Colombia examina las consecuencias de un aumento del salario mínimo del 23% mirando experiencias de Brasil, México y España, donde hubo lecciones mixtas sobre inflación, empleo y gasto público. El debate entre beneficios sociales y riesgos económicos se intensifica en medio de un contexto fiscal y laboral complejo.
El Gobierno colombiano decretó para 2026 un aumento del salario mínimo cercano al 23%, una de las alzas más altas en décadas, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la desigualdad. La medida se adopta en un escenario de desaceleración económica, alta informalidad laboral y restricciones fiscales.
Ante los temores por posibles efectos inflacionarios, impacto en el empleo y presión sobre las finanzas públicas, Colombia mira experiencias internacionales recientes. Los casos de Brasil, México y España sirven como referencia para anticipar riesgos y beneficios de un incremento salarial de gran magnitud.
Brasil, México y España: espejos divergentes
En Brasil, durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 y 2010, el salario mínimo creció nominalmente casi un 100% —más del 53% en términos reales— sin desatar la ola inflacionaria que muchos temían. La inflación promedio anual se mantuvo en torno al 5,8%, y millones de familias vieron un alivio en su poder adquisitivo, en un país donde cerca de un tercio de los trabajadores depende de ese ingreso base. Sin embargo, el aumento real del salario mínimo presionó las cuentas públicas porque pensiones y otros pagos están indexados a ese valor, lo que forzó un mayor gasto estatal y un incremento de la deuda pública.
Economistas brasileños señalan que el impacto inflacionario fue limitado —un aumento del 10% en el mínimo solo incrementó la inflación en unos 0,1 puntos porcentuales, principalmente en servicios— pero advierten que el efecto sobre el empleo depende en gran medida del crecimiento económico general. En periodos de robusto crecimiento, el encarecimiento de la mano de obra tiene menos efectos negativos sobre la contratación formal; en fases de fragilidad económica, puede impulsar la informalidad o reducir contrataciones.
El caso mexicano presenta una combinación de políticas que complican las conclusiones simples. En 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador duplicó el salario mínimo en zonas fronterizas con Estados Unidos y redujo simultáneamente el IVA local. La medida, junto con una alta tasa de informalidad, atenuó presiones inflacionarias porque los incrementos salariales no se trasladaron directamente a precios en sectores con trabajo informal. Estudios estiman que por cada 10 % de aumento en el salario, los precios subieron entre 0,2 y 0,3 puntos, muy por debajo de una relación uno a uno.
No obstante, en México la informalidad sigue siendo un desafío persistente, con tasas altas que, según analistas, dificultan una expansión sostenida del empleo formal pese a los incrementos salariales. Las evidencias sobre empleo formal muestran efectos negativos a corto plazo que se disiparon al cabo de un año, aunque la informalidad se mantuvo elevada.
Por su parte, la experiencia española bajo el gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2018 también arroja advertencias. Un salto del salario mínimo cercano al 22% no destruyó empleo, pero sí desaceleró su creación, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. La baja inflación de aquel momento —cercana al 2%— significó que las empresas asumieran el incremento salarial como un sobrecosto puro, sin amortiguadores, lo que redujo la demanda de contratación.
El economista José Carlos Díez ha señalado que extrapolar esos resultados a contextos distintos como el colombiano puede ser engañoso, pues cada mercado laboral tiene niveles de informalidad, productividad y estructura económica propios. Sin embargo, la experiencia ibérica ofrece una lección relevante: las subidas graduales podrían tener menos efectos negativos sobre la formalización y la creación de empleo que un escalón salarial muy abrupto.
Debates entre beneficios y riesgos
La decisión del Gobierno colombiano de aprobar un aumento del salario mínimo de alrededor del 23,8% para 2026 ha generado respuestas encontradas dentro del país. El incremento, que eleva el salario base a cerca de 1,75 millones de pesos mensuales y suma un auxilio de transporte que lleva la compensación total a cerca de 2 millones de pesos, ha sido presentado por el Ejecutivo como una medida para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y reducir desigualdades.
Según algunos análisis, este salto coloca a Colombia entre los países de América Latina con los salarios mínimos más altos en términos relativos, aunque aún por debajo de líderes regionales como Costa Rica o Uruguay.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha advertido que el aumento tendrá impactos significativos sobre las finanzas públicas, elevando el déficit fiscal en varios billones de pesos y dificultando el cumplimiento de metas de ajuste fiscal en un contexto económico ya presionado. El incremento del salario mínimo real —muy por encima de la inflación— desborda las proyecciones presupuestales iniciales y podría tensionar la deuda pública y la sostenibilidad fiscal.
Además, críticos advierten que, si bien los beneficios inmediatos para trabajadores de bajos ingresos son evidentes, existe el riesgo de que las empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas, enfrenten mayores costos laborales que podrían trasladar a los precios de bienes y servicios o, en el peor de los casos, reducir sus plantillas. Esta inquietud se refleja en las discusiones en sectores productivos donde se muestra incertidumbre sobre cómo absorberán el alza en un entorno de márgenes ajustados.
El debate también toca el espectro político, dado que el aumento salarial se implementa en un año electoral, agudizando las discusiones sobre las motivaciones y efectos reales de la medida. Algunos sectores plantean que una política de incrementos más graduales y acompañada de reformas estructurales, como apoyo productivo a micro y pequeñas empresas, incentivos a la formalización y ajustes fiscales complementarios, podría equilibrar mejor los beneficios sociales con la salud económica general.
El análisis de Brasil, México y España no arroja una receta única sobre el impacto de un alza significativa del salario mínimo. Más bien, ofrece un abanico de resultados que Colombia deberá ponderar cuidadosamente, sopesando las lecciones de control inflacionario, efectos fiscales y dinámicas del empleo para ajustar sus políticas en un contexto económico particular.
