La mesa de concertación salarial entre empresarios, sindicatos y Gobierno cerró sin consenso para definir el aumento del salario mínimo de 2026. Las diferencias sobre inflación, productividad y capacidad empresarial obligan al Ejecutivo, encabezado por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, a fijar el incremento por decreto.
La negociación del salario mínimo en Colombia, que cada diciembre reúne a empresarios, sindicatos y Gobierno, concluyó sin acuerdo para el año 2026. Tras semanas de reuniones, las posiciones se mantuvieron irreconciliables: los trabajadores exigieron un incremento que supere la inflación y recupere poder adquisitivo, mientras los empresarios defendieron un ajuste moderado para no afectar la sostenibilidad de las compañías.
El primer plazo de negociación venció sin resultados y las sesiones posteriores tampoco lograron acercar posturas. “El salario mínimo no puede seguir siendo insuficiente frente al costo de vida. Los trabajadores necesitan un ingreso que garantice condiciones dignas”, expresó un vocero sindical al cierre de la mesa.
Los empresarios, en contraste, advirtieron que un aumento elevado pondría en riesgo la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas. “No podemos aceptar una cifra que desconozca la realidad de la productividad y la capacidad de pago de las compañías. Un incremento desproporcionado se traduciría en más informalidad y desempleo”, señaló un representante gremial.
El debate se desarrolla en un escenario de desaceleración económica y persistencia de la inflación, aunque en niveles más bajos que los registrados en 2024. El Banco de la República ha advertido que un incremento excesivo del salario mínimo podría generar nuevas presiones inflacionarias, mientras que los sindicatos insisten en que la prioridad debe ser proteger el ingreso de los trabajadores.
La productividad laboral, otro indicador clave, muestra un crecimiento limitado. Para los empresarios, esta variable debe ser central en la fórmula de ajuste; para los sindicatos, el criterio fundamental es la capacidad de los trabajadores de cubrir la canasta básica.
Ante la falta de consenso, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Gobierno expedirá un decreto para fijar el incremento del salario mínimo de 2026. “Nuestro compromiso es equilibrar las necesidades de los trabajadores con la viabilidad de las empresas. La decisión se tomará con base en estudios técnicos de inflación, productividad y crecimiento económico”, afirmó Sanguino en rueda de prensa.
El decreto tendrá impacto directo en más de tres millones de trabajadores que devengan el salario mínimo, así como en quienes reciben ingresos atados a esta referencia, como subsidios y pensiones. También influirá en la dinámica del consumo interno y en las negociaciones colectivas de diferentes sectores.
La falta de acuerdo refleja un problema estructural: la dificultad de conciliar intereses en un país con alta informalidad laboral y profundas brechas de ingreso. Los sindicatos consideran que el Gobierno debe asumir una postura más firme en defensa de los trabajadores, mientras que los empresarios reclaman garantías para mantener la competitividad.
En las calles, algunos sectores sociales han manifestado su inconformidad. Organizaciones de trabajadores informales y jóvenes desempleados señalan que el salario mínimo, incluso con incrementos anuales, sigue siendo insuficiente para cubrir necesidades básicas.
El desenlace de la negociación deja abiertas varias incógnitas. Por un lado, el monto del incremento que fijará el Gobierno será clave para medir el impacto en la inflación y en la capacidad de consumo de los hogares. Por otro, la falta de consenso puede profundizar la desconfianza entre empresarios y sindicatos, debilitando la mesa de concertación como espacio de diálogo social.
Expertos en economía laboral advierten que el país necesita avanzar hacia una reforma estructural que permita que el salario mínimo cumpla su función de proteger a los trabajadores sin afectar la competitividad. Entre las propuestas se mencionan mecanismos de regionalización del salario, incentivos a la productividad y políticas más agresivas de formalización.
