El aumento del salario mínimo en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga a cinco millones de pesos, como parte de la convención colectiva, ha generado preocupación entre directivos y usuarios. El reajuste impacta la inversión y podría afectar la estabilidad económica de la empresa estatal. El gerente de la compañía responde.
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) enfrenta un reto financiero significativo tras el incremento del salario mínimo, que pasó de cuatro a cinco millones de pesos mensuales para los trabajadores rasos, en cumplimiento con la disposición nacional que ordena un ajuste general del 23,7%. Este aumento ha generado alarma entre directivos de la compañía y asociaciones de usuarios, al señalar que podría afectar la sostenibilidad y la capacidad de inversión de la entidad.
El gerente general del acueducto, ingeniero Juan Carlos Suárez Muñoz, reconoció la complejidad de la situación. Según declaró, “este aumento no previsto para la empresa, representa una grave alteración de la normalidad económica, porque el incremento se sitúa en un monto equivalente a 4.6 veces el IPC del año 2025, que anunció el DANE en 5,1%”.
Suárez Muñoz explicó que la disparidad entre el crecimiento de los ingresos de la empresa y el reajuste salarial genera un desequilibrio financiero que podría tener repercusiones a mediano plazo. “Es grave el impacto económico que se configura, por efecto de que los ingresos crecen al 5,1% (IPC), pero los salarios al 23% (SMMLV); generando una alteración financiera que afecta profundamente a la empresa, su estabilidad económica y la sostenibilidad futura de la fuente de empleo”, afirmó el gerente.
El aumento salarial no se limita al personal de base. Los ingenieros jefes verán sus sueldos subir de 23 millones a 28,5 millones mensuales, mientras que los gerentes de área pasarán de 30 millones a 37 millones, y el propio gerente general verá su salario incrementarse de 35 millones a 43 millones. En total, el ajuste salarial beneficiará a los 520 empleados de la compañía, quienes verán reflejado un aumento promedio cercano al 24%.
Desde la perspectiva de las finanzas corporativas la empresa, este reajuste representa un desafío para la planificación presupuestal. Un ejecutivo de la empresa señaló bajo condición de anonimato que “este aumento, en cumplimiento de la disposición nacional, mermará la capacidad de inversión del Acueducto Metropolitano”, poniendo en riesgo proyectos de infraestructura y modernización que habían sido programados para los próximos años.
El impacto del aumento no pasa desapercibido para los usuarios. Veedores y asociaciones de consumidores en Bucaramanga advierten que, aunque la empresa no lo haya confirmado públicamente, es probable que la presión financiera derivada de estos incrementos se refleje en las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento. Esto podría traducirse en aumentos graduales o ajustes especiales para compensar la diferencia entre ingresos y egresos.
Históricamente, las convenciones colectivas en empresas públicas buscan equilibrar los derechos laborales con la sostenibilidad económica. Sin embargo, el ajuste del 23,7% supera ampliamente la inflación y los incrementos habituales en el sector. Esto ha llevado a la compañía a solicitar formalmente la revisión de la actual convención colectiva con el gremio sindical, en busca de alternativas que permitan compatibilizar la obligación legal con la viabilidad financiera de la entidad.
“El reto consiste en armonizar el bienestar de los empleados con la estabilidad de la empresa y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía. Debemos garantizar que la empresa pueda continuar operando sin comprometer su sostenibilidad económica”, agregó Suárez Muñoz en su declaración.
Ajustes salariales de este tipo, cuando superan significativamente la inflación y los ingresos reales de la compañía, pueden afectar la inversión en infraestructura, mantenimiento y expansión de servicios. En el caso de la empresa de acueducto, obras estratégicas de modernización, ampliación de redes y renovación de equipos podrían retrasarse si no se encuentran mecanismos que compensen la diferencia entre el aumento de costos laborales y los ingresos de la empresa.
Desde el punto de vista legal, el ajuste salarial cumple con las disposiciones nacionales sobre la convención colectiva y el salario mínimo, por lo que la empresa no tiene margen para negarlo. Sin embargo, la situación plantea la necesidad de revisar los mecanismos de financiamiento y buscar fórmulas de eficiencia interna que permitan absorber el impacto sin comprometer la calidad del servicio.
La situación también ha generado debate entre los usuarios, quienes temen que la presión financiera pueda traducirse en aumentos de tarifa. “Si bien entendemos que los trabajadores deben recibir un salario justo, también esperamos que se mantenga la eficiencia en la prestación del servicio y que los incrementos no recaigan sobre los ciudadanos”, señaló un representante de la Asociación de Usuarios del acueducto.
En respuesta, la empresa ha emitido un comunicado oficial en el que confirma la implementación del reajuste salarial y manifiesta su compromiso con la sostenibilidad del servicio: “La empresa continuará trabajando para garantizar la prestación eficiente y continua del servicio de acueducto y alcantarillado, buscando soluciones financieras que permitan equilibrar los derechos laborales con la estabilidad económica de la entidad”.
El gerente general del AMB enfatizó que la situación requiere diálogo y colaboración entre directivos y sindicatos: “Es necesario revisar la actual convención colectiva y encontrar alternativas que no comprometan la inversión en infraestructura ni la prestación del servicio, asegurando que la empresa pueda cumplir con sus objetivos estratégicos y mantener la confianza de los usuarios”.
