El Consejo Nacional Electoral sancionó la campaña Petro Presidente 2022 por exceder los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos y ordenó compulsar copias a la Fiscalía contra Ricardo Roa, gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, en un fallo histórico para Colombia.
En un hecho sin precedentes en la historia política de Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022 por violación de topes electorales y financiación irregular. La decisión, aprobada en sala plena con seis votos a favor y tres en contra, marca la primera vez que una campaña presidencial recibe una sanción de esta magnitud.
La investigación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, determinó que la campaña sobrepasó los topes legales en 5.300 millones de pesos, de los cuales 3.700 millones correspondieron a la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda. Estos recursos no fueron reportados en la contabilidad oficial.
Entre los aportes no informados figuran:
- Contribuciones de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).
- Recursos de la Unión Patriótica (UP).
- Gastos en publicidad política y pagos a testigos electorales.
- Aportes prohibidos de la Unión Sindical Obrera (USO) de Ecopetrol.
El fallo también identificó pagos irregulares a través de la empresa Ingenial Media SAS, vinculados a la contratación de testigos electorales.
El CNE impuso multas millonarias a los responsables de la campaña, Ricardo Roa, gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol; Lucy Aydée Mogollón, tesorera y Mari Lucy Soto, auditora.
Las sanciones incluyen más de 2.400 millones de pesos por violación de topes en primera vuelta y 596 millones en segunda vuelta, además de multas por financiación prohibida. Roa deberá devolver 165 millones de pesos por un evento realizado en el Movistar Arena.
Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, integrantes del Pacto Histórico, también fueron sancionados con más de 583 millones de pesos cada uno por tolerar la vulneración de los topes.
Además de las sanciones económicas, el CNE ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar a Ricardo Roa por presunta financiación con fuentes prohibidas, fraude procesal y violación de topes. También remitió el expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural del presidente de la República, para que evalúe la responsabilidad de Gustavo Petro.
El magistrado Benjamín Ortiz calificó la decisión como “un hito en la política colombiana, pues es la primera vez que se sanciona a una campaña presidencial por violar los topes de financiación”. La resolución busca sentar un precedente sobre la rigurosidad en la rendición de cuentas de los recursos electorales.
La financiación de campañas presidenciales en Colombia está regulada por estrictos topes establecidos por la ley electoral. El caso Petro Presidente se convierte en el primero en el que se comprueba y sanciona oficialmente un exceso de recursos.
El episodio recuerda las controversias de campañas anteriores, como las investigaciones sobre aportes de Odebrecht a candidaturas en 2014, aunque nunca se había emitido una sanción de esta magnitud contra un presidente en ejercicio.
El fallo del CNE no implica directamente la destitución del presidente, pero abre la puerta a investigaciones penales y disciplinarias contra los responsables de la campaña. La Fiscalía deberá determinar si existió financiación ilegal y si se configuraron delitos como fraude procesal.
Para el Gobierno, la sanción representa un golpe político en medio de la crisis de credibilidad por otros escándalos recientes, como el de la UNGRD. Además, pone en entredicho la narrativa de “cero tolerancia frente a la corrupción” que Petro defendió desde su posesión.
