La negociación del salario mínimo entra en su fase más crítica mientras Gobierno, empresarios y centrales obreras mantienen posiciones distantes. Con el primer plazo legal vencido y sin acuerdo, esta semana será determinante para establecer si habrá concertación o si el Ejecutivo deberá fijar el incremento por decreto.
La discusión sobre el salario mínimo para 2026 avanza en medio de tensiones crecientes y señales contradictorias entre los actores de la mesa tripartita. Aunque el proceso inició el 1 de diciembre, las posiciones siguen tan alejadas que el país se encamina hacia una definición por decreto, tal como lo anticipó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al recordar que “si no hay consenso en la mesa de concertación, el aumento del salario mínimo se fijará por decreto”.
El primer plazo legal —15 de diciembre— venció sin acuerdo, y las jornadas extraordinarias continúan en un ambiente donde cada sector defiende su postura con firmeza. Para los trabajadores, representados por las centrales obreras, el incremento debe ser del 16%, cifra que consideran necesaria para recuperar el poder adquisitivo y enfrentar el costo de vida. Los empresarios, por su parte, insisten en un aumento del 7,21%, argumentando que un ajuste mayor podría presionar la inflación y afectar la sostenibilidad de las empresas.
En medio de ese choque, el Gobierno ha dejado ver su inclinación hacia un aumento de dos dígitos, con una proyección preliminar del 13,3%, que llevaría el salario mínimo a $1.613.426 sin auxilio de transporte. La cifra no es oficial, pero sí marca el tono de la negociación.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, agitó aún más el debate al afirmar que el incremento será “superior al 12%” y que incluso podría ser “un poquito más arriba”. Sus declaraciones fueron interpretadas como una señal de que el Ejecutivo ya tiene un rango definido, independientemente de la concertación.
Benedetti también anticipó que el decreto podría conocerse antes de Navidad, lo que coincide con la urgencia del Gobierno por cerrar el proceso y enviar un mensaje de estabilidad económica. En sus palabras, el aumento de dos dígitos “no debería sorprender a los trabajadores”, pues busca proteger el ingreso real de los hogares.
Mientras tanto, el ministro de Hacienda ha señalado que el Gobierno analiza un “importante ajuste”, aunque sin revelar cifras concretas. La presión del calendario es evidente: si no hay acuerdo esta semana, el Ejecutivo deberá expedir el decreto antes del 30 de diciembre, como lo exige la Ley 278 de 1996.
Las posiciones enfrentadas
1- Centrales obreras: un aumento del 16%
Los sindicatos sostienen que el incremento debe ser ambicioso para corregir inequidades históricas y fortalecer el consumo interno. Fabio Arias, presidente de la CUT, calificó como positiva la señal del Gobierno, pero insistió en que la cifra final “debería aproximarse al 16%” porque “eso sería una estupenda noticia para los trabajadores de Colombia”.
Para las centrales obreras, el salario mínimo debe crecer por encima de la inflación y la productividad, y convertirse en una herramienta para reducir la desigualdad. Argumentan que el costo de vida sigue presionando los bolsillos y que un aumento robusto dinamizaría la economía.
2- Empresarios: un incremento del 7,21%
Los gremios económicos, encabezados por la ANDI, defienden un ajuste moderado. Bruce Mac Master criticó el rumbo del debate al afirmar que se ha convertido en “un gran error” y que es “totalmente inmoral que se utilice como campaña electoral”.
Para los empresarios, el aumento debe equilibrar múltiples variables: generación de empleo, competitividad, inflación y sostenibilidad fiscal. Sostienen que un incremento excesivo podría afectar la formalidad laboral y la estabilidad de las empresas.
3- Gobierno: un aumento de dos dígitos
El Ejecutivo ha reiterado que su política salarial busca garantizar que el salario mínimo crezca por encima de la inflación, como ocurrió en 2025, cuando el incremento fue del 9,5% pese a una inflación cercana al 5,2%.
Sanguino ha sido claro en que el Gobierno evaluará variables económicas y sociales, incluyendo el concepto de “salario vital” promovido por la OIT. La propuesta del 13,3 % se perfila como la más cercana a la postura oficial.
Lo que está en juego
Más allá de las cifras, la negociación del salario mínimo tiene un impacto directo en cerca de 12 millones de trabajadores que devengan uno o dos salarios mínimos. También influye en prestaciones como la prima, el auxilio de transporte y múltiples tarifas indexadas.
El aumento, además, envía señales clave a los mercados, a los empresarios y a los hogares sobre la dirección económica del país. En un contexto de desaceleración moderada y presiones inflacionarias controladas, la decisión final será un termómetro de la política económica del Gobierno Petro en su último año de mandato.
La semana que comienza no solo definirá una cifra: marcará el rumbo del ingreso de millones de colombianos y pondrá a prueba la capacidad de concertación del país. Si no hay acuerdo, el Gobierno tendrá la última palabra. Y esa palabra, según todas las señales, ya tiene un número en mente.
