El impedimento del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, por la candidatura al Congreso de su esposa, llevó a la Procuraduría a pedir un alcalde ad hoc, reavivando el debate sobre participación política, garantías electorales y el alcance de las investigaciones disciplinarias durante proceso electoral.
La decisión de la Procuraduría General de la Nación de solicitar al Ministerio del Interior el nombramiento de un alcalde ad hoc en Pereira abrió un nuevo frente de controversia política y jurídica en el inicio del año electoral. El ente de control aceptó el impedimento presentado por el mandatario local, Mauricio Salazar Peláez, quien manifestó no poder intervenir en asuntos relacionados con las elecciones legislativas debido a la participación directa de su esposa como candidata al Congreso.
Según la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, la medida busca preservar la imparcialidad institucional y evitar cualquier riesgo de interferencia indebida en el proceso electoral. En ese sentido, se determinó que Salazar Peláez no podrá participar, deliberar ni tomar decisiones en el Comité de Seguimiento Electoral del municipio, instancia clave para la vigilancia y coordinación de los comicios.
El pronunciamiento del Ministerio Público va más allá del comité electoral. La Procuraduría advirtió que el alcalde tampoco está habilitado para intervenir en trámites administrativos que tengan relación directa o indirecta con las elecciones al Congreso para el periodo 2026-2030. Esto incluye actuaciones que, aunque no sean explícitamente electorales, puedan incidir en el desarrollo, organización o garantías del proceso.
Para sectores políticos y analistas locales, la designación de un alcalde ad hoc representa una medida excepcional pero necesaria en contextos donde confluyen poder administrativo y aspiraciones electorales familiares. Otros, sin embargo, consideran que la decisión evidencia vacíos en la regulación sobre conflictos de interés y genera tensiones en la gobernabilidad municipal, al limitar la actuación del alcalde elegido por voto popular.
La controversia se profundiza porque, paralelamente, la Procuraduría mantiene abierta una investigación disciplinaria contra Salazar Peláez, iniciada en diciembre pasado, por una presunta participación indebida en política. Con este proceso, el ente de control busca establecer si hubo una conducta irregular, si esta constituye falta disciplinaria y si el funcionario actuó amparado por alguna causal de exclusión de responsabilidad.
El alcalde ha insistido en que su impedimento es una muestra de transparencia y respeto por las normas electorales. No obstante, el caso reabre el debate nacional sobre los límites entre la vida familiar de los funcionarios públicos y sus responsabilidades políticas, especialmente en un escenario preelectoral marcado por la vigilancia de los organismos de control y la desconfianza ciudadana frente al uso del poder con fines electorales.
Mientras el Ministerio del Interior define el nombramiento del alcalde ad hoc, Pereira queda en el centro de una discusión que trasciende lo local y anticipa los desafíos institucionales que acompañarán las elecciones de 2026.
