El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció ante la Corte Suprema a tres congresistas por presuntamente promover una intervención militar extranjera, al considerar que sus declaraciones exceden la libertad de opinión y comprometen la soberanía nacional en medio de un tenso escenario político actual.
El debate sobre los límites de la libertad de expresión en el Congreso y la defensa de la soberanía nacional volvió al centro de la agenda pública tras la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia ante la Corte Suprema de Justicia contra tres legisladores de la oposición. La actuación judicial se produce en un contexto de alta polarización política y de tensiones diplomáticas que han reavivado discusiones sobre injerencias externas en asuntos internos del país.
Según informó el ministro encargado Andrés Idárraga, la representante a la Cámara, Lina Garrido y los senadores Jota P. Hernández y María Fernanda Cabal habrían incurrido, de manera presunta, en el delito de menoscabo de la integridad nacional, contemplado en el artículo 455 del Código Penal colombiano.
De acuerdo con Idárraga, las conductas denunciadas no se enmarcan dentro de la opinión política protegida por la inviolabilidad parlamentaria, sino que constituirían actos orientados a incentivar o legitimar una intervención militar extranjera. En su criterio, este tipo de manifestaciones “rompen la inviolabilidad parlamentaria al no tener nexo con la función legislativa”.
El artículo 455 del Código Penal establece penas de prisión que oscilan entre 320 y 540 meses para quien realice actos que tiendan a someter total o parcialmente al país al dominio extranjero, afectar su carácter de Estado soberano o fragmentar la unidad nacional. La denuncia busca que sea la Corte Suprema, competente para investigar a congresistas, la que determine si las declaraciones señaladas configuran un delito.
Desde el Ministerio de Justicia se insistió en que la investidura congresional no puede entenderse como una autorización para promover injerencias externas, especialmente en escenarios de tensión internacional donde la retórica política puede tener efectos jurídicos y diplomáticos.
El anuncio del ministro generó reacciones encontradas en el espectro político. Mientras sectores afines al Gobierno respaldaron la actuación y la calificaron como una defensa del Estado de Derecho, voces de la oposición advirtieron sobre un posible uso del derecho penal para limitar el debate político.
Idárraga defendió la decisión con un mensaje enfático: “La autodeterminación no se negocia. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega”. En la misma línea, reiteró que la soberanía nacional es un principio innegociable que debe prevalecer sobre intereses partidistas.
La Corte Suprema deberá ahora evaluar el material aportado y definir si abre una investigación formal. El caso se perfila como un nuevo capítulo en la discusión sobre los alcances de la libertad política, la responsabilidad de los congresistas y los límites institucionales frente a eventuales llamados a la intervención extranjera.
