Los piedecuestanos y gironeses están a punto de afrontar, durante diez años, un cobro por concepto de valorización destinado a financiar el proyecto del Anillo Vial Externo Metropolitano (AVEM). Este tributo se sustenta en un estudio de capacidad de pago elaborado con información desactualizada, frente al cual los mandatarios locales han actuado con negligencia y no han sabido defender los intereses de la población más vulnerable. Se advierte que este nuevo tributo podría afectar gravemente a miles de familias de Girón y Piedecuesta, ya que excedería su capacidad de pago y pondría en riesgo su patrimonio.
Por: Oscar Humberto Cote Cote/ Desde hace décadas resuena el nombre de un gran proyecto de movilidad: el Anillo Vial Externo Metropolitano (AVEM), con el cual se busca descongestionar el tráfico pesado sobre la autopista que interconecta al municipio de Piedecuesta con los demás municipios del área metropolitana de Bucaramanga.
Después de varios años de especulaciones y comentarios sobre la posibilidad de realizar esta megaobra, solo hasta el año 2007 se presentó el trazado del proyecto, junto con los estudios de prefactibilidad por parte del AMB. Posteriormente, en 2013, la Gobernación de Santander formalizó la presentación de este importante proyecto vial, cuya financiación inicialmente se planteó a través de una Alianza Público-Privada (APP), iniciativa que finalmente se descartó. En 2014 se propuso su financiamiento mediante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el fin de que el Gobierno Nacional asumiera total o parcialmente los costos económicos. Sin embargo, la deficiente planificación del proyecto y la falta de gestión ante el Gobierno central por parte de los representantes santandereanos en el Senado y la Cámara hicieron que esta nueva iniciativa no prosperara.
En 2015, la Gobernación de Santander evaluó por primera vez trasladar el financiamiento del proyecto a la población de la zona de citación, a través del cobro de la contribución por valorización. No obstante, consciente de su significativo impacto negativo sobre la economía local, el gobernador de la época desistió de implementar dicho tributo. Finalmente, en 2023, la Gobernación decidió financiar la obra con recursos propios y comprometer vigencias futuras para ello, celebrando los primeros contratos de obra para dar inicio a la ejecución del proyecto. Este contemplaba inicialmente la construcción de una calzada con dos carriles (de las dos calzadas proyectadas en el plan original), con un costo estimado de 380.000 millones de pesos y un horizonte de ejecución de diez años.
Llegado el 2024, el actual gobernador de Santander tomó la decisión de modificar el cronograma de obra inicial, ejecutando no una, sino las dos calzadas proyectadas de manera simultánea, lo que requería una inversión adicional de 580.000 millones de pesos, dineros con los que el departamento no contaba y que difícilmente podrían obtenerse mediante nuevos empréstitos. Por lo anterior, se planteó que dichos recursos, infortunadamente para las poblaciones de Girón y Piedecuesta, serían recaudados mediante el cobro de valorización. Para ello, se contrató a la Universidad Industrial de Santander (UIS) con el fin de elaborar el estudio económico que serviría de fundamento para determinar la capacidad de pago de la población. Finalmente, en 2025, la Asamblea Departamental aprobó la Ordenanza No. 012 de 2025, mediante la cual se autorizó el cobro de valorización para financiar el AVEM, tributo que recaería sobre cerca de 85.000 familias piedecuestanas y gironesas, con recaudos que iniciarían a partir de la vigencia de 2026.
Preocupa que este cobro se sustente en un estudio económico basado en datos estadísticos del DANE correspondientes únicamente hasta el año 2022. Por tal motivo, omite sucesos económicos relevantes ocurridos en los tres años siguientes, como la aprobación de una reforma tributaria nacional en 2023 y la actualización catastral multipropósito implementada en el municipio de Piedecuesta en la presente vigencia. Ambos hechos, de haber sido considerados, habrían generado variaciones significativas en la información sobre la capacidad de pago de los futuros contribuyentes planteada en el estudio y, en consecuencia, en los montos que la Gobernación de Santander podría recaudar. Esto genera particular alarma sobre el municipio garrotero, toda vez que, según el cuestionado estudio, estaría en capacidad de aportar 380.000 millones de pesos del valor adicional requerido, cifra que representa el 66 % del nuevo recaudo proyectado y el 40 % del valor total del proyecto (aproximadamente 1 billón de pesos).
