El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas por el registro de un Comité Promotor de Asamblea Nacional Constituyente y aseguró que no pretende convertirse en dictador ni impulsar cambios que alteren las reglas democráticas. Afirmó que la iniciativa no se realizará en su gobierno si se interpreta como concentración de poder.
El presidente Gustavo Petro dedicó el fin de semana a responder, desde su cuenta de X, las críticas que surgieron tras conocerse el registro de un Comité Promotor de Asamblea Nacional Constituyente. El anuncio generó reacciones inmediatas en sectores políticos, académicos y mediáticos, que interpretaron el movimiento como un posible intento de modificar la arquitectura institucional del país.
La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente ha aparecido de manera intermitente en el discurso político colombiano durante las últimas décadas, generalmente asociada a momentos de crisis institucional o a la necesidad de reformas de gran calado. En este caso, el registro del Comité Promotor reactivó temores sobre posibles cambios en las reglas de juego democrático. Aunque Petro ha reiterado que no busca alterar la separación de poderes ni prolongar su mandato, la controversia refleja la fragilidad de la confianza entre gobierno, oposición y ciudadanía.
Petro fue enfático en rechazar esas interpretaciones. “No voy a ser dictador”, escribió, subrayando que cualquier lectura que asocie la propuesta con un plan para concentrar poder o alterar las reglas democráticas es equivocada. Según el mandatario, la Constituyente “no se hará en mi gobierno” si se convierte en un motivo de desconfianza institucional o si se percibe como una amenaza al equilibrio democrático.
El Presidente también respondió directamente a Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial que había cuestionado la iniciativa. Petro sostuvo que su propósito no es perpetuarse en el poder, sino abrir un debate sobre transformaciones estructurales del sistema político y social colombiano. Aseguró que la discusión debe darse sin temores infundados y dentro de los límites constitucionales vigentes.
Las declaraciones del Presidente no frenaron las críticas. Figuras como Vicky Dávila, David Luna y Aníbal Gaviria insistieron en que Colombia no necesita una nueva Constitución, sino un gobierno que respete la actual. Dávila, también precandidata presidencial, afirmó que se opondrá “democráticamente” a cualquier intento de convocar una Constituyente, al considerar que podría poner en riesgo la estabilidad institucional.
Otros sectores señalaron que, sin la aprobación del Congreso, no existe una ruta legítima para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Recordaron que la Constitución de 1991 establece procedimientos claros y que cualquier intento por fuera de ellos podría interpretarse como un desafío directo a la institucionalidad. Para estos críticos, la sola idea de activar un comité promotor genera incertidumbre política en un momento de alta polarización.
En contraste, algunos analistas consideran que el debate sobre una Constituyente no debe ser demonizado, siempre que se mantenga dentro de los cauces legales y se oriente a resolver problemas estructurales. Sin embargo, reconocen que el clima político actual dificulta una discusión serena y técnica sobre reformas profundas.
