La mesa de concertación salarial entre empresarios, sindicatos y Gobierno terminó sin acuerdo, dejando en manos del presidente Gustavo Petro la definición del incremento del salario mínimo para 2026. La disputa entre un alza del 16% y una oferta empresarial del 7,21% refleja tensiones económicas y sociales.
La negociación anual del salario mínimo en Colombia volvió a naufragar. Tras semanas de reuniones entre representantes de los gremios empresariales, las centrales obreras y el Gobierno, el plazo legal para alcanzar un consenso expiró sin “humo blanco”. La decisión final, que impactará directamente a más de 2,4 millones de trabajadores, quedó en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá decretar el aumento antes del 30 de diciembre.
Las posiciones fueron irreconciliables desde el inicio. Las centrales obreras, encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defendieron un incremento del 16%, argumentando que se requiere un ajuste que compense la pérdida de poder adquisitivo y mejore las condiciones de vida de los trabajadores. De prosperar esta propuesta, el salario mínimo pasaría a 1,65 millones de pesos mensuales.
Por su parte, los gremios empresariales plantearon un aumento del 7,21%, cifra que, según ellos, cubre la inflación esperada, la productividad y un margen adicional de 100 puntos básicos. Para los empresarios, un incremento superior a un dígito sería “irresponsable” y pondría en riesgo la sostenibilidad de las empresas.
La brecha de casi nueve puntos porcentuales dinamitó cualquier espacio de concertación. “No habrá ni la más mínima posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el aumento del mínimo”, sentenció Fabio Arias, presidente de la CUT.
La ausencia de Fenalco
El proceso estuvo marcado por la ausencia de Fenalco, el gremio de los comerciantes, cuyo presidente Jaime Alberto Cabal había anticipado que no participaría en la mesa. Según Cabal, el Gobierno ya tenía definida la cifra y la negociación era un trámite vacío. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lamentó la decisión: “La ausencia de Fenalco deja sin voz a los tenderos y pequeños comerciantes en una discusión que afecta directamente su negocio”, advirtió.
La falta de este actor clave profundizó las tensiones y debilitó la legitimidad del proceso tripartito, que por ley busca equilibrar las voces de trabajadores, empresarios y Gobierno.
El dilema es evidente: proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin desordenar las cuentas macroeconómicas. El Banco de la República observa con cautela, pues cada punto adicional en el aumento del mínimo puede traducirse en más presión inflacionaria. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cedió en noviembre, pero sigue por encima del rango meta, y un rebrote es latente.
Los sindicatos insisten en que un incremento robusto es indispensable para aliviar la precariedad laboral y dinamizar el consumo interno. Los empresarios, en cambio, advierten que un alza excesiva podría frenar la inversión y aumentar la informalidad. El Gobierno, atrapado entre ambas posiciones, busca un equilibrio que cumpla con la ley y responda a las expectativas sociales.
El peso de la decisión presidencial
La definición del salario mínimo en Colombia es mucho más que una cifra. Se trata de un ancla económica que indexa más de 70 precios y tarifas: arriendos, matrículas educativas, multas de tránsito y honorarios profesionales. Un aumento alto puede dar oxígeno a los hogares, pero también reavivar la inflación, justo cuando el Banco de la República intenta contenerla.
El propio presidente Petro dejó entrever su postura en un acto público: “Hoy pienso subir el salario mínimo, pero no me pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores solo se les pide subir un 7 %, mientras los dueños del capital rentístico que viven del Estado cobran al Estado el 13 %”, cuestionó.
Estas declaraciones sugieren que el mandatario se inclina por un incremento superior al ofrecido por los empresarios, aunque sin llegar al 16% exigido por los sindicatos. En el Ejecutivo se ha mencionado la posibilidad de un aumento del 11%, lo que llevaría el salario mínimo a 1.580.085 pesos, más un auxilio de transporte ajustado en la misma proporción.
La historia reciente muestra que la concertación suele fracasar. Según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, desde 1997 el salario mínimo se ha fijado de forma unilateral en el 72% de los casos. En los últimos dos años, el Gobierno Petro ya recurrió al decreto para definir los incrementos, debilitando la figura de la mesa de concertación.
Este patrón refuerza la percepción de que la negociación es más un ritual que un espacio real de diálogo. Sin embargo, la decisión presidencial sigue siendo crucial, pues marca el rumbo de la economía al inicio de cada año.
La definición del salario mínimo para 2026 se ha convertido en un tema de debate nacional. Los trabajadores esperan un alivio frente al encarecimiento de la vida, mientras los empresarios reclaman prudencia para evitar un desbalance económico. El presidente Petro, consciente de la sensibilidad del tema, deberá anunciar en los próximos días el porcentaje definitivo.
Lo que está en juego no es solo el ingreso de millones de colombianos, sino la confianza en la capacidad del Estado para equilibrar justicia social y estabilidad macroeconómica. La decisión, inevitablemente, condicionará la estrategia del banco central y el clima político y social del país en el inicio de 2026.
