El Gobierno nacional puso en marcha un mecanismo diferencial en el precio del diésel para vehículos particulares, oficiales y diplomáticos, con el que busca corregir el uso de subsidios, reducir el costo fiscal del FEPC y blindar el transporte público de eventuales impactos en tarifas y precios.
El Ministerio de Minas y Energía formalizó la medida a través del Decreto 1428 de 2025, que redefine quiénes acceden al subsidio al diésel en Colombia. La decisión se enmarca en el proceso de ajuste de las finanzas públicas y en la necesidad de focalizar los apoyos estatales hacia sectores que cumplen una función social directa, como el transporte público de pasajeros y de carga.
Durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) asumió el costo de mantener el precio del diésel por debajo de su valor real para una amplia gama de consumidores. Según el diagnóstico del Gobierno, esto derivó en una distorsión: vehículos de uso particular y oficial, sin impacto directo en el costo de vida de la población, terminaron beneficiándose de un subsidio pensado para proteger el empleo, la producción y la canasta básica.
“El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al explicar el alcance de la decisión. Para el Ejecutivo, proteger al transporte público equivale a contener presiones inflacionarias y garantizar estabilidad en sectores estratégicos de la economía.
Corrección fiscal sin afectar al transporte público
El nuevo esquema establece que el precio del diésel para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial se acerque progresivamente a su valor real de mercado. En contraste, el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido de la medida, una cláusula clave con la que el Gobierno busca evitar aumentos en los precios de los alimentos, las tarifas de transporte y los gastos cotidianos de los hogares.
Desde el Ministerio se insiste en que no se trata de un incremento generalizado del precio del combustible, sino de una corrección en la asignación del subsidio. La narrativa oficial apunta a desmontar la idea de un “alza” y a posicionar la medida como un ajuste técnico para hacer más eficiente el gasto público.
El FEPC, creado para amortiguar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, acumuló en el pasado un elevado costo fiscal. Para el Ejecutivo, mantener subsidios amplios al diésel resultaba insostenible en el mediano plazo y limitaba la capacidad del Estado para financiar otras prioridades sociales.
Aplicación gradual y controlada
La implementación del mecanismo diferencial será gradual y focalizada. En una primera etapa, comenzará en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, donde existe mayor capacidad de control, seguimiento y evaluación de impactos. Esta estrategia permitirá medir los efectos de la medida antes de una eventual ampliación a otros municipios.
El Gobierno considera que esta gradualidad reduce riesgos de desajustes abruptos en el mercado de combustibles y facilita la adaptación de los usuarios que dejarán de recibir el subsidio. Además, ofrece margen para realizar ajustes operativos si se detectan efectos no previstos.
Edwin Palma reiteró que el objetivo central es proteger los recursos públicos y destinarlos a donde “más se necesitan”. En esa línea, el Ejecutivo defiende la medida como una señal de responsabilidad fiscal y de coherencia con su discurso de justicia social.
Con el Decreto 1428, el Gobierno avanza en una política de focalización de subsidios que, aunque puede generar debate entre los sectores afectados, busca equilibrar las cuentas del Estado sin trasladar el impacto al transporte público ni al bolsillo de millones de colombianos.
