En medio de intensos cruces de poder en el Gobierno de Gustavo Petro, emisarios de dos capos del narcotráfico habrían ofrecido “caletas e información” al saliente ministro de Justicia, Andrés Idárraga, presuntamente a cambio de beneficios judiciales, generando una polémica que toca la seguridad nacional y la integridad del Estado.
En las últimas semanas, la política colombiana se ha visto sacudida por una investigación periodística que revela presuntas gestiones de emisarios de narcotraficantes ante altos funcionarios del Gobierno nacional. Mensajes reservados vinculan al saliente ministro de Justicia, Andrés Idárraga, con contactos indirectos de capos que ofrecían información y supuestas “caletas” —lugares donde se ocultan armas y elementos probatorios— a cambio de beneficios judiciales.
El contexto de estas revelaciones ocurre en un momento crítico: Colombia se prepara para una cumbre internacional en Washington entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, centrada en temas como extradición y control de narcóticos, especialmente el fentanilo. En ese escenario, la supuesta vinculación del ministro con emisarios de la criminalidad organizada complica aún más la narrativa oficial frente a aliados internacionales.
Además, estas gestiones salen a la luz en medio de tensiones internas dentro del gabinete, donde Idárraga habría tenido enfrentamientos con colegas como el ministro de Defensa y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y también ha denunciado presuntos seguimientos e interceptaciones de sus comunicaciones por parte de otros funcionarios gubernamentales.
La investigación revelada por El Tiempo identifica a dos narcotraficantes cuyos emisarios habrían intentado acercarse a la Secretaría de Transparencia, dependencia a cargo de Idárraga, con propuestas que podrían favorecer sus procesos judiciales en Colombia.
El primero de ellos es Juan José Valencia Zuluaga, alias ‘Falcón’, considerado cabecilla financiero del Clan del Golfo, uno de los grupos criminales más notorios del país. Según la información, alias Falcón ya pagó una pena en Estados Unidos y se espera su regreso a Colombia. A través de intermediarios habría ofrecido colaborar con las autoridades proporcionando la ubicación de caletas con armas o información sensible, presuntamente a cambio de concesiones en su situación legal.
El segundo es Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias ‘Fortuna’, descrito como un capo de perfil más bajo, que fue deportado tras cumplir condena en Estados Unidos y recapturado en septiembre de 2025 en Colombia por delitos relacionados con enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Asimismo, sus emisarios habrían intentado establecer canales de diálogo para ofrecer información a cambio de beneficios procesales.
Fuentes sugieren que estas gestiones habrían ocurrido en oficinas vinculadas al Ministerio de Justicia y la Secretaría de Transparencia, aunque no está del todo claro si fueron canalizadas formalmente o en qué medida el Ministerio actuó con conocimiento pleno de estas propuestas.
La versión de Idárraga y defensa de la gestión
Frente a estas acusaciones, el ministro Andrés Idárraga ha mantenido una defensa basada en seguir “el conducto oficial” en todas sus actuaciones. Él ha señalado que su conocimiento sobre caletas —como la reportada en Santa Marta y supuestamente vinculada con un funcionario del narcotráfico— fue transmitido a las instancias pertinentes, incluyendo la Presidencia de la República, la Fiscalía y otros organismos de seguridad, como corresponde a sus responsabilidades de ministro.
Idárraga también ha señalado que no tuvo participación directa ni autoridad sobre ciertos nombramientos en entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), aunque fuentes en Casa de Nariño habrían cuestionado gestiones relacionadas con cambios de depositarios de bienes incautados en el Valle del Cauca, señalando que ciertos movimientos podrían beneficiar indirectamente a alias Falcón o alias Fortuna.
Asimismo, la defensa del ministro indica que la entrega de la información sobre caletas se realizó dentro de los parámetros legales y que el supuesto contacto con emisarios de narcotraficantes no implicó acuerdos o concesiones que violaran la legalidad. Sin embargo, esta explicación no ha disipado todas las dudas, sobre todo en sectores del Gobierno y de la opinión pública preocupados por la integridad de las instituciones.
