La elección de los nuevos contralores de Bucaramanga y Santander quedó aplazada para 2026 debido a una tutela y a una recusación múltiple que frenaron los procesos. Aunque los órganos de control no tendrán jefes en propiedad, ambos territorios designaron encargados mientras se resuelven los recursos y se reactivan las convocatorias.
La imposibilidad de elegir contralores en Bucaramanga y en el departamento de Santander abrió un nuevo capítulo de incertidumbre institucional para el inicio del próximo año. Mientras municipios como Girón, Floridablanca y Barrancabermeja lograron culminar sus procesos de selección, las dos principales corporaciones públicas del área metropolitana quedaron atrapadas en disputas jurídicas que obligaron a suspender las convocatorias.
En la Asamblea de Santander, la elección quedó en pausa luego de que uno de los aspirantes interpusiera una acción de tutela alegando que la corporación y la universidad encargada de la evaluación habrían excedido los requisitos establecidos para el concurso. El Consejo de Estado admitió la tutela y decretó medidas cautelares, lo que paralizó de inmediato el proceso.
En Bucaramanga, el escenario no es menos complejo. El Concejo recibió una recusación múltiple contra varios de sus integrantes, señalando presunta cercanía personal con algunos de los candidatos mejor posicionados. La recusación obligó a suspender la convocatoria pública hasta que se determine si existe o no un conflicto de interés que comprometa la transparencia del proceso.
La parálisis jurídica tiene efectos inmediatos: ni Viviana Marcela Blanco, actual contralora de Bucaramanga, ni Reynaldo Mateus, contralor de Santander, continuarán en sus cargos, pues sus periodos concluyen este año. Ante la imposibilidad de elegir reemplazos en propiedad, ambas entidades deberán operar con encargados mientras se resuelven los recursos.
En Bucaramanga asumirá el subcontralor Jesús María Muñoz, quien tendrá la responsabilidad de mantener la vigilancia fiscal en un periodo marcado por la transición administrativa y la expectativa ciudadana frente a la elección definitiva. En Santander, la encargada será la contralora auxiliar, María Alejandra Ramírez, quien deberá garantizar la continuidad del control fiscal departamental en medio de un ambiente jurídico enrarecido.
La suspensión simultánea de ambos procesos abre un debate sobre la solidez de los mecanismos de selección de los contralores territoriales y la necesidad de blindar las convocatorias frente a presiones políticas, conflictos de interés y fallas procedimentales. Tanto el Concejo de Bucaramanga como la Asamblea de Santander deberán reiniciar sus procesos una vez se resuelvan la tutela y las recusaciones, lo que podría extender los tiempos más allá de lo previsto.
Para el próximo año, el reto será doble: garantizar que las nuevas convocatorias sean “limpias”, como exigen los demandantes, y recuperar la confianza ciudadana en la independencia de los órganos de control fiscal, fundamentales para vigilar el uso de los recursos públicos en un periodo de alta sensibilidad institucional.
