Las cifras oficiales de la Unidad para las Víctimas revelan que durante el gobierno de Gustavo Petro más de un millón de personas fueron reconocidas como víctimas del conflicto armado, reflejando el recrudecimiento de una guerra que prometía reducirse bajo la bandera de la “paz total”.
La promesa de poner a las víctimas en el centro de la política pública fue uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro desde su llegada a la Casa de Nariño en agosto de 2022. En su discurso inaugural y en múltiples escenarios nacionales e internacionales, el mandatario insistió en que su administración sería “por y para las víctimas”. Cuatro años después, las cifras oficiales retratan una realidad más compleja: Colombia no solo no logró disminuir de forma sustancial la violencia armada, sino que sumó más de un millón de nuevas víctimas al conflicto.
Los datos, revelados por la propia Unidad para las Víctimas, indican que entre el 7 de agosto de 2022 y el 1 de junio de 2026 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas 1’074.190 personas afectadas por hechos ocurridos en ese mismo periodo. Es un incremento que representa cerca del 10% adicional sobre la ya histórica cifra de víctimas que arrastra el país desde hace más de cinco décadas.
La magnitud del fenómeno expone una paradoja política. Mientras el Gobierno avanzaba en la estrategia de “paz total”, buscando negociaciones simultáneas con distintos grupos armados ilegales, en vastas regiones del territorio nacional se intensificaban los enfrentamientos, el control territorial y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
“La cifra evidencia que la guerra no se detuvo; simplemente mutó”, advierten organizaciones humanitarias que han hecho seguimiento a la expansión de actores armados en regiones históricamente golpeadas por la violencia.
La Unidad para las Víctimas reportó que en el mismo periodo reconoció un total de 1’492.003 personas, sin importar la fecha de ocurrencia de los hechos. De ese universo, el 72 % denunció eventos ocurridos entre 2022 y 2024, lo que permite dimensionar la intensidad reciente del conflicto.
El desplazamiento, principal rostro de la guerra
El desplazamiento forzado continúa siendo el principal rostro de la tragedia. Con 1’259.885 casos reconocidos, este delito sigue siendo la expresión más masiva del desarraigo. Le siguen 308.085 amenazas, 171.066 confinamientos y 65.942 homicidios relacionados con la confrontación armada.
La lista de violencias se amplía con 15.331 desapariciones forzadas, 14.831 delitos contra la libertad e integridad sexual, 5.425 secuestros y 1.980 casos de reclutamiento de menores. Son cifras que, en conjunto, dibujan la continuidad de patrones criminales que se creían en retroceso.
“Una víctima reconocida pudo haber sufrido dos o más hechos victimizantes”, aclaró la entidad, subrayando la complejidad estadística detrás de cada registro.
Zonas con mayor crisis humanitarias
La geografía de la violencia confirma viejas tendencias, pero también nuevas dinámicas. Los departamentos más golpeados durante este cuatrienio fueron Nariño, con 178.160 víctimas; Norte de Santander, con 177.674; y Antioquia, con 154.952. Cauca, Chocó, Bolívar y Córdoba completan el mapa crítico.
A nivel municipal, Buenaventura encabeza la lista con 92.878 víctimas, seguido de Tibú con 68.489 y Tumaco con 42.020. Tres territorios donde confluyen rutas del narcotráfico, disputas por corredores estratégicos y economías ilegales.
Según la Defensoría del Pueblo, la reconfiguración del conflicto ha estado marcada por la expansión de estructuras armadas que crecieron en más de 10.000 hombres entre combatientes y redes de apoyo. La fragmentación de grupos y la aparición de alianzas temporales han complejizado la respuesta estatal.
El caso más dramático de este periodo ocurrió en el Catatumbo, donde más de 60.000 personas fueron desplazadas en medio de enfrentamientos entre el ELN y disidencias armadas de “Calarcá”. La crisis humanitaria puso en evidencia la fragilidad institucional en territorios donde la gobernanza criminal supera la presencia del Estado.
“Mediante amenazas, incursiones, homicidios y reclutamiento forzado, los grupos armados imponen restricciones a la movilidad y profundizan la vulnerabilidad”, señaló la alerta emitida por organismos de derechos humanos.
Solo en 2026, hasta mayo, la Defensoría reportó 47.000 víctimas de desplazamiento y confinamiento. Esto significa que, en promedio, unas 500 personas al día vieron alteradas sus dinámicas de vida por cuenta de la violencia.
El informe también registró 40 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 7.668 personas y 26 eventos de confinamiento con impacto sobre 39.807 habitantes. Detrás de esas cifras aparecen prácticas como los toques de queda ilegales, la carnetización comunitaria y los llamados “paros armados”.
Más indemnizaciones, más violencia
Pese a este panorama, el Gobierno destaca avances en reparación. Según la Unidad para las Víctimas, entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 fueron indemnizadas administrativamente 673.004 personas, superando en un 112,17 % la meta inicial trazada por la administración.
En paralelo, la Unidad de Restitución de Tierras informó la entrega de 424.813 hectáreas a víctimas de despojo y desplazamiento. A ello se suman 547.745 hectáreas ordenadas judicialmente mediante 3.748 sentencias.
Las políticas de reparación, aunque importantes, no logran compensar el crecimiento sostenido de nuevas víctimas. Para analistas como Gerson Arias, la simultaneidad de diálogos con actores armados pudo haber generado incentivos perversos para la expansión criminal.
