraldo, procesado por parapolítica y señalado en el escándalo del ‘cartel de la toga’. Su ingreso voluntario al tribunal transicional, creado por el Acuerdo de Paz de 2016, ha desatado una tormenta política en la Costa Caribe, al revivir los vínculos entre estructuras paramilitares y élites políticas que dominaron la región entre 2002 y 2010.
Álvaro Ashton, nacido en Barranquilla y hoy con 67 años, fue una figura clave del liberalismo costeño. Llegó al Congreso en 2002 como representante a la Cámara y luego fue elegido tres veces senador, hasta 2018. Durante ese periodo, tejió alianzas con caciques regionales como el grupo Char, sectores cercanos a Armando Benedetti (hoy ministro del Interior) y José David Name (senador del Partido de la U).
Su carrera política comenzó a desmoronarse en 2017, cuando la Corte Suprema lo llamó a indagatoria por presuntos vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. En 2018 fue capturado y recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá, acusado de concierto para delinquir agravado. En 2019, su nombre también apareció en el caso de corrupción judicial conocido como el ‘cartel de la toga’.
Durante su audiencia de aporte a la verdad, realizada el 20 y 21 de febrero de 2025, Ashton mencionó a una serie de figuras políticas y empresariales que, según él, participaron en acuerdos con las AUC:
- Efraín Cepeda Sarabia, expresidente del Senado y precandidato presidencial conservador.
- David Char Navas, exsenador y empresario barranquillero.
- Julio Gerlein Echeverría, empresario vinculado a contrataciones públicas.
- Armando Benedetti, señalado por Ashton como promotor de artículos de la Ley 975 de 2005 que favorecían a las AUC.
- Guillermo Hoenigsberg Bornacelly, exalcalde de Barranquilla, y su jefe de planeación José Pérez Orozco.
- Empresarios como David Name Terán, Edgardo Navarro Vives, Edgardo Osorio Vargas y Javier Haddad.
También mencionó la participación de la Logia Masónica de Barranquilla como espacio de articulación entre políticos, empresarios y mandos paramilitares, incluyendo al general (r) Freddy Padilla de León y a alias Don Antonio.
“Apoyábamos y ayudábamos a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar esos proyectos. Eso es muy importante porque con esos recursos se nutrían ellos para seguir delinquiendo”, afirmó Ashton sobre el papel de congresistas y empresarios.
Cifras y alcance de la parapolítica
- Entre 2006 y 2010, más de 60 congresistas fueron investigados por la Corte Suprema por vínculos con grupos paramilitares.
- El Bloque Norte de las AUC controlaba territorios en Atlántico, Magdalena y Cesar, imponiendo candidatos y manipulando elecciones.
- Según Ashton, parte del presupuesto nacional fue desviado hacia proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz, en complicidad con alcaldías y empresarios.
- La parapolítica no solo alteró el mapa electoral, sino que permitió la cooptación de instituciones públicas, el direccionamiento de contratos y la legitimación social de estructuras armadas ilegales.
“Todos los partidos que se organizaron a raíz de la reforma constitucional de 2003 eran justamente para orientar el propósito fundamental de las autodefensas: tomarse desde arriba el poder”, declaró Ashton ante la JEP.
La Costa Caribe como epicentro
La Costa Caribe fue uno de los epicentros de la parapolítica. Entre 2002 y 2006, el Bloque Norte de las AUC consolidó su poder mediante alianzas con políticos locales, financiamiento de campañas y control territorial. La reforma política de 2003, que permitió la creación de partidos pequeños, fue usada para infiltrar colectividades como Colombia Democrática y Alas Equipo Colombia.
La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, fue objeto de controversia por sus beneficios penales a excombatientes. Ashton señaló que varios artículos fueron promovidos por congresistas afines a las AUC, lo que evidencia la influencia legislativa de los grupos armados.
La JEP ha compulsado copias de las declaraciones de Ashton a la Corte Suprema y a la Fiscalía General, para que determinen si procede abrir investigaciones penales contra los mencionados. Esta decisión podría reactivar procesos judiciales dormidos y poner en aprietos a figuras con aspiraciones electorales.
Además, el caso plantea preguntas sobre los límites del sometimiento voluntario a la JEP. Aunque Ashton no es excombatiente ni miembro de la Fuerza Pública, su aceptación se basa en la promesa de aportar verdad y contribuir a la reparación de las víctimas.
La entrada de Ashton a la JEP puede interpretarse como una estrategia judicial para reducir su condena, pero también como una oportunidad para esclarecer el entramado político-paramilitar que marcó una época. Su relato, aunque polémico, ofrece una radiografía del poder costeño y de cómo se articuló con estructuras ilegales para consolidar hegemonías regionales.
El reto para la JEP será verificar la veracidad de sus aportes, garantizar justicia para las víctimas y evitar que el tribunal se convierta en un refugio para políticos que buscan impunidad.
