La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia exige un trámite complejo que combina iniciativa política, control constitucional y refrendación ciudadana. El proceso, regulado por la Constitución de 1991, requiere mayorías legislativas, revisión judicial y una votación popular que supere un umbral significativo del censo electoral.
La Asamblea Nacional Constituyente es uno de los mecanismos más profundos de transformación institucional previstos en la Constitución de 1991. Su activación no es automática ni depende únicamente de la voluntad del Gobierno de turno: exige un procedimiento estricto que involucra al Congreso, la Corte Constitucional y, finalmente, a la ciudadanía.
De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), el proceso inicia en el Congreso, donde tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley que convoque a la ciudadanía a decidir si quiere o no una Asamblea Constituyente. Esta ley no solo habilita la consulta popular, sino que define los elementos esenciales del proceso: número de integrantes, sistema de elección, temas a tratar, fecha de instalación y duración de la Asamblea.
La aprobación legislativa requiere el apoyo de la mayoría de los integrantes de ambas cámaras, lo que convierte este primer paso en un pulso político de alto calibre. En un Congreso fragmentado, con tensiones entre el Ejecutivo y las bancadas tradicionales, alcanzar esa mayoría implica negociaciones complejas y un ambiente político favorable.
Una vez aprobada la ley, esta debe pasar a sanción presidencial y posteriormente ser enviada a la Corte Constitucional para su revisión. El alto tribunal tiene la responsabilidad de verificar que la convocatoria respete los límites de la Constitución vigente y que la pregunta sometida a votación sea clara, precisa y no induzca al elector a error.
Solo si la Corte avala la ley, se puede avanzar hacia la consulta popular.
La consulta ciudadana y el umbral decisivo
La consulta popular es el corazón del proceso. En ella, la ciudadanía debe responder “Sí” o “No” a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. El tarjetón electoral debe incluir la pregunta aprobada por la Corte y el listado de los temas que serían discutidos en la Asamblea, lo que garantiza transparencia y delimita el alcance del poder constituyente derivado.
Para que la convocatoria sea aprobada, al menos una tercera parte del censo electoral debe votar afirmativamente. Con el censo actual, esto equivale a un mínimo de 12.988.505 votos por el Sí. Se trata de un umbral alto, diseñado para asegurar que una reforma constitucional de tal magnitud cuente con un respaldo ciudadano amplio y legítimo.
Si la ciudadanía aprueba la convocatoria, el país entra en una nueva fase: la elección de los integrantes de la Asamblea. Esta elección debe realizarse entre dos y seis meses después de la aprobación popular, siguiendo el sistema electoral definido previamente por el Congreso.
Una vez instalada, la Asamblea adquiere un poder especial: durante su funcionamiento, se suspende la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución. Esto evita interferencias y concentra la capacidad de reforma en el órgano constituyente.
La Asamblea, sin embargo, no tiene un poder ilimitado. Debe ceñirse estrictamente a los temas autorizados por la ciudadanía en la consulta. Además, aunque puede aprobar directamente reformas constitucionales, también tiene la posibilidad de convocar un referendo para que la ciudadanía refrende el nuevo texto o las modificaciones propuestas.
Un debate que trasciende lo jurídico
Aunque el procedimiento está claramente establecido, la discusión sobre una Asamblea Constituyente es profundamente política. En los últimos años, el tema ha resurgido con fuerza en el debate público, impulsado por sectores que consideran que la Constitución de 1991 requiere ajustes estructurales para responder a los desafíos actuales del país.
El presidente Gustavo Petro ha mencionado en varias ocasiones la necesidad de una Constituyente, aunque ha insistido en que su convocatoria debe surgir de la ciudadanía y no del Gobierno. En paralelo, distintos comités ciudadanos han iniciado procesos de recolección de firmas para promover un referendo aprobatorio, buscando que la iniciativa llegue al Congreso con respaldo popular.
Sin embargo, incluso con firmas, el trámite formal sigue dependiendo del Congreso, que es el único órgano facultado para expedir la ley de convocatoria. Esto convierte al Legislativo en un actor determinante, capaz de habilitar o bloquear el proceso.
La Corte Constitucional, por su parte, actúa como garante de los límites del poder constituyente derivado. Su revisión es obligatoria y puede frenar la convocatoria si encuentra vicios de procedimiento o si la pregunta sometida a consulta vulnera principios constitucionales.
Finalmente, la ciudadanía tiene la última palabra. Sin su aprobación, no hay Asamblea. Y aun con su aprobación, la legitimidad del proceso dependerá de la participación electoral y de la claridad con la que se definan los temas a reformar.
Un mecanismo extraordinario para momentos extraordinarios
Convocar una Asamblea Nacional Constituyente no es un trámite ordinario ni rápido. Es un proceso diseñado para garantizar que cualquier transformación profunda del orden constitucional cuente con controles institucionales, consensos políticos y respaldo ciudadano.
En un país con tensiones políticas persistentes, desigualdades históricas y debates abiertos sobre la implementación de la paz, la reforma a la justicia y la estructura del Estado, la idea de una Constituyente despierta expectativas y temores por igual.
Lo cierto es que, más allá de las coyunturas, el camino está trazado: Congreso, Corte y ciudadanía deben intervenir en cada etapa. Solo así, mediante un equilibrio entre representación, control y participación, puede activarse el mecanismo más poderoso de reforma constitucional previsto en la Carta de 1991.
