La capital registra un incremento alarmante de denuncias por violencia intrafamiliar en 2026, con casi 9.000 casos en dos meses. Autoridades y expertas advierten que el fenómeno combina factores estructurales, culturales y económicos, mientras persisten fallas institucionales que dificultan la protección efectiva de las víctimas.
El inicio de 2026 encendió las alarmas en Bogotá. En apenas dos meses, la capital colombiana acumuló 8.999 denuncias por violencia intrafamiliar, según cifras de la Policía, un promedio de 152 casos diarios que evidencia no solo la magnitud del fenómeno, sino su persistencia en el tiempo. El incremento del 37,8% frente al mismo periodo del año anterior plantea una pregunta de fondo: ¿está creciendo la violencia o, por el contrario, se está denunciando más?
Más allá del dato inmediato, la tendencia no es nueva. Desde 2022, las denuncias han mantenido una curva ascendente, con un pico significativo en 2025, el más alto desde 2003. Este comportamiento ha obligado a las autoridades a revisar tanto las causas estructurales del problema como la capacidad institucional para enfrentarlo.
Uno de los rasgos más preocupantes es la marcada desigualdad de género. Las mujeres representan el 70% de las víctimas, lo que confirma que la violencia intrafamiliar no es un fenómeno neutro. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, entre enero y febrero de este año se registraron 8.418 delitos contra mujeres, de los cuales 6.126 corresponden a violencia dentro del hogar.
Para las expertas, estas cifras no pueden leerse de forma aislada. “Es un fenómeno multicausal”, explica Juliana Sánchez, subsecretaria técnica de Integración Social. “Atraviesa factores sociales, culturales y económicos, y en muchos casos persisten patrones que normalizan formas de violencia, especialmente psicológica y económica”.
Ese componente cultural sigue siendo determinante. En palabras de Ana Buriticá, directora del Observatorio de Mujeres, las cifras están atravesadas por “desigualdades estructurales entre hombres y mujeres y relaciones de poder históricamente desiguales”. Esta lectura sugiere que el problema no se limita a episodios individuales, sino que responde a dinámicas profundamente arraigadas en la sociedad.
Sin embargo, uno de los mayores desafíos sigue siendo la brecha entre lo que se denuncia y lo que realmente ocurre. Un informe de la Secretaría de la Mujer estimó que, mientras entre 2020 y 2021 se registraron cerca de 53.000 denuncias, el número real de casos pudo haber alcanzado los 404.000. Esta “cifra oculta” revela un subregistro significativo que distorsiona la dimensión real del fenómeno.
Las razones de esta brecha son múltiples. La pobreza, la dependencia económica y la falta de redes de apoyo dificultan que muchas mujeres denuncien. A esto se suma el hecho de que las violencias tempranas —como el control, la manipulación o el maltrato psicológico— no siempre son reconocidas como señales de riesgo. “Muchas mujeres no identifican estas formas de violencia o temen denunciar”, señala Sánchez.
El debate sobre si el aumento responde a un crecimiento real de la violencia o a un mayor número de denuncias sigue abierto. Desde la institucionalidad, se reconoce que ambas dinámicas pueden coexistir. Por un lado, hay más conciencia ciudadana y mayor disposición a denunciar; por otro, persisten condiciones estructurales que alimentan la violencia.
En los últimos años, la administración distrital ha impulsado estrategias para facilitar el acceso a la justicia. Entre ellas, el fortalecimiento de las comisarías de familia, consideradas la principal puerta de entrada para estos casos, y la ampliación de los sistemas de registro. Según Sánchez, estos cambios metodológicos buscan “ampliar el universo de registro” y reducir el subregistro histórico.
No obstante, las limitaciones institucionales siguen siendo evidentes. Karol Martínez, directora de la Clínica Jurídica de Violencia Intrafamiliar y Género de la Universidad del Rosario, advierte que el aumento en las denuncias no necesariamente se traduce en soluciones efectivas. “Muchas mujeres denuncian, pero no siempre reciben medidas de protección, o si las reciben, el agresor incumple y la violencia se repite”, afirma.
Parte del problema radica en la forma en que se clasifica la violencia. Bajo la categoría de violencia intrafamiliar se agrupan situaciones muy diversas, lo que puede diluir la especificidad de la violencia de género. “Todo se mete bajo la sombrilla de la familia”, explica Martínez, lo que puede llevar a que casos de violencia sistemática contra mujeres sean tratados como simples conflictos familiares.
Esta clasificación tiene consecuencias prácticas. Cuando la violencia se interpreta como un conflicto doméstico y no como una agresión basada en género, las medidas de protección pueden ser insuficientes o inadecuadas. Además, la dificultad para probar violencias no físicas —como la psicológica o la económica— limita la capacidad de respuesta de las autoridades.
La aplicación del enfoque de género, aunque respaldada por la ley, es desigual. La normativa vigente establece que las comisarías de familia deben actuar bajo este enfoque, pero en la práctica persisten vacíos. “Es un problema estructural de formación y capacidad institucional”, señala Martínez, quien también advierte sobre la sobrecarga de los equipos encargados de atender estos casos.
La violencia intrafamiliar, además, tiene un carácter progresivo. Suele iniciar con formas sutiles que no son percibidas como peligrosas y escalar gradualmente. Para cuando se reconoce el riesgo, este puede ser alto. En este contexto, la violencia psicológica aparece como la más frecuente. Solo en 2025 se registraron más de 33.000 casos con víctimas mujeres, superando ampliamente otras formas de agresión.
El hogar, paradójicamente, es el principal escenario de estos hechos. Cerca del 79% de los casos ocurre en la vivienda, lo que refuerza la idea de que el espacio doméstico no siempre es seguro. Esta realidad se agrava en contextos de precariedad habitacional, donde las víctimas tienen menos opciones para abandonar el entorno de violencia.
La violencia económica es otro componente clave, aunque menos visible. “Muchas mujeres no denuncian porque comparten bienes con el agresor, como la vivienda”, explica Martínez. Esta dependencia material puede perpetuar el ciclo de violencia y dificultar la toma de decisiones.
En los casos más extremos, este continuo de violencias puede derivar en feminicidio. Estudios recientes en Bogotá muestran que casi la mitad de estos crímenes estuvieron precedidos por múltiples formas de violencia, lo que evidencia la importancia de intervenir en etapas tempranas.
Frente a este panorama, las respuestas institucionales han comenzado a diversificarse. Además de la atención a víctimas, se han implementado programas dirigidos a agresores con el objetivo de prevenir la reincidencia. Sin embargo, las expertas coinciden en que estas medidas son insuficientes si no se abordan las causas estructurales del problema.
La autonomía económica y la estabilidad residencial emergen como factores de protección clave. En contraste, la exclusión social y la precariedad aumentan el riesgo. Este vínculo entre condiciones materiales y violencia evidencia que el fenómeno no puede entenderse únicamente desde el ámbito jurídico.
En última instancia, el desafío es transformar las condiciones que permiten la persistencia de la violencia. “Las normas existen, pero sin un enfoque de género real en la sociedad y en las instituciones, la violencia va a seguir ocurriendo”, concluye Martínez.
El aumento de las denuncias en Bogotá no solo refleja una crisis, sino también una oportunidad. La visibilización del problema puede ser el primer paso para enfrentarlo, siempre que vaya acompañada de respuestas integrales que garanticen protección, justicia y, sobre todo, prevención.
