Hablar de salud mental en Santander ya no puede reducirse a campañas ocasionales o a fechas conmemorativas. La evidencia muestra que la demanda de atención continúa creciendo y que el verdadero desafío no es reconocer el problema, sino responder con acciones sostenibles, oportunas y articuladas.
Por: Claudia Acevedo | Durante años insistimos en que la salud mental debía dejar de ser un tema secundario. Lo conseguimos, al menos en el discurso. Hoy pocas instituciones desconocen su importancia y la conversación pública ha cambiado. Sin embargo, el reconocimiento social no ha significado, necesariamente, una respuesta proporcional a las necesidades de la población.
Santander refleja una realidad que también vive el resto del país. Los sistemas oficiales de información evidencian un incremento sostenido en la utilización de servicios relacionados con trastornos mentales, conducta suicida, violencia y consumo de sustancias psicoactivas. Las plataformas del Observatorio Nacional de Salud Mental permiten verificar que estos indicadores continúan siendo objeto de vigilancia permanente por parte de las autoridades sanitarias.
La salud mental dejó de ser un asunto exclusivamente clínico. Hoy está atravesada por condiciones económicas, familiares, educativas y laborales que influyen directamente sobre el bienestar psicológico de las personas. Ningún diagnóstico puede comprenderse sin analizar el contexto donde ese sufrimiento aparece.
En Santander confluyen múltiples factores de riesgo. La incertidumbre económica, las transformaciones familiares, el impacto de las redes sociales, la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas y las dificultades para acceder oportunamente a servicios especializados configuran un escenario complejo que exige intervenciones integrales y no únicamente respuestas asistenciales.
Las cifras nacionales del Instituto Nacional de Salud muestran que durante 2024 se notificaron decenas de miles de casos de intento de suicidio y de violencias asociadas al ámbito familiar y de género. Estos datos no deben interpretarse únicamente como estadísticas. Detrás de cada registro existe una historia de sufrimiento que pudo haberse prevenido mediante redes de apoyo oportunas y políticas públicas eficaces.
Otro aspecto que merece atención es la capacidad instalada. No basta con promover campañas de sensibilización si los ciudadanos encuentran barreras para acceder a psicología o psiquiatría cuando finalmente deciden pedir ayuda. El tiempo entre reconocer la necesidad y recibir atención puede marcar la diferencia entre la recuperación y el agravamiento del problema.
También debemos revisar el enfoque con el que hablamos de prevención. Durante mucho tiempo se ha responsabilizado al individuo de cuidar su salud mental mediante recomendaciones aisladas: dormir mejor, hacer ejercicio o practicar técnicas de relajación. Aunque estas estrategias son valiosas, resultan insuficientes cuando las personas enfrentan desempleo, violencia, pobreza o entornos laborales profundamente desgastantes.
La verdadera prevención implica construir comunidades protectoras. Significa fortalecer la salud mental desde las escuelas, las universidades, las empresas y los barrios. Requiere capacitar líderes comunitarios, formar docentes, apoyar a las familias y garantizar rutas de atención que funcionen antes de que aparezca una crisis.
Como psicóloga jurídica y forense observo otro desafío poco discutido. Muchas consecuencias de la salud mental llegan tarde al sistema de justicia: conflictos familiares, violencia contra niños, violencia de pareja, procesos laborales por afectaciones psicológicas o delitos asociados al consumo de sustancias. En numerosos casos, el expediente judicial termina documentando aquello que la prevención nunca logró evitar.
La discusión tampoco puede limitarse al sector salud. Las alcaldías, las empresas, las instituciones educativas y las organizaciones sociales tienen responsabilidades compartidas. La promoción del bienestar psicológico no pertenece únicamente a los consultorios; hace parte del desarrollo social y del fortalecimiento del capital humano de un territorio.
Santander cuenta con universidades, talento humano altamente calificado y experiencias exitosas de investigación e intervención. Ese potencial debe convertirse en políticas permanentes, articuladas y evaluables. No se trata de multiplicar actividades simbólicas, sino de medir resultados concretos sobre acceso, oportunidad, calidad y continuidad en la atención.
La salud mental necesita menos improvisación y más evidencia científica. Menos discursos institucionales y más inversión. Menos estigmas y más escucha activa. Porque cuando una sociedad normaliza el sufrimiento emocional o posterga su atención, el costo termina pagándose en los hogares, en las empresas, en las aulas y, finalmente, en todo el sistema social.
La pregunta ya no es si la salud mental debe ser una prioridad en Santander. Esa discusión está superada. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más estamos dispuestos a esperar para que las decisiones públicas avancen al mismo ritmo que las necesidades de quienes hoy siguen esperando una atención digna, oportuna y verdaderamente humana.
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*Psicóloga jurídica forense y clínica.
LinkedIn: Claudia Acevedo
