El asesinato de un niño de nueve años a manos de su padre reabrió el debate sobre la violencia vicaria en Colombia, una forma extrema de agresión machista que usa a los hijos para dañar a las mujeres y que hoy permanece sin legislación específica ni registros oficiales.
El 21 de enero de 2026, tras cuatro días de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de un niño de nueve años junto al cuerpo de su padre. Días antes, el hombre había lanzado una amenaza que hoy resuena con crudeza: “Mataré al niño para hacerte sufrir”. El caso estremeció al país, pero también reactivó una discusión que lleva años en silencio: la violencia vicaria.
Aunque para muchos colombianos el término aún resulta desconocido, psicólogos, juristas y organizaciones sociales lo utilizan desde hace más de una década para describir una forma de violencia de género en la que el agresor ataca a los hijos, familiares o seres cercanos de una mujer con el fin de causarle daño emocional. En su expresión más extrema, puede derivar en filicidio, pero también se manifiesta en amenazas, manipulación, secuestro parental, maltrato a mascotas o instrumentalización de los niños en procesos judiciales.
La psicóloga argentina Sonia Vaccaro, quien acuñó el concepto, ha explicado que “en la violencia vicaria existe una historia previa de maltrato y surge, de forma particularmente cruel, tras una separación o divorcio”. Esa idea se repite en los casos documentados en Colombia, donde muchas mujeres relatan que la agresión se intensifica cuando deciden terminar la relación o iniciar procesos legales por custodia.
En el país, sin embargo, esta forma de violencia no está tipificada como delito ni cuenta con estadísticas oficiales. Según organizaciones sociales como la Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria, se registraron más de 3.000 casos en 2024, una cifra que revela la magnitud del fenómeno pese a la ausencia de datos estatales.
Para la abogada Yamile Roncancio, experta en derechos humanos de las mujeres y las niñas, el problema es estructural. En entrevista con este medio, señaló que “la violencia vicaria es también violencia contra la niñez, pues son los hijos e hijas las principales víctimas”. Añadió que la falta de reconocimiento jurídico impide dimensionar la gravedad del fenómeno y limita la capacidad del Estado para prevenirlo.
El vacío legal se traduce en impunidad. Actualmente, los casos se investigan bajo figuras como homicidio, violencia intrafamiliar o sustracción de menores, pero ninguna de ellas recoge la intencionalidad de causar daño a la madre a través de terceros. Para las organizaciones feministas, esta omisión invisibiliza el componente de género y dificulta el diseño de políticas públicas.
En respuesta a esta realidad, en el Congreso de la República cursa desde 2024 el proyecto conocido como Ley Gabriel Esteban, presentado por la senadora Nadia Blel. La iniciativa busca crear los delitos de homicidio vicario y violencia vicaria, además de establecer mecanismos para el registro estadístico y la prevención. El nombre de la ley honra a un niño asesinado por su padre en 2022, un caso que marcó la agenda pública sobre este tema.
El proyecto propone sancionar penalmente a quien utilice a hijos u otros seres cercanos para infligir daño psicológico a la mujer, y contempla que la violencia vicaria también puede ejercerse contra el padre en contextos de violencia intrafamiliar. No obstante, su trámite avanza con lentitud y enfrenta el riesgo de hundirse por falta de debates antes del cierre del actual periodo legislativo.
Paralelamente, en 2024 la representante Alexandra Vásquez radicó una iniciativa para modificar la Ley 1257 de 2008 e incluir la violencia vicaria como una forma de violencia de género. A diferencia del proyecto de Blel, este tenía un enfoque explícitamente feminista y buscaba fortalecer las rutas de atención y prevención. Sin embargo, la propuesta fue archivada por demoras en el trámite legislativo.
Para diversas juristas, el riesgo es que el país pierda nuevamente la oportunidad de legislar sobre el tema. “A cuatro meses del cierre del Congreso, el proyecto necesita superar dos debates restantes. El calendario electoral no ayuda y la experiencia muestra que pocos proyectos logran aprobarse en estos periodos”, advierten expertas consultadas.
Más allá de la discusión jurídica, las historias de las víctimas revelan la dimensión humana del problema. Es el caso de Laura Posada, una colombiana que desde hace diez meses no ve a su hijo de tres años. El menor viajó a Francia con su padre con un permiso temporal de cuatro meses, pero nunca regresó. La mujer revocó la autorización y emprendió un litigio internacional para recuperar al niño, sin resultados hasta ahora.
“Mi hijo me pregunta cuándo volverá a verme”, relató Posada en redes sociales y medios de comunicación. Su caso evidencia otra de las formas de violencia vicaria: la sustracción internacional de menores con fines de castigo emocional hacia la madre.
Para Roncancio, estos casos están atravesados por lo que denomina violencia institucional. “Tiene un refugio, una cobija que facilita que exista, y es la violencia institucional”, afirma. La abogada explica que muchas mujeres enfrentan revictimización, demoras en la justicia, desconocimiento de rutas de atención y, en ocasiones, acoso judicial por parte de sus agresores.
“Cuando hay una acción omisiva del Estado que ignora los marcos legales para proteger a las mujeres y niños, o cuando no se aplican estándares internacionales de investigación, no hay cómo proceder”, insiste la jurista.
El panorama colombiano contrasta con avances en otros países de la región. En México, Argentina y Costa Rica ya se han aprobado reformas para reconocer y sancionar la violencia vicaria. En España, el debate también ha ganado terreno, con discusiones sobre la suspensión de visitas a padres con antecedentes de violencia de género y el fortalecimiento de medidas de protección para menores.
Expertas coinciden en que cualquier legislación debe poner en el centro a la niñez. “La protección de los niños y niñas debe ser la columna vertebral de cualquier norma”, señalan organizaciones de víctimas en Europa, donde se discute cómo garantizar medidas efectivas para evitar que los menores sean utilizados como instrumentos de violencia.
En Colombia, la falta de estadísticas oficiales agrava el problema. Aunque existen registros de feminicidios y violencia intrafamiliar, no hay una base de datos que permita identificar casos de violencia vicaria. Esto dificulta la formulación de políticas públicas y la asignación de recursos para la atención de víctimas.
El fenómeno se suma a otras deudas históricas del país en materia de violencia de género. Solo recientemente se aprobó una ley para proteger a los huérfanos por feminicidio, y organizaciones de mujeres denuncian que las víctimas de tentativa de feminicidio siguen enfrentando revictimización institucional. A ello se suma la ausencia de un registro oficial consolidado de feminicidios, una tarea que hoy asumen organizaciones de la sociedad civil.
En ese contexto, la violencia vicaria aparece como una expresión más de un sistema que aún no logra garantizar la protección integral de las mujeres y la niñez. Mientras el debate legislativo avanza lentamente, las víctimas continúan enfrentando el problema sin herramientas suficientes.
Para las organizaciones feministas, la urgencia es clara: reconocer el fenómeno, tipificarlo, generar estadísticas y fortalecer las rutas de atención. “Nombrar la violencia es el primer paso para combatirla”, repiten.
