El Gobierno Nacional ajustó el esquema arancelario para la importación de vehículos y motocicletas a combustión, una medida que entrará en vigor después del 8 de enero de 2026 y que busca proteger la industria nacional, impulsar la transición hacia tecnologías limpias y reconfigurar el mercado automotor colombiano.
El anuncio del nuevo esquema arancelario para vehículos y motocicletas importados marca uno de los movimientos regulatorios más significativos del sector automotor en los últimos años. La medida, que se formaliza mediante un decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se inscribe en la estrategia de reindustrialización y transición energética que el Gobierno ha venido promoviendo desde 2023. Según el borrador de decreto, el ajuste responde a la necesidad de fortalecer la producción nacional, reducir la dependencia de tecnologías contaminantes y estimular la llegada de inversiones en movilidad eléctrica y energías limpias.
El documento oficial plantea incrementos sustanciales en los aranceles aplicados a vehículos y motocicletas de combustión interna. Para los automóviles de pasajeros (partida 87.03), el arancel podrá llegar hasta el 40%, mientras que para las motocicletas (partida 87.11) alcanzará hasta el 35%. Estos porcentajes representan un aumento de cinco puntos frente a los niveles actuales, que oscilan entre el 35% para automóviles y entre el 15% y el 30% para motos.
La medida entrará en vigor después del 8 de enero de 2026, lo que da un margen de transición para importadores, ensambladoras y comercializadores, pero también abre un periodo de incertidumbre para consumidores y gremios del sector, que ya anticipan impactos en precios y disponibilidad de modelos.
El Gobierno sostiene que el ajuste arancelario es coherente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con la Política Nacional de Reindustrialización, que buscan diversificar la matriz productiva, impulsar sectores intensivos en conocimiento y promover tecnologías limpias como eje de competitividad y sostenibilidad. En esa línea, el decreto enfatiza que el país debe avanzar hacia una industria automotriz menos dependiente de combustibles fósiles y más alineada con estándares ambientales globales.
Aunque el Gobierno presenta la medida como un paso hacia la modernización productiva, los gremios del sector automotor han manifestado preocupación por sus efectos inmediatos. La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) advierte que el incremento arancelario podría encarecer los vehículos importados entre 1,3 y 4 millones de pesos, afectando especialmente a los consumidores de ingresos medios y reduciendo la competencia en el mercado.
El impacto sería mayor en modelos provenientes de países sin Tratados de Libre Comercio (TLC) con Colombia, como China, Japón e India, que hoy representan una porción significativa de las ventas de autos y motocicletas. En contraste, los vehículos importados desde Estados Unidos, México o la Unión Europea mantendrían sus beneficios arancelarios, lo que podría reconfigurar la oferta disponible y favorecer a marcas con acuerdos comerciales vigentes.
Expertos del sector advierten que el aumento de aranceles podría tener un efecto contrario al deseado en términos ambientales. Al encarecer los vehículos nuevos, especialmente los de gama media y baja, se podría desincentivar la renovación del parque automotor, prolongando la vida útil de vehículos antiguos y más contaminantes. Este fenómeno ya ha sido observado en otros países cuando se aplican medidas restrictivas sin incentivos paralelos para la adquisición de tecnologías limpias.
Por su parte, los importadores señalan que el mercado colombiano ya enfrenta una desaceleración en ventas y que un incremento arancelario podría profundizar la caída. En 2024 y 2025, la industria automotriz registró una reducción significativa en matrículas nuevas, atribuida a factores como la inflación, el costo del crédito y la incertidumbre económica. El nuevo esquema arancelario podría añadir presión a un sector que aún no se recupera del todo.
No obstante, el Gobierno insiste en que la medida es necesaria para proteger la producción nacional de vehículos eléctricos y fomentar la llegada de nuevas inversiones. En los últimos años, Colombia ha buscado posicionarse como un hub regional para la movilidad sostenible, con incentivos tributarios para la importación de vehículos eléctricos y proyectos de ensamblaje local. El ajuste arancelario, según el Ministerio, busca equilibrar la balanza frente a la competencia de vehículos de combustión importados, que siguen dominando el mercado.
Un mercado en transición
La entrada en vigor del nuevo esquema arancelario después del 8 de enero de 2026 marca el inicio de una etapa de transición para el sector automotor colombiano. Los consumidores deberán prepararse para posibles incrementos en precios y cambios en la oferta disponible, mientras que los importadores y comercializadores ajustarán sus estrategias para enfrentar un entorno más restrictivo.
El debate sobre los aranceles también abre una discusión más amplia sobre el futuro de la movilidad en Colombia. Si bien la transición hacia tecnologías limpias es un objetivo compartido, los expertos coinciden en que se requieren políticas integrales que combinen incentivos, infraestructura, financiamiento y regulación coherente. De lo contrario, medidas aisladas como el aumento arancelario podrían generar distorsiones y afectar a los consumidores sin lograr los objetivos ambientales y productivos planteados.
Por ahora, el país se prepara para un 2026 en el que el mercado automotor deberá adaptarse a nuevas reglas de juego, en medio de un contexto económico desafiante y de una transformación global hacia la movilidad sostenible.