Los gironeses y piedecuestanos ya se encuentran asfixiados por la carga tributaria vigente en el país. No sería justo que la ciudadanía deba “pagar los platos rotos” de un estudio de capacidad de pago basado en información desactualizada e irreal, viéndose obligada a asumir un nuevo tributo por cerca de una década, sustentado en una ordenanza aprobada bajo una presunta falsa motivación. Dada la saturada carga tributaria de la población colombiana, esta situación podría convertirse en un detonante que lleve a los propietarios de predios en la zona de citación del proyecto AVEM a vulnerar su derecho de propiedad, viéndose forzados a vender sus bienes para cubrir las obligaciones tributarias generadas, no solo ante los entes territoriales, sino también ante entidades del orden nacional, como la DIAN.
Llama preocupantemente la atención la displicencia con que los diputados de la Asamblea Departamental de Santander aprobaron la citada ordenanza sin haber realizado primero un análisis riguroso del estudio de capacidad de pago aquí cuestionado, pues las falencias mencionadas son tan evidentes que tan solo se requiere sentido común para observarlas. Omitieron considerar que en la zona de citación del AVEM existen familias cuyos ingresos apenas les permiten subsistir día a día, para quienes el cobro de este tributo, sumado a los recientes incrementos desmedidos del impuesto predial, representaría una grave crisis económica y un riesgo para su patrimonio familiar.
Infortunadamente, tampoco se puede pasar por alto el silencio de los alcaldes y concejales de los municipios de Girón y Piedecuesta ante las posibles afectaciones económicas hacia las familias de la zona de citación del AVEM. A la fecha, han demostrado un respaldo ciego a la decisión adoptada por la Gobernación de Santander, ignorando las consecuencias sociales y económicas de dicha determinación sobre sus administrados. ¿Negligencia o displicencia administrativa? Que lo determine cada población.
¿Qué decir del silencio de las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo? Solo cabe recordar que, hasta la fecha, han brillado por su ausencia, a pesar de que son las entidades que se autodenominan “la voz de quienes no tienen voz” y quienes, en teoría, deberían velar por la defensa de los derechos de la población posiblemente afectada. Conviene recordarles a estas entidades representantes del Ministerio Público en Colombia que el derecho a la propiedad y el debido proceso son derechos constitucionales y fundamentales, y que ejercer su defensa en este caso particular no solo sería pertinente, sino que constituye su deber legal.
El gobernador y los diputados de Santander, al igual que los alcaldes y concejales de los municipios de Girón y Piedecuesta, omiten que la legislación colombiana establece que un tributo por concepto de valorización no puede superar la capacidad de pago del contribuyente, ya que el principio de capacidad de pago exige que las cargas tributarias se ajusten a criterios de justicia y equidad. Esto significa que si bien el cobro por valorización del AVEM es absolutamente legal, este debería ser proporcional a dicha capacidad y no afectar de forma desproporcionada al contribuyente, siendo este un principio y pilar del derecho tributario en general. Por ello, establecer la real capacidad de pago de la población, con datos ajustados a la realidad, es fundamental.
Por lo aquí expuesto, la acción pública de simple nulidad instaurada el pasado mes de agosto en contra de la Ordenanza 012 de 2025, emanada por la Asamblea Departamental de Santander, busca que se anulen los efectos legales de dicha ordenanza para que, de esta manera, se realice un nuevo estudio económico de capacidad de pago sobre la zona de citación, con datos ajustados a la actualidad económica de las poblaciones afectadas. De esta forma, se establecerían montos a recaudar acordes con la verdadera capacidad de pago de la población, sobre la cual se espera que la medida cautelar solicitada sea tramitada con la diligencia de rigor por parte del Tribunal Administrativo de Santander, diligencia que, a la fecha, ha estado ausente en las actuaciones del mencionado tribunal. Esta decisión podría significar un gran alivio para el bolsillo de muchos piedecuestanos y gironeses. A su vez, podría representar para el actual gobernador un nuevo revés en su programa de financiamiento de obras y proyectos impulsados mediante el incremento de tributos a los santandereanos, cobros que, curiosamente, no fueron anunciados en sus propuestas de campaña durante la pasada época electoral.
La realización de obras civiles, que puede representar el progreso de una sociedad, no puede permitirse si, a cambio de ello, se ocasiona un grave impacto económico que afecte el patrimonio familiar de un sector vulnerable de la población. Por lo tanto, se advierte que el nuevo cobro de valorización sobre la zona de citación del AVEM podría convertirse en la causa por la cual miles de personas pierdan sus predios, debido a la incapacidad de pago ante una carga tributaria exagerada, tributo que -es fundamental reiterar- está soportado en un estudio con graves falencias en los datos en que se sustenta.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
