En las últimas semanas, Colombia ha sido sacudida por un terremoto mediático y social: las denuncias de acoso sexual contra figuras emblemáticas de la televisión y los medios públicos. Lo que emerge es una herida profunda de injusticia, silencio, doble moral y un sistema que juzga antes de garantizar justicia.
Por: Juvenal Bolívar/ El desmoronamiento de la muralla de silencio en los medios de comunicación colombianos no fue una explosión fortuita, sino la erupción de décadas de impunidad, encubrimiento y complicidad. El 24 de marzo de 2026, el canal privado Caracol Televisión decidió terminar el vínculo laboral con dos de sus presentadores más reconocidos: Jorge Alfredo Vargas, con más de 20 años de trayectoria en el noticiero estelar, y Ricardo Orrego, luego de que varias periodistas denunciaron públicamente presuntos casos de acoso sexual dentro de la organización. Estas salidas, relatadas por múltiples medios, han sido presentadas por el canal como medidas preventivas, no como juicios definitivos sobre culpabilidad.
La decisión de Caracol no fue un acto de valentía judicial, sino la respuesta desesperada a la presión social que emergió en redes bajo hashtags como #YoTeCreoColega y #MeTooColombia, donde decenas de mujeres periodistas compartieron relatos de experiencias traumáticas, muchas de ellas silenciadas durante años por el estatus y poder de quienes hoy enfrentan denuncias.
Mientras tanto, en el sistema de medios públicos RTVC, la respuesta oficial ha sido otra: negar la existencia de denuncias formales de acoso sexual dentro de su estructura. Sin embargo, el caso de su gerente, Hollman Morris, ha estado en el ojo del huracán desde hace años, con señalamientos tanto de acoso laboral como sexual que se remontan a periodos anteriores a su cargo actual. Aunque RTVC afirma no tener procesos contra él dentro de la entidad, congresistas del Pacto Histórico han pedido su retiro en medio de estos señalamientos, y la Fiscalía ha reasignado su caso para un enfoque de género más riguroso.
Los hechos no son un capítulo aislado, sino la confirmación de una dolencia estructural: en Colombia, el acoso sexual y la violencia de género no son exclusividad de un medio, una iglesia o una universidad —son síntomas de una cultura que legitima el abuso, silencia a las víctimas y protege a quienes tienen poder.
En los entornos laborales, el acoso sexual se manifiesta como una forma vil de abuso de poder. Cuando un superior, padrino o gerente utiliza su posición para exigir favores sexuales a cambio de una promoción, contrato o simple reconocimiento profesional, no se trata de una insinuación banal, sino de una extorsión emocional y económica. Lo que ocurre en los pasillos, oficinas y sets de televisión es apenas la superficie de un problema que se replica en empresas, instituciones públicas y privadas por igual.
La política tampoco escapa a esta dinámica perversa. Cuántos casos no se cuentan —aunque rara vez se denuncian formalmente— donde “el padrino” condiciona favores o cargos a favores sexuales. Mujeres jóvenes, con aspiraciones de construir una carrera pública, son presionadas a ceder ante un chantaje implícito disfrazado de “oportunidad”. Este escenario no es solo moralmente repugnante sino una tragedia para la democracia y la ética política.
En las iglesias, un espacio que debería ser refugio espiritual y moral, también brotan las llagas del abuso. Pastores o líderes que predican valores de respeto y pureza, paradójicamente se aprovechan de su posición de autoridad para manipular, presionar y, en algunos casos, exigir favores de jóvenes fieles bajo el manto del consejo espiritual. El narcicismo de poder religioso que seduce con promesas y luego exige sumisión es otra cara del mismo patriarcado que permite que el acoso prospere.
El problema se extiende a colegios y universidades donde docentes, aprovechando su autoridad académica, convierten el salón de clases en un terreno de abuso de poder. Estudiantes vulnerables, preocupadas por su futuro académico, pues sus notas, prácticas o referencias dependen de quienes las evaluarán, muchas veces callan por miedo a represalias o estigmatización, permitiendo que la violencia continúe invisible.
Sin embargo, es imprescindible señalar que la dinámica del acoso no siempre tiene un solo rostro ni una sola dirección. También existen situaciones en las que estudiantes, subalternas o militantes partidarias utilizan su imagen, insinuaciones o videos explícitos para influenciar decisiones, presentándolo como “amor” o “relación consensuada”. Aquí, la justicia y la equidad parecen desvanecerse. Cuando la denunciante no encaja en el molde tradicional de víctima, la sociedad, los medios y el sistema legal a menudo relativizan, minimizan o ridiculizan la situación, aplicando una doble vara que profundiza la injusticia.
Este doble estándar no solo lacera a quienes sufren el abuso, sino que socava la credibilidad de las denuncias genuinas. En Colombia, las mujeres suelen ser consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario; sin embargo, en la práctica judicial y mediática, el hombre señalado por acoso vive bajo la sombra de la culpabilidad anticipada, siendo juzgado frente a las cámaras y redes sociales antes de ser escuchado en un tribunal. Al mismo tiempo, cuando las acusaciones provienen de mujeres con poder o influencia, la justicia parece menos severa, más indulgente o abierta al escepticismo social.
La justicia colombiana se encuentra en una encrucijada: por un lado, debe proteger a las víctimas de violencia de género y garantizar que se escuchen sus denuncias sin miedo a represalias; por otro, no puede ceder a la presión de juicios públicos precipitados ni aplicar un enfoque sesgado que criminalice sin evidencia. El equilibrio entre creer y verificar es delicado, pero indispensable si se quiere una sociedad que realmente combata el acoso y la violencia de género de manera efectiva y justa.
El escándalo en los medios ha abierto una herida que ya no puede cerrarse con eufemismos ni comunicados institucionales. Las voces de mujeres periodistas que han alzado la voz no pueden ser silenciadas de nuevo con explicaciones tibias o protocolos mal aplicados. Este despertar —mucho más allá de Caracol o RTVC— es una llamada de atención: el país debe confrontar su relación con el poder, el género y la justicia.
Las instituciones —desde la Fiscalía hasta los gremios profesionales y sindicatos— tienen la responsabilidad de garantizar investigaciones imparciales, protección a denunciantes, sanciones proporcionales cuando corresponde y un marco jurídico que no se convierta en un arma de venganza ni en una trampa de impunidad.
Colombia tiene que decidir si quiere seguir siendo un país donde el silencio y la complicidad protegen a los poderosos, o uno donde la dignidad humana se respeta, las leyes se aplican con equidad y la sociedad aprende a distinguir entre denuncia legítima y linchamiento mediático. El acoso no debe darse en ninguna forma ni contexto, pero tampoco la injusticia a través de juicios anticipados y equilibrios rotos. Si no enfrentamos la doble moral, seguiremos repitiendo los mismos errores, y las víctimas —todas ellas, sin excepción— seguirán pagando un precio demasiado alto.
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*Comunicador Social, MBA con concentración en Marketing Digital, Diplomado en Marketing Político y docente universitario.
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