Entre las discusiones que más emociones suscitan se encuentra la del futuro de las pensiones, pero pocos se atreven a involucrar en el debate a los grupos de cotizantes y jubilados que pertenecen a los regímenes especiales como la fuerza pública, el magisterio, los funcionarios del Estado y al mismo presidente, pese a que son las mesadas que más cuestan.
Gracias a los beneficios que históricamente han obtenido, estos afiliados han acapararon más del 70% de los recursos (39 billones de pesos) que se destinaron este año en el Presupuesto General de la Nación para cubrir el déficit pensional.
Pese a no ser un tema central en la discusión, especialistas han alertado de manera permanente que no considerarlos haría cometer los errores de la reforma que trajo la Ley 100 de 1993 —no logró su objetivo de incluir a más colombianos al sistema ni el de detener el alto costo pensional. Por el contrario, el déficit aumentó en las últimas décadas—.
La compleja situación
En el grupo de regímenes especiales se encuentran los empleados que siguieron recibiendo tratamiento privilegiado después de la Ley 100, como militares, policías, el presidente, altos funcionarios del Estado, el magisterio y los empleados de Ecopetrol.
Estos grupos se han modificado y en la actualidad solo los militares, los policías y el presidente siguen manteniendo el carácter de exceptuados, tanto para los nuevos aportantes como para quienes ya han logrado retirarse.
En Ecopetrol ya no hay tantos, porque los nuevos trabajadores pasaron al régimen general. En el magisterio, dado que se iba a quebrar el fondo, en el 2005 se aceptó que los nuevos entraran al régimen general; por lo que quienes están en el especial son los que entraron antes de esta fecha.
En ese grupo también se consideran los altos funcionarios del Estado (congresistas, magistrados, fiscales, entre otros) que mantuvieron los privilegios durante la transición de la Ley 100 y que alcanzaron a jubilarse con mesadas especiales y onerosas antes de lo establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005, que los eliminó definitivamente.
En el informe de actividades entregado al Congreso de la República por el Ministerio del Trabajo este año se detalla que en Colombia hay 2.294.110 pensionados; de los cuales 376.692 pertenecen a los regímenes de excepción, lo que quiere decir que este grupo representa el 16,42% del total.
Bonilla estima, con base en los datos que suministró el Ministerio de Hacienda para calcular el gasto en pensión de este año, que unas 800.000 personas reciben mesadas privilegiadas en el país.
La diferencia en las cifras radica en que, aunque se sabe que este año costarán cerca de 29 billones de pesos del presupuesto nacional, los datos divulgados por las entidades del gobierno generalmente no discriminan el valor y el número de los beneficiarios.
El grueso de esos recursos está en el presupuesto del Fondo de Pensiones Públicas (Fopep), que es el que administra los dineros pensionales de entidades del orden nacional que han sido liquidadas y sustituidas, y para el que este año se destinaron 10 billones, para pagar las pensiones de 292.572 beneficiarios, según cifras de Mintrabajo.
Los demás recursos se destinan para ajustar los fondos de la fuerza pública y el de los maestros.
Una brecha difícil de aceptar
La gran diferencia entre los regímenes especiales y el sistema general (este último incluye a los jubilados de Colpensiones y el de los fondos privados) son las condiciones privilegiadas.
Mientras en el régimen general las personas obtienen un promedio de su salario o su ahorro al momento de pensionarse, y deben cumplir con un mínimo de semanas de cotización y haber llegado a los 57 años, para las mujeres, y a los 62, en el caso de los hombres, en los especiales no se exigen todos estos requisitos.
Por ejemplo, en el exceptuado de la fuerza pública sus miembros alcanzan la pensión cumpliendo con unos tiempos mínimos de servicio, que oscilan entre los 15 y los 20 años, independientemente de la edad.
Las prerrogativas de los pensionados por el magisterio que conservaron los privilegios antes de 2005 incluyen pensión a los 50 años y una doble mesada.
Para los altos funcionarios del Estado, el régimen funcionaba de tal manera que les permitía jubilarse con el último salario que devengaron, sin el requisito de semanas cotizadas, o sin estimar un tiempo mínimo de servicio.
Tantos privilegios hicieron que en este grupo de pensionados se concentraran las que se conocen como las jubilaciones más altas en el país; aquellas que superan los 8 millones de pesos y que van hasta los 20 millones al mes (25 salarios mínimos, que es el tope al que puede llegar una mesada en Colombia).
Son las pensiones que, según el Consejo Nacional de Competitividad, profundizan la inequidad del sistema; pues mientras menos del 25 % de la población que llega a la edad de jubilación accede a este beneficio, casi el 50 % de las mesadas que se otorgan se concentran en el 20 % más rico.
¿Qué se propone?
Hay diversas miradas sobre cómo cambiar el rumbo. Una de estas es que tanto las pensiones especiales como las demás que subsidia el Estado y se concentran en Colpensiones —régimen de prima media (RPM)— se deben modificar.
La fórmula que el mismo gobierno considera probable para aliviar el peso de las altas pensiones es gravarlas con más impuestos, pero algunos analistas vislumbran la medida como poco efectiva.
De igual forma, se insiste en que se debe mirar los regímenes exceptuados, sobre todo el de la fuerza pública.
Pese a ello, la discusión de revisar la pensión de los militares en una reforma no está difundida porque tomar una decisión de este tipo resulta impopular.
Otra medida es revisar el régimen de sustitución; es decir, modificar los privilegios de los sobrevivientes de los pensionados fallecidos de regímenes especiales.
Al final, el problema de los cambios planteados es que algunas de las recetas hacen parte de los puntos inamovibles del Gobierno: la no modificación de la edad ni la tasa de cotización, el respeto por la pensión del sobreviviente y los derechos adquiridos.
Ahora hay una oportunidad para tratar en detalle el peso de los regímenes especiales en los diálogos del Gobierno con otros sectores, pero la baja popularidad juega en contra.
