En medio de la audiencia que definirá si enfrenta detención domiciliaria, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco defendió su gestión asegurando que todos los acuerdos políticos con el Congreso fueron consultados con el presidente Gustavo Petro. Negó haber recibido órdenes ilegales y pidió defenderse en libertad.
El proceso judicial contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se convirtió en uno de los episodios más tensos del escándalo que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Invías, entidades señaladas de haber sido instrumentalizadas para favorecer acuerdos políticos en el Congreso. La Fiscalía sostiene que Velasco habría sido una de las cabezas de un entramado que buscaba utilizar recursos públicos para asegurar apoyos legislativos a las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro.
Durante la audiencia en el Tribunal de Bogotá, Velasco desplegó una estrategia de defensa que buscó desligarlo de cualquier responsabilidad penal y, al mismo tiempo, reafirmar su lealtad institucional. Con voz firme, el exministro aseguró: “Señora magistrada, actué bien. Todos los acuerdos políticos que adelanté con el Congreso los consulté con el señor Presidente y con él los acordé. Nada se hizo sin su instrucción, y vale la pena aclarar que ni él me dio órdenes ilegales ni yo se las hubiera aceptado”.
La fiscal María Cristina Patiño imputó a Velasco al considerarlo uno de los presuntos integrantes del esquema de corrupción que, a finales de 2023, habría intentado entregar 79 contratos de la UNGRD e Invías a congresistas. Según la acusación, el objetivo era garantizar mayorías parlamentarias para la aprobación de reformas clave, como la laboral y la de salud. Por ello, la Fiscalía solicitó que se le impusiera medida de detención domiciliaria, argumentando riesgo de obstrucción a la justicia.
Velasco, sin embargo, insistió en que su papel como ministro del Interior se limitó a la construcción de consensos políticos legítimos. Recalcó que nunca actuó por fuera de la ley y que su relación con el presidente Petro fue transparente. “Estoy dando la cara, estoy en mi casa, estoy en Colombia, a disposición de la justicia, estoy contando mi verdad, pidiendo que me dejen defender en libertad”, subrayó.
El exministro también reveló un episodio que buscó mostrar su independencia frente a presiones internas: aseguró que la entonces jefa de despacho de Presidencia, Laura Sarabia, le pidió nombrar a Olmedo López en un cargo directivo de la UNGRD, siguiendo instrucciones de Petro. Velasco afirmó que se negó porque consideraba que López no era una persona confiable. “A mí me pidieron desde la Presidencia de la República, la doctora Laura Sarabia, nombrar al doctor Olmedo en uno de los cargos directivos de la UNGRD, y no lo nombré. Y ahí crecieron distancias que venían de tiempo atrás, y que presentaré en su momento”, relató.
El caso Velasco se inscribe en un momento de alta tensión para el gobierno de Petro. Las reformas sociales, que constituyen el núcleo de su proyecto político, han enfrentado resistencias en el Congreso. La necesidad de construir mayorías ha llevado al Ejecutivo a desplegar estrategias de negociación que, según la Fiscalía, cruzaron la línea de la legalidad.
Velasco, quien en junio de 2024 calificó la legislatura como “exitosa” al lograr la aprobación de la reforma pensional y la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, defendió entonces la idea de un “acuerdo político” para mantener las mayorías en el Congreso. Esa visión, ahora bajo escrutinio judicial, es interpretada por sus críticos como la antesala de prácticas cuestionables.
Durante cerca de cinco horas, los defensores de Velasco y del también exministro Ricardo Bonilla expusieron sus argumentos para evitar la detención domiciliaria. Los abogados Mauricio Pava y Elena Suárez insistieron en que no existían pruebas suficientes para vincularlos como determinadores de actos de corrupción. Velasco, al tomar la palabra, buscó transmitir serenidad y confianza en la justicia, reiterando que su deseo es enfrentar el proceso en libertad.
El caso pone en evidencia las tensiones entre la necesidad de gobernabilidad y los límites legales de la negociación política. Para algunos analistas, la defensa de Velasco abre un debate sobre hasta dónde puede llegar un ministro del Interior en la búsqueda de consensos legislativos. Su insistencia en que todo fue consultado con Petro plantea interrogantes sobre la responsabilidad política del presidente en las decisiones de su gabinete.
La decisión del Tribunal de Bogotá sobre la medida de aseguramiento será clave no solo para el futuro judicial de Velasco, sino también para la estabilidad política del gobierno. Mientras la Fiscalía insiste en que se trató de un plan criminal para manipular recursos públicos, el exministro se aferra a la narrativa de la legalidad y la transparencia.
En sus palabras finales, Velasco reiteró: “Estoy contando mi verdad, pidiendo que me dejen defender en libertad”. Una frase que resume la tensión entre la acusación de corrupción y la defensa de legitimidad institucional que marcará el desenlace de este proceso.
