Un informe reciente reveló que Colombia registra el mayor número de ataques a colegios en América. Desde 2017 se ha documentado un ataque cada cuatro días, afectando a uno de cada cuatro municipios. La violencia incluye amenazas, balaceras y reclutamiento forzado de menores en entornos escolares.
La educación en Colombia enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora. Un informe publicado en noviembre de 2025 por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y organizaciones internacionales como el Consejo Noruego de Refugiados (CNR) y la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (GCPEA) reveló que el país es el que más ataques a colegios registra en todo el continente americano.
Desde 2017, Colombia ha registrado en promedio un ataque contra entornos escolares cada cuatro días. Entre 2022 y 2023 se contabilizaron 363 ataques, cifra que ubica al país en el cuarto lugar a nivel mundial, solo detrás de Palestina (1.055), Ucrania (745) y la República Democrática del Congo (448).
El estudio advierte que uno de cada cuatro municipios colombianos ha sufrido algún tipo de agresión contra instituciones educativas. Estas incluyen ocupación militar de escuelas, amenazas a docentes, reclutamiento forzado de estudiantes, balaceras cerca de los planteles y asesinatos selectivos.
La violencia ha convertido a las aulas en espacios inseguros. Un video difundido por el CNR muestra a niños con uniformes escolares respirando agitadamente mientras se escuchan ráfagas de fusil en el fondo. La escena, ocurrida en el noreste del país, refleja cómo el reclutamiento forzado y la intimidación se han normalizado en zonas rurales.
La reciente muerte de siete menores en un bombardeo contra disidencias de las FARC en Guaviare volvió a poner en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la educación en condiciones de seguridad.
El informe señala que los ataques no se limitan a la violencia armada. En varias regiones, grupos ilegales han impuesto contenidos pedagógicos y lineamientos curriculares con fines de adoctrinamiento, utilizando las aulas como espacios de control social.
“Varios grupos armados no estatales asumen funciones de provisión de bienes públicos, en particular en el ámbito educativo (…) Estas prácticas incluyen la imposición de contenidos pedagógicos con fines de adoctrinamiento”, señala el documento de la JEP.
Los maestros también se han convertido en blanco de la violencia. Entre 2017 y 2025, la JEP documentó 913 ataques contra la educación, de los cuales el 73% afectó directamente a docentes, personal administrativo y estudiantes.
El informe advierte que Colombia es el segundo país del mundo con más asesinatos de docentes, solo detrás de Palestina, Ucrania y la República Democrática del Congo.
Las consecuencias son devastadoras: 19.000 víctimas entre niños, adolescentes y maestros en los últimos ocho años. El miedo ha generado cierres prolongados de colegios, desescolarización forzada y abandono escolar masivo en departamentos como Norte de Santander, Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo.
La representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat, advirtió: “Sabemos que la mejor forma de prevenir el reclutamiento es permitir que los niños disfruten sus derechos y accedan a oportunidades”.
Colombia firmó en 2022 la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso político global para proteger a la niñez y sus ambientes escolares del conflicto armado. Sin embargo, los datos muestran que el país no ha logrado cumplir con las garantías mínimas para que los menores estudien sin miedo.
El informe confirma que Colombia es el país con más ataques a colegios en América y el cuarto en el mundo. La violencia contra la educación refleja la persistencia del conflicto armado y la fragilidad institucional para proteger a los menores.
