El llamado Cartel de los Soles, una expresión que describe redes de corrupción y narcotráfico vinculadas al Estado venezolano, ha sido cuestionado por Estados Unidos, que ahora ajusta su acusación contra Nicolás Maduro; el depuesto mandatario afronta en Nueva York un largo proceso judicial por narco-terrorismo.
La relación entre poder político, Fuerza Armada y economías ilegales ha sido uno de los ejes centrales para explicar la deriva del Estado venezolano en las últimas dos décadas. En ese contexto surgió el término Cartel de los Soles, una expresión que, más que describir una organización criminal clásica, sintetiza una acusación política y judicial de gran calado: la presunta connivencia de altos funcionarios del chavismo con el narcotráfico internacional. Hoy, sin embargo, ese concepto atraviesa una revisión profunda en los tribunales de Estados Unidos, con efectos directos sobre el proceso que enfrenta Nicolás Maduro.
El Cartel de los Soles no nació en una investigación judicial estadounidense ni en un expediente policial internacional. El término apareció en Venezuela en los años noventa, cuando comenzaron a circular denuncias sobre oficiales del Ejército —identificados por los “soles” de sus insignias— involucrados en el paso de cargamentos de droga por territorio venezolano. Con el tiempo, el concepto fue ampliándose hasta convertirse en una etiqueta que englobaba redes de corrupción, protección institucional y tráfico ilícito supuestamente incrustadas en el Estado.
Nunca se ha demostrado públicamente la existencia del Cartel de los Soles como una organización criminal unificada, con jerarquías claras, mando central y estructura comparable a los grandes carteles mexicanos o colombianos. Más bien, se trataría de un conjunto de alianzas informales, oportunistas y cambiantes, articuladas alrededor del poder político y militar.
Esta distinción, aparentemente académica, se ha vuelto crucial en el plano judicial. En el derecho penal estadounidense, probar la existencia de una “empresa criminal” organizada exige estándares de evidencia elevados. No basta con demostrar corrupción sistémica o tolerancia estatal al delito: se requiere mostrar coordinación, mando y participación directa en delitos concretos.
En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un paso sin precedentes al acusar formalmente a Nicolás Maduro y a varios de sus colaboradores de cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. La acusación sostenía que Maduro había “ayudado a gestionar y, en última instancia, liderar” el llamado Cartel de los Soles, presentándolo como una organización criminal que habría conspirado para inundar de cocaína el mercado estadounidense.
Aquella formulación tuvo un fuerte impacto político. Para Washington, reforzaba la narrativa de que el régimen venezolano no solo era autoritario, sino también un actor criminal transnacional. Para Caracas, confirmaba lo que siempre denunció como una estrategia de “lawfare” y criminalización política. En el plano mediático, la idea de un “narcoestado” encabezado por un cartel dirigido desde el Palacio de Miraflores se consolidó rápidamente.
Sin embargo, desde el inicio surgieron dudas entre juristas y analistas. Algunos expertos advertían que la acusación mezclaba lenguaje político con categorías jurídicas difíciles de sostener en un tribunal. Probar que un jefe de Estado lidera personalmente un cartel de drogas es un desafío probatorio mayúsculo, incluso cuando existen indicios de corrupción o protección a redes ilícitas.
El giro del Departamento de Justicia
A comienzos de 2026, el Departamento de Justicia introdujo un cambio significativo en su estrategia legal: retiró de la acusación revisada las referencias explícitas al Cartel de los Soles como una organización criminal estructurada liderada por Nicolás Maduro. El término no desapareció por completo, pero su peso narrativo y jurídico se redujo de manera drástica.
En lugar de describir un cartel con mando central, la nueva formulación habla de una “cultura de corrupción” y de redes que habrían operado con la protección de sectores del poder estatal venezolano. El foco se desplaza desde la existencia de una organización criminal concreta hacia la conducta individual de los acusados y su presunta participación en conspiraciones específicas para el tráfico de drogas.
Este ajuste no implica que Estados Unidos haya retirado los cargos contra Maduro. Los delitos de conspiración para importar narcóticos y de narcoterrorismo siguen vigentes. Lo que cambia es el marco conceptual: la Fiscalía parece haber concluido que sostener la tesis de un cartel formalmente constituido resultaba jurídicamente vulnerable.
El replanteamiento ha sido interpretado de maneras opuestas. Para los críticos de la acusación, la retirada de la referencia al Cartel de los Soles confirma que esa figura fue utilizada durante años más como herramienta política que como categoría penal sólida. Desde esta óptica, el Departamento de Justicia estaría corrigiendo una exageración inicial, consciente de que un juez y un jurado exigirían pruebas mucho más concretas de liderazgo criminal.
Para los fiscales, en cambio, el cambio respondería a una lógica pragmática: concentrarse en los cargos que tienen mayores probabilidades de prosperar en un juicio. En el sistema judicial estadounidense, no es inusual que las acusaciones se ajusten a medida que avanza el proceso, especialmente en casos complejos y de alto perfil internacional.
Medios como The Washington Post han señalado que esta estrategia reduce el riesgo de que la defensa desmonte el caso atacando la propia existencia del cartel. Al centrarse en actos específicos —reuniones, acuerdos, protección de rutas, uso de recursos estatales— la Fiscalía busca un terreno probatorio más manejable.
Impacto en la defensa de Maduro
Para la defensa de Nicolás Maduro, la modificación de la acusación representa una oportunidad política y jurídica. El argumento de que nunca existió un “Cartel de los Soles” como entidad criminal organizada refuerza la tesis de que el caso está motivado políticamente y carece de una base fáctica clara.
Además, al diluirse la idea de liderazgo de un cartel, la defensa puede insistir en la falta de pruebas directas que vinculen personalmente a Maduro con operaciones concretas de narcotráfico. Esto no elimina el riesgo penal, pero sí cambia el tipo de batalla legal: de una acusación simbólicamente demoledora a un litigio técnico sobre hechos específicos.
El ajuste también incide en el debate sobre inmunidad y jurisdicción. Si el caso deja de presentarse como la persecución de un “capo” del narcotráfico y pasa a centrarse en decisiones políticas y administrativas, la línea entre actos oficiales y delitos comunes se vuelve más difusa, un terreno que la defensa puede explotar.
Más allá de los tribunales, la revisión de la acusación tiene implicaciones políticas. Durante años, la figura del Cartel de los Soles sirvió para reforzar sanciones, aislar diplomáticamente a Venezuela y justificar una política de máxima presión. Que el propio Departamento de Justicia rebaje ahora esa narrativa plantea preguntas sobre la coherencia entre el discurso político y la viabilidad jurídica.
Al mismo tiempo, Washington no ha renunciado a la idea de que en Venezuela operan redes criminales con protección estatal. La diferencia es que ahora parece dispuesto a reconocer que esas redes no encajan fácilmente en la categoría clásica de “cartel”, sino en un fenómeno más difuso de corrupción estructural.
Para América Latina, el caso sienta un precedente delicado. Si un líder extranjero puede ser acusado penalmente en Estados Unidos por tolerar o facilitar economías ilícitas sin necesidad de probar la existencia de un cartel formal, el alcance extraterritorial de la justicia estadounidense se amplía considerablemente.
