Un mes después del fallo que declaró a Santiago Uribe responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, las víctimas en Yarumal y Santa Rosa de Osos empiezan a recuperar la palabra. Entre ellas, mujeres que durante décadas guardaron silencio por miedo y estigmatización.
El reciente fallo del Tribunal Superior de Antioquia, que condenó a 28 años y 3 meses de prisión a Santiago Uribe Vélez por homicidio agravado, concierto para delinquir y crímenes de lesa humanidad, reabrió una herida que nunca terminó de cerrar en el norte de Antioquia. La sentencia revocó la absolución que el ganadero había recibido en 2024 y concluyó que sí existió una estructura paramilitar conocida como Los 12 Apóstoles, que operó desde la Hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez, entre finales de los años ochenta y finales de los noventa.
En municipios como Yarumal, Campamento, Donmatías y Santa Rosa de Osos, la violencia dejó cientos de familias marcadas por asesinatos, desapariciones, torturas y estigmatización. Muchas de esas víctimas, especialmente mujeres campesinas, pasaron décadas sin poder hablar. El miedo, las amenazas y la influencia política de los presuntos responsables las obligaron a callar.
Pero el fallo judicial abrió una grieta en ese silencio. Hoy, algunas de ellas empiezan a narrar lo que vivieron, a reconstruir la memoria de sus hermanos, padres e hijos, y a exigir que el país escuche lo que durante años se negó a reconocer.
Olga Torres, una mujer de Santa Rosa de Osos, se convirtió en símbolo de esa recuperación de la voz. En 2017, durante una visita de Álvaro Uribe a Yarumal, se abrió paso entre la multitud para preguntarle directamente: “Señor Uribe, dígame quién mató a mis hermanos”. Sus palabras, pronunciadas con las piernas temblorosas, se estrellaron contra la respuesta desafiante del expresidente: “Dígamelo usted que parece que ya sabe la respuesta”.
En ese momento, Torres no se atrevió a decir lo que llevaba años guardando. Pero hoy, tras el fallo judicial, afirma con firmeza: “Ahora no tengo miedo de decirle que fue su hermano quien mató a los míos”.
Sus hermanos, Carlos Guillermo y Omar Darío, trabajaban desde hacía años en la Hacienda La Carolina. Allí, según los testimonios recogidos por la justicia, se consolidó la base de operaciones del grupo paramilitar que ejecutó una política de “limpieza social” contra campesinos señalados arbitrariamente de colaborar con la guerrilla.
Los relatos de la época coinciden en que la vida en la hacienda cambió abruptamente a inicios de los años noventa. Llegaron hombres armados, reuniones nocturnas y listas de personas marcadas para morir. Los hermanos Torres, jornaleros conocidos por su disciplina y su trabajo, fueron asesinados y luego presentados como guerrilleros dados de baja, una práctica común en la región.
Memorias que regresan del miedo
El testimonio de Olga no es el único que ha emergido con fuerza. Cecilia Mesa, otra víctima directa, relató recientemente cómo en 1993 hombres armados irrumpieron en su casa buscando a su hermano. “Uno de ellos dijo: ‘Ese es el que vamos a recoger en la hacienda de La Carolina’”, recordó ante un equipo periodístico que recorrió la zona.
Un año después, sus hermanos Omar Darío y Carlos Guillermo Mesa fueron secuestrados, torturados y asesinados. Cuando Cecilia encontró a uno de ellos, aún recuerda la escena: “Salí al patio y vi a mi hermano tirado en el piso, mucha gente armada con pasamontañas”. También recuerda los golpes, los quemones en el cuerpo y la frase que escuchó de los policías cuando reclamó los cuerpos: “Esas son las hermanas de los guerrilleros que dieron de baja”.
La estigmatización fue parte del daño. Durante años, las familias cargaron con el peso de ser señaladas como colaboradoras de grupos armados, aun cuando sus seres queridos eran campesinos dedicados a labores agrícolas.
El fallo judicial reconoce que Los 12 Apóstoles sí existieron y que su operación contó con una estructura organizada, con mando, logística y objetivos definidos. También reconoce que la violencia ejercida fue sistemática y dirigida contra población civil, lo que la convierte en crimen de lesa humanidad.
Para las víctimas, ese reconocimiento es un primer paso. No devuelve a los muertos, pero desmonta décadas de negación institucional y social.
Un territorio que busca reparación
En Yarumal y Santa Rosa de Osos, donde según cálculos de organizaciones locales hay al menos 300 familias afectadas directamente por el paramilitarismo, el fallo ha generado una mezcla de alivio, temor y esperanza. Algunas víctimas temen represalias; otras sienten que por fin pueden hablar sin ser silenciadas.
La reparación, sin embargo, apenas comienza. Las familias piden garantías de seguridad, acompañamiento psicosocial y reconocimiento público. También exigen que se investigue la responsabilidad de otros actores que, según los testimonios, participaron o facilitaron la operación del grupo.
Mientras tanto, las voces que antes callaron empiezan a ocupar el espacio público. Mujeres como Olga y Cecilia, que durante años cargaron solas con su dolor, hoy se convierten en narradoras de una memoria que el país necesita escuchar.
Su mensaje es claro: el silencio ya no es una opción.
