El exalcalde Jaime Andrés Beltrán reaccionó al escándalo por la desaparición de bienes del alumbrado público de Bucaramanga, revelado por una investigación exclusiva de Corrillos. Mientras pide claridad y mira hacia administraciones pasadas, fuentes de la Fiscalía advierten que en los próximos días habrá imputación de cargos.
El escándalo por la desaparición de miles de elementos considerados “inservibles” del sistema de alumbrado público de Bucaramanga entró en una nueva fase tras la reacción del exalcalde Jaime Andrés Beltrán y la advertencia de fuentes de la Fiscalía General de la Nación sobre una inminente imputación de cargos.
La historia fue revelada por una investigación exclusiva por Corrillos, en la que se documenta cómo luminarias, postes metálicos, cables y otros componentes retirados del servicio por deterioro o renovación tecnológica desaparecieron sin que existieran registros claros sobre su destino final.
De acuerdo con la investigación periodística, estos bienes debían ser dados de baja y dispuestos como chatarra bajo protocolos administrativos específicos. Sin embargo, posteriores auditorías de la Contraloría Municipal y revisiones internas hallaron vacíos en los inventarios, bodegas sin control efectivo y ausencia de actas que justificaran la salida de materiales, lo que abrió la puerta a un posible daño fiscal de grandes proporciones.
El informe de Corrillos sostiene que parte de estos “inservibles” nunca llegó a los depósitos oficiales del municipio o salió de ellos sin autorización formal, y que durante años se repitieron prácticas irregulares en el manejo de estos bienes públicos. La investigación periodística es hoy uno de los principales insumos en poder de los entes de control y de la Fiscalía.
En medio de la tormenta política y judicial, el exalcalde Jaime Andrés Beltrán se pronunció públicamente para fijar su posición frente a los hechos. En sus declaraciones al medio regional Vanguardia, aseguró que ha sido insistente ante los organismos de control para que se esclarezca lo ocurrido y se aceleren las investigaciones.
“Hemos sido muy insistentes con los entes de control que están haciendo las investigaciones, no solo para que le den celeridad a las respuestas y claridad a los hechos, porque para mí es muy importante la claridad alrededor de lo que hay detrás de todo esto”, afirmó Beltrán.
El exmandatario fue enfático en deslindar su administración de las irregularidades hoy bajo la lupa judicial. Según su versión, los hechos no corresponden a su periodo de gobierno y la investigación estaría apuntando a decisiones tomadas mucho antes de que él llegara al cargo.
“Esto no fue en la administración de Jaime Andrés Beltrán. Esto hay que empezarlo a mirar hacia atrás, y hacia allá es donde está yendo la investigación. Allá es donde se van a encontrar muchas cosas”, sostuvo el exalcalde.
Beltrán también indicó que durante su paso por la Alcaldía se habrían denunciado prácticas irregulares relacionadas con el manejo del alumbrado público, y que ahora confía en que las autoridades encuentren responsabilidades donde corresponda. Sin embargo, fue prudente al no profundizar más en el tema.
“Lo que van a encontrar alrededor de este tema tiene que ver con muchos años atrás y muchas acciones que se venían dando de manera irregular y que denunciamos en su momento. No puedo hablar más del tema porque hace parte de una investigación”, concluyó.
Sus palabras buscan marcar distancia política y jurídica frente a un escándalo que supuestamente involucra a su esposa Paula Andrea Ramírez Luquerna y a un hermano de ella; lo que ha generado indignación ciudadana. Sin embargo, Beltrán amenaza con salpicar a varios funcionarios y contratistas de distintas administraciones.
La investigación de Corrillos puso en evidencia no solo la desaparición física de bienes, sino un patrón sistemático de desorden administrativo, falta de controles y posible connivencia entre servidores públicos y particulares para extraer material que, aunque catalogado como “inservible”, tenía valor económico en el mercado de chatarra y reciclaje. El caso ha sido interpretado por veedurías ciudadanas como un ejemplo de cómo la corrupción puede esconderse durante años en procesos aparentemente menores, como el manejo de inventarios o la disposición de residuos tecnológicos.
Mientras tanto, fuentes de la Fiscalía General de la Nación advirtieron que el expediente ya se encuentra en una fase avanzada y que en los próximos días se realizaría la imputación de cargos contra personas presuntamente involucradas en estas irregularidades. Aunque oficialmente no se han revelado nombres, los delitos que se estarían evaluando incluyen peculado por apropiación, falsedad en documento público y eventual concierto para delinquir. La Fiscalía también analiza la posible responsabilidad de funcionarios que habrían permitido la salida irregular de los bienes o que omitieron sus deberes de control y vigilancia.
La eventual imputación de cargos marcaría un avance en el caso, pues pasaría de la etapa de indagación preliminar a un escenario judicial en el que se individualizarían responsabilidades penales concretas.
En ese contexto, la reacción del exalcalde Beltrán se interpreta como un intento de anticipar su defensa política ante un proceso judicial que podría tocar a actores de distintos periodos de gobierno. Por ahora, lo único claro es que la investigación periodística de Corrillos destapó una trama que permaneció oculta durante años y que hoy tiene en jaque a la administración pública local.
Mientras la Fiscalía se prepara para formular imputación de cargos, Bucaramanga espera respuestas concretas sobre quiénes se beneficiaron de la desaparición de los “inservibles”, cuánto dinero público se perdió realmente y por qué los sistemas de control fallaron durante tanto tiempo.
