Tres décadas después del asesinato del líder conservador, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 frente a la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, Colombia sigue sin esclarecer uno de los magnicidios más emblemáticos de su historia reciente. A pesar de múltiples investigaciones, cambios de jurisdicción y versiones contradictorias, el caso permanece en la impunidad.
Álvaro Gómez Hurtado fue un político, periodista y académico de gran influencia en el pensamiento conservador colombiano. Su asesinato se produjo en un momento de alta tensión política, marcado por el escándalo del Proceso 8.000, que vinculaba dineros del narcotráfico con la campaña presidencial de Ernesto Samper. Gómez había sido un crítico feroz del régimen, denunciando la corrupción y la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado.
En tres décadas, solo se ha producido una condena: la de Héctor Paul Flórez, señalado como autor material del crimen. Sin embargo, esta sentencia ha sido ampliamente cuestionada, incluso por la familia Gómez Hurtado. Enrique Gómez Martínez, sobrino del líder asesinado, ha solicitado la revisión de la condena, argumentando que Flórez fue víctima de un montaje judicial y que no existen pruebas sólidas que lo vinculen al homicidio.
La Fiscalía ha acumulado más de 14.000 registros en el expediente, que actualmente están bajo revisión por la Fiscalía 242 especializada en Derechos Humanos. Se han implementado metodologías de análisis cualitativo y cuantitativo, pero no se han producido nuevas imputaciones ni avances significativos.
En 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió el caso tras la autoincriminación del antiguo secretariado de las FARC. Sin embargo, la familia Gómez ha rechazado esta versión, argumentando que no existe evidencia material creíble que vincule a la guerrilla con el crimen. En julio de 2025, la JEP declaró su competencia para conocer el caso, lo que ha generado una nueva controversia judicial.
Enrique Gómez ha calificado la investigación en la justicia ordinaria como “muerta” y ha solicitado que el caso sea llevado a juicio para que las pruebas puedan ser conocidas públicamente antes de que los testigos desaparezcan o sean asesinados.
Las hipótesis del crimen
Durante estos 30 años, se han formulado al menos cinco grandes hipótesis sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. A continuación, se presentan las más relevantes:
Los “muchachos de Sincelejo”
Esta fue la primera línea de investigación, basada en el testimonio de un informante que llevó a la captura de Héctor Paul Flórez, Manuel Mariano Montero y Flaminis de Jesús Tovar. Flórez fue condenado, pero los otros dos fueron exonerados. La familia Gómez sostiene que esta hipótesis fue un montaje y que los implicados eran inocentes.
El grupo Bogotá y los cazadores de la Brigada 20
Estas hipótesis fueron formuladas antes de 2001 y también fueron descartadas judicialmente. Se trataba de teorías que involucraban a grupos militares y de inteligencia, pero no prosperaron por falta de pruebas.
El cartel del norte del Valle
En 2010, el narcotraficante ‘Rasguño’ declaró que el cartel del norte del Valle, liderado por Orlando Henao, habría ejecutado el crimen por solicitud de Horacio Serpa, con el objetivo de garantizar la absolución de Ernesto Samper en la Cámara de Representantes. Esta versión fue considerada por la familia como la más sólida, ya que se basa en un testimonio que coincide con el contexto político del momento.
La autoincriminación de las FARC
En 2019, el antiguo secretariado de las FARC se atribuyó el crimen como parte de su “aporte temprano de verdad” ante la JEP. Sin embargo, esta versión ha sido rechazada por la familia Gómez, que la considera una maniobra para desviar la atención y proteger a otros responsables. La JEP ha aceptado estudiar el caso dentro del macrocaso 10, pero aún no ha emitido una decisión definitiva.
¿Cuál es la hipótesis más fuerte?
Según la familia Gómez Hurtado, la hipótesis más sólida es la que vincula al cartel del norte del Valle con el crimen, en coordinación con sectores del alto gobierno de Ernesto Samper. Esta versión se sustenta en el testimonio de ‘Rasguño’ y en el contexto político del momento, en el que Gómez Hurtado se había convertido en una amenaza para el régimen por sus denuncias públicas.
La autoincriminación de las FARC, aunque aceptada por la JEP, es vista por los familiares como una estrategia para congelar la investigación y evitar que se llegue a los verdaderos autores intelectuales. Enrique Gómez ha sido enfático en señalar que no existen pruebas materiales que sustenten esta versión y ha pedido que el caso sea excluido del macrocaso 10 de la JEP.
Treinta años después del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, la justicia colombiana no ha logrado esclarecer el crimen ni identificar a sus autores intelectuales. La única condena existente está en entredicho, y las investigaciones han sido objeto de múltiples desvíos y controversias. La hipótesis que vincula al cartel del norte del Valle con el asesinato, en el marco de una operación política para proteger al gobierno de Ernesto Samper, es considerada por la familia como la más creíble.
El caso de Gómez Hurtado no solo representa una herida abierta en la historia política de Colombia, sino también un símbolo de la impunidad que ha marcado los grandes crímenes del país. La exigencia de verdad y justicia sigue vigente, y la memoria del líder conservador continúa inspirando a quienes luchan por una transformación ética del Estado.
