Tras la anulación de su elección por doble militancia, el exalcalde de Concepción (Santander), Eduar Abril Borrero, volvió a inscribirse como candidato para las elecciones atípicas de abril, desatando un debate jurídico y político sobre su posible reelección y la validez de su aspiración.
La política local en Concepción atraviesa un nuevo episodio de controversia institucional tras la decisión del exalcalde Eduar Abril Borrero de volver a aspirar al cargo, luego de que su elección fuera anulada por incurrir en doble militancia. El caso ha reabierto el debate sobre los límites legales de la participación política y las lagunas normativas en procesos electorales atípicos.
La anulación de la elección de Abril fue confirmada por el Consejo de Estado, que dejó en firme la decisión del Tribunal Administrativo de Santander. En su fallo, se determinó que el entonces alcalde apoyó candidaturas de otros partidos durante las elecciones de 2023, pese a haber sido avalado por la Alianza Verde, lo que constituye una violación al régimen de partidos.
Sin embargo, lejos de apartarse del escenario político, Abril optó por reinscribirse como candidato para las elecciones atípicas convocadas tras su salida del cargo. Esta vez lo hizo con el respaldo del Partido Conservador, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reelección inmediata, prohibida en Colombia para alcaldes.
El propio exmandatario ha defendido su decisión argumentando que, tras la anulación de su elección, dejó de ostentar el cargo y recuperó su condición de ciudadano común. “El día 13 de febrero yo ya no ostentó esta investidura, lo que me permite avalarme por cualquier partido político, porque soy un ciudadano común y corriente”, afirmó.
El proceso electoral, programado para el 19 de abril, busca elegir a quien culminará el periodo constitucional hasta 2027. En este contexto, la inscripción de Abril fue aceptada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que, según expertos, cumple una función meramente administrativa en la recepción de candidaturas.
Analistas coinciden en que la Registraduría no tiene competencia para evaluar de fondo posibles inhabilidades. Esa responsabilidad recae en el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que podría revocar candidaturas si encuentra irregularidades. No obstante, hasta el momento no se ha presentado ninguna solicitud formal para revisar la inscripción de Abril.
El debate jurídico se centra en dos puntos clave. Por un lado, si la anulación de la elección implica que nunca ejerció legítimamente el cargo, lo que le permitiría aspirar nuevamente sin incurrir en reelección. Por otro, si su cambio de partido constituye una nueva forma de doble militancia.
Desde una perspectiva crítica, algunos expertos consideran que el exalcalde sí estaría inhabilitado. Argumentan que su aspiración podría interpretarse como una reelección encubierta, además de reincidir en prácticas que vulneran la disciplina de partidos. Este tipo de interpretaciones, señalan, responden a vacíos legales que han sido aprovechados en otros municipios del país.
Casos similares han ocurrido en Oiba y Girón, donde decisiones del CNE han sido cuestionadas por no intervenir oportunamente en situaciones de presuntas inhabilidades. Estas precedentes han alimentado la percepción de una institucionalidad electoral fragmentada y, en ocasiones, ambigua.
En contraste, la defensa de Abril sostiene que no existe impedimento legal para su candidatura. El abogado Carlos Leonardo Hernández aseguró que la normativa vigente, particularmente la Ley 1475, establece condiciones específicas para configurar la doble militancia que no se cumplirían en este caso.
“Él no tiene ningún impedimento, no tiene ninguna inhabilidad por doble militancia. La ley 1475 es clara… Este no es el caso. A Eduar Abril Borrero le anularon su elección… lo que quiere decir que automáticamente pasa a ser un ciudadano común y corriente”, explicó el jurista.
La defensa también enfatiza que Abril renunció formalmente a su militancia en el Partido Verde el 5 de marzo, antes de solicitar el aval del Partido Conservador. Este movimiento, según su equipo jurídico, se ajusta a la legalidad y le permite participar sin restricciones en las elecciones atípicas.
Más allá del debate legal, el caso tiene implicaciones políticas relevantes. La candidatura de Abril cuenta con apoyos dentro del conservatismo regional, incluyendo figuras cercanas al gobernador Juvenal Díaz Mateus y a su hermano, el recién elegido senador, Luis Eduardo Díaz Mateus. Este respaldo podría influir significativamente en el resultado electoral, en un municipio donde las redes políticas locales tienen un peso determinante.
No obstante, la polémica también ha generado inquietudes entre los ciudadanos sobre la transparencia del proceso y la confianza en las instituciones. La posibilidad de que un funcionario retirado por irregularidades regrese al poder plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control electoral.
El calendario avanza sin que, hasta ahora, el CNE haya intervenido. La ausencia de una decisión de fondo mantiene en incertidumbre el proceso, mientras se acerca la fecha de votación. En este escenario, el desenlace dependerá no solo de las urnas, sino también de eventuales acciones jurídicas que puedan surgir en los próximos días.
Así, Concepción se convierte nuevamente en escenario de un debate nacional sobre la interpretación de las normas electorales y la necesidad de fortalecer los controles institucionales. El caso de Eduar Abril Borrero no solo define una contienda local, sino que pone a prueba la coherencia del sistema democrático colombiano frente a sus propias reglas.
