El Gobierno Nacional alista un decreto que eliminaría la prima de servicios de aproximadamente $15 millones que perciben los congresistas, medida que será efectiva para quienes se posesionen en la legislatura tras las elecciones de marzo de 2026 y representa un golpe directo al bolsillo de los legisladores.
Desde finales de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro revisa un borrador de decreto que busca eliminar la prima de servicios que actualmente reciben los congresistas y que, según estimaciones oficiales, ronda los $11 millones anuales por legislador. Esta medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia de austeridad fiscal para enfrentar el desfase presupuestal estimado para 2026.
La prima de servicios para los legisladores fue creada en 2013 por el entonces presidente Juan Manuel Santos mediante el Decreto 2170, y desde entonces ha generado debate político sobre su pertinencia y equidad frente a otros sectores de la función pública.
En la práctica, la eliminación de este beneficio —que no está atado necesariamente al salario base, sino que se paga adicionalmente— implica que los futuros congresistas recién elegidos no recibirán ese monto extra, reduciendo de facto sus ingresos totales respecto al esquema vigente hasta 2025.
Según el borrador del decreto, el Gobierno considera que la remuneración de los congresistas “resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país” y que, por ende, “es necesario reorientar una senda de gasto y adoptar medidas de austeridad inmediatas”.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha defendido la medida como un acto de justicia social. “No es quitarles, es un acto de justicia. Reducirles una prima que fue un regalazo del entonces ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas… es un acto de justicia que el pueblo colombiano aplaudirá”, señaló en conversaciones con medios nacionales.
Un historial de intentos legislativos fallidos
La iniciativa del Gobierno se produce después de más de veinte proyectos de ley presentados en el Congreso para reducir los salarios o beneficios de los congresistas que no prosperaron. Muchos de estos proyectos naufragaron por falta de apoyos políticos dentro del propio Legislativo.
El presidente Petro mismo había anunciado en enero de 2025 que creía tener “el método” para reducir el salario de los congresistas, después de que varios intentos de reforma vía proyecto de ley, incluidos los liderados por figuras de su partido, quedaran estancados.
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, recordó que hace dos años se presentó un proyecto para eliminar esta prima, pero que terminó cayéndose en su tercer debate en la Cámara de Representantes. “Fui coautora con gente de todos los partidos del proyecto que buscó eliminarla… otro decreto la puede eliminar. Acertada medida que intentamos por ley”, dijo a medios.
Por su parte, el senador Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, había respaldado iniciativas para disminuir las remuneraciones legislativas, calificándolas como un paso hacia la “austeridad republicana”.
El Gobierno sostiene que, en momentos de estrechez fiscal, recortar este tipo de beneficios es una forma de ajustar el gasto público sin afectar derechos fundamentales. “La remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada… haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo”, se lee en el borrador del decreto.
No obstante, la medida también ha suscitado críticas en algunos sectores. Analistas políticos advierten que eliminar una prima puede ser visto como un gesto simbólico más que una solución estructural a las tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo. También señalan que un cambio de este tipo, sin mayor consenso, puede profundizar la polarización entre las ramas del poder público en un año electoral.
Reacciones cruzadas en el Congreso
Mientras algunos congresistas han evitado hacer comentarios expansivos en público, otros han aludido a la medida como un paso en falso que no resuelve problemas fundamentales de la representación política. Además, algunos sectores recuerdan que los intentos de legislar sobre los ingresos de los parlamentarios dentro del propio Congreso han fracasado sistemáticamente por falta de apoyo mayoritario.
La representante Catherine Juvinao, por ejemplo, llamó la atención sobre el proceso del borrador y la necesidad de claridad institucional. “Estamos esperando la confirmación de si ya salió el decreto de eliminación de la prima…”, consultó en redes sociales al ministro de Trabajo, evidenciando incertidumbre política sobre cómo y cuándo se hará efectivo el cambio.
Con la medida aún en trámite para cierre de 2025 y posible implementación en 2026, los futuros legisladores que se posesionen tras las elecciones de marzo enfrentarán un esquema remunerativo distinto al de sus antecesores, con menos beneficios adicionales y una nueva narrativa pública sobre la austeridad en la función pública.
Queda por verse si esta decisión, de carácter reglamentario más que legislativo, será acogida por la ciudadanía como una medida de justicia social o si generará nuevas tensiones entre el Ejecutivo y el Parlamento en un año clave para la política colombiana.
