El presidente Gustavo Petro aseguró que un alto oficial de la Policía intentó sabotear su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, supuestamente colocando drogas en su vehículo presidencial. La acusación ha generado un fuerte debate político y pone en entredicho la seguridad institucional y las relaciones diplomáticas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una polémica acusación contra un alto mando de la Policía Nacional, a quien señaló de intentar sabotear su histórica reunión del pasado 3 de febrero con el presidente de Estados Unidos Donald Trump. El jefe de Estado afirmó que el supuesto plan consistía en poner sustancias psicoactivas en su vehículo presidencial con el fin de afectar su estado y, por ende, el desarrollo del encuentro bilateral en la Casa Blanca.
La revelación se produjo durante un consejo de ministros celebrado en Montería (Córdoba), donde Petro vinculó la denuncia con una cadena de presuntas amenazas contra su vida y su agenda presidencial. Según el mandatario, esta situación evidencia un intento por obstaculizar no solo su seguridad personal, sino también los avances en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.
El general Edwin Urrego, señalado por Petro como el presunto responsable de la maniobra, fue relevado de su cargo, aunque el presidente no presentó públicamente evidencias concretas que respalden la acusación. Urrego, excomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y con una larga trayectoria en la institución, negó categóricamente cualquier implicación y afirmó que no ha sido notificado de investigación alguna.
Lo que dijo Petro y la respuesta del general señalado
Durante su intervención en el consejo de ministros, el presidente anunció que había retirado de la Policía a un general por una supuesta conspiración contra él, describiendo la acción como parte de un patrón más amplio de ataques y amenazas. “Alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, afirmó Petro, sugiriendo que se trató de un intento deliberado de “destruir la reunión con Trump”.
Petro también vinculó esta situación con hechos judiciales como el allanamiento de la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, en noviembre de 2025, lo que, según él, forma parte de un entramado político destinado a debilitar su liderazgo y sus iniciativas diplomáticas.
Frente a las acusaciones, Edwin Urrego salió a defender su honor y su trayectoria. En entrevistas con medios nacionales, el general negó rotundamente cualquier participación en un complot, calificando las acusaciones como “total desinformación” y ajenas a la realidad. Insistió en que nunca recibió notificación de investigación alguna y que su actuación siempre ha estado alineada con la legalidad y el deber institucional.
Urrego incluso expresó su disposición a someterse a investigaciones más exhaustivas, incluyendo pruebas con polígrafo, para demostrar su inocencia. Asimismo, anunció la posibilidad de emprender acciones legales para proteger su reputación, argumentando que las declaraciones del presidente tienen “trascendencia penal”.
Mientras el general señalado rechaza las acusaciones y exige pruebas, el presidente sostiene que la maniobra formaba parte de un objetivo más amplio para debilitar su gestión. En medio de esta disputa, las implicaciones diplomáticas y las tensiones internas prometen continuar marcando la agenda política del país.
