La Registraduría Nacional quedó en el centro de la polémica por dos versiones del formulario E-8 y la inscripción de Cristian Portilla. Un tribunal admitió una tutela contra la entidad, pero negó suspender las elecciones, al considerar que no había mérito constitucional para frenar el proceso democrático.
La Registraduría Nacional del Estado Civil enfrenta cuestionamientos por inconsistencias en el formulario E-8, documento clave para la inscripción de candidatos. La existencia de dos versiones distintas generó dudas sobre la seguridad jurídica y la transparencia del procedimiento.
El caso tomó mayor relevancia en Bucaramanga, donde la inscripción de Cristian Portilla como candidato a la Alcaldía se convirtió en epicentro de la polémica. La confusión sobre el formulario levantó sospechas de irregularidades y abrió un debate sobre la responsabilidad institucional en garantizar la confianza ciudadana.
Corrillos conoció dos versiones del formulario E-8, con diferencias sustanciales en su contenido. Una incluía apartados restrictivos y otra mostraba un formato más flexible. “No es posible que un mismo formulario tenga dos versiones distintas, porque eso abre la puerta a la inseguridad jurídica”, advirtió Mauricio Díaz Millán, veedor y quien denunció el hecho.
La contradicción fue calificada como “extraña” y puso en entredicho la rigurosidad de la Registraduría. La situación se agravó al vincularse directamente con la inscripción de Portilla, lo que generó incertidumbre sobre la validez de su candidatura.
La existencia de dos versiones generó dudas sobre la legalidad del trámite. Ante la presión, la Registraduría aclaró que la inscripción se realizó conforme a la ley y que la versión válida era única. “La inscripción del candidato Cristian Portilla se realizó conforme a la normatividad y no existe irregularidad alguna”, afirmó la entidad.
El 9 de diciembre de 2025, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga admitió una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Édgar Solier Millares Escamilla contra la Registraduría Nacional y varios candidatos, entre ellos Cristian Portilla. El recurso buscaba suspender las elecciones previstas para el 14 de diciembre, alegando irregularidades en la suscripción del formulario E-8 por parte de las registradoras municipales.
El tribunal vinculó a varios candidatos y requirió a la Registraduría entregar la carpeta íntegra de los formatos diligenciados, especialmente los E-8, para verificar la validez del proceso.
Negación de la medida cautelar
Aunque la tutela fue admitida, el juez negó la medida provisional de suspender las elecciones. En su auto, la magistrada Katty Yulié Moreno Lloreda argumentó que no se configuraba una situación de urgencia ni una causal de nulidad que justificara frenar el proceso electoral.
“La carencia de signatura hasta el momento no demostrada contundentemente, no tiene la entidad suficiente para invalidar un procedimiento surtido conforme al debido proceso”, señaló el fallo.
El despacho enfatizó que la Registraduría puede subsanar el error sin afectar la legalidad ni el derecho de participación democrática. Además, recordó que el artículo 108 de la Constitución protege la libertad de elección y que una irregularidad meramente formal no puede prevalecer sobre el derecho de los partidos a inscribir candidatos.
La decisión judicial calmó parcialmente la tensión, pero no disipó las dudas sobre la rigurosidad institucional. “Un error de este tipo afecta la confianza en la Registraduría y en el proceso electoral”, expresó Millán. En redes sociales, ciudadanos insistieron en que la transparencia debe ser reforzada para evitar suspicacias.
El fallo del tribunal reafirma la importancia de proteger el orden democrático frente a irregularidades administrativas. La existencia de dos versiones del formulario E-8 sigue siendo un hecho preocupante, pero la justicia consideró que no era suficiente para suspender unas elecciones en curso. La decisión busca garantizar la soberanía popular y el derecho al sufragio.
La Registraduría reiteró que la inscripción de Portilla se ajusta a la normatividad y que los errores en la divulgación de documentos no comprometen la validez del proceso. La entidad anunció que reforzará sus protocolos de revisión y publicación para evitar confusiones futuras.
