Quien asuma la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto heredará una economía con señales mixtas: crecimiento moderado, inflación persistente, alta deuda externa, presión fiscal y un mercado laboral frágil, desafíos que definirán la estabilidad del próximo cuatrienio.
Con la recta final de la carrera presidencial en marcha, el panorama económico se convirtió en el principal campo de batalla para quien llegue a la Casa de Nariño. Más allá de las promesas de campaña, el próximo presidente deberá asumir un país con desequilibrios fiscales profundos, una inflación aún resistente, tensiones monetarias y un modelo productivo que todavía no logra consolidar una recuperación estructural.
El cierre del gobierno de Gustavo Petro deja una economía que crece, pero con fisuras. El Producto Interno Bruto avanzó 2,2% en el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por el gasto público, el comercio y el entretenimiento. Sin embargo, la inversión privada muestra síntomas de enfriamiento y sectores clave como construcción, minería y agricultura reportan contracciones o señales de desaceleración.
Ese comportamiento evidencia un dilema central para el nuevo mandatario: cómo sostener el crecimiento sin depender excesivamente del gasto estatal. “El crecimiento económico necesita recuperar la inversión privada como motor central; de lo contrario, el rebote será transitorio”, ha advertido Luis Fernando Mejía, uno de los economistas más influyentes del país.
La advertencia no es menor. La formación bruta de capital, que mide la inversión en infraestructura, maquinaria y edificaciones, ha venido perdiendo dinamismo, una señal que históricamente anticipa menor expansión económica en el mediano plazo.
A ello se suma un problema estructural: la inflación sigue lejos de la meta del Banco de la República. En mayo, el indicador anual se ubicó en 5,84%, muy por encima del objetivo del 3%.
El fuerte aumento del salario mínimo —23,7% para 2026— se convirtió en uno de los principales detonantes del repunte inflacionario. Aunque la medida fortaleció la capacidad adquisitiva de millones de hogares, también elevó costos empresariales y alimentó presiones sobre bienes y servicios.
Para José Antonio Ocampo, la inflación es hoy uno de los mayores riesgos macroeconómicos. “Cuando la inflación se desancla, la política monetaria tiene que ser mucho más agresiva”. Y eso ya está ocurriendo.
El Banco de la República elevó la tasa de interés de 9,25% a 11,25% en el primer trimestre y el mercado anticipa una posible subida hasta 12%. La señal es clara: el Emisor priorizará la estabilidad de precios incluso a costa de desacelerar el consumo y el crédito.
Ese escenario representa un doble reto político y económico. Por un lado, el próximo presidente deberá recomponer la relación institucional con el Banco de la República, marcada por choques públicos durante la actual administración. Por otro, tendrá que gestionar las expectativas empresariales y de los consumidores en un contexto de crédito caro.
“La credibilidad de la política económica depende de la coordinación institucional”, sostiene Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda.
En paralelo, el comportamiento del dólar plantea otra paradoja. La divisa cerró en $3.459,53, uno de los niveles más bajos en cinco años, consolidando un proceso de fortalecimiento del peso colombiano.
La apreciación cambiaria ha reducido costos de importación y moderado algunas presiones inflacionarias, pero golpea la competitividad exportadora, especialmente en sectores como café, flores y manufactura.
El economista Bruce Mac Master ha insistido en que un peso demasiado fuerte puede afectar la balanza comercial y debilitar la industria local. Y en el frente externo, la vulnerabilidad sigue siendo alta.
La deuda externa equivale al 52% del PIB, un nivel que limita el margen de maniobra fiscal. Aunque el Gobierno diversificó parte de su exposición con instrumentos financieros en otras monedas, el peso de la deuda continúa siendo un factor de riesgo.
“El problema no es solo cuánto se debe, sino cuánto cuesta financiarlo”, explica Mauricio Salazar. Con tasas globales todavía elevadas y una economía mundial desacelerándose, refinanciar deuda será más costoso.
Pero quizás el mayor desafío inmediato sea el déficit fiscal. Hoy se ubica en 6,4% del PIB, una cifra considerada alta para estándares regionales. La suspensión de la regla fiscal durante el actual gobierno dejó dudas en los mercados sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Fedesarrollo fue contundente al advertir que parte del ajuste planteado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo depende de ingresos no claramente identificados y recortes de gasto aún no especificados.
Eso implica que el próximo presidente tendrá que tomar decisiones políticamente difíciles: recortar gasto, aumentar impuestos o buscar una combinación de ambas. “Sin ajuste fiscal creíble, Colombia puede perder confianza inversionista”, advirtió Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol.
El mercado laboral, aunque muestra cifras positivas, también refleja una realidad ambigua.
El desempleo cayó a 8,8%, su nivel más bajo para abril desde 2001. Pero la informalidad sigue representando 55% del empleo total, un fenómeno que limita productividad, recaudo tributario y acceso a seguridad social.
Además, el aumento del salario mínimo podría haber profundizado ese problema. Jaime Alberto Cabal aseguró que “dos de cada tres empresas redujeron su planta de personal este año”, un dato que ilustra el impacto del incremento en costos laborales. La discusión de fondo es compleja: cómo proteger ingresos sin deteriorar el empleo formal.
En materia energética, el panorama también genera preocupación. El precio del Brent volvió a ubicarse entre US$70 y US$80 por barril tras la desescalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Eso reduce ingresos extraordinarios para Colombia, altamente dependiente de exportaciones petroleras.
La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas estima que por cada caída de US$10 en el barril, el país deja de recibir cerca de $7 billones anuales. Ese dato cobra relevancia porque el petróleo sigue siendo una de las principales fuentes de divisas y recaudo fiscal.
En contraste, las remesas se consolidan como un soporte clave de la economía. Entre enero y abril sumaron US$4.448 millones, superando ampliamente ingresos por exportaciones de café. Para el analista, David Cubides, este flujo “ha sido determinante para sostener el consumo interno”.
Sin embargo, depender cada vez más de remesas también refleja un síntoma estructural: millones de colombianos siguen encontrando mejores oportunidades fuera del país.
El próximo presidente enfrentará entonces un tablero económico de alta complejidad. Deberá decidir entre disciplina fiscal o expansión del gasto; entre control inflacionario o estímulo al crecimiento; entre fortalecer la inversión privada o profundizar el rol del Estado como motor económico.
Más allá de la ideología, el margen de error será mínimo. Porque el país que reciba el nuevo gobierno no estará en crisis abierta, pero sí en una zona de alta fragilidad.
Y como resume el experto, Sergio Clavijo: “La economía colombiana no necesita improvisación; necesita confianza, inversión y reglas claras”. Ese será, en esencia, el verdadero examen del próximo presidente.
