Un expediente reservado del FBI sostiene que el exnarcotraficante colombiano Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, habría encabezado una red para defraudar a narcotraficantes mediante falsas promesas de beneficios judiciales en Estados Unidos. El caso también reavivó el debate político por sus presuntos vínculos con figuras públicas como el presidente electo Abelardo de la Espriella.
La investigación que adelantan las autoridades federales de Estados Unidos contra Jorge Luis Hernández Villazón, conocido como alias “Boliche”, tomó un nuevo impulso tras conocerse un documento reservado elaborado por una agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el que se describe un supuesto esquema de fraude dirigido contra narcotraficantes colombianos y dominicanos interesados en obtener beneficios judiciales.
Según el expediente judicial, Hernández Villazón habría aprovechado durante varios años su condición de antiguo colaborador de agencias estadounidenses para convencer a personas investigadas por narcotráfico de que podía negociar reducciones de condena, acuerdos favorables e incluso resolver procesos de extradición a cambio de millonarios pagos.
El documento sostiene que la organización habría obtenido más de USD 4 millones mediante pagos en efectivo, transferencias, propiedades, vehículos de lujo y joyas entregados por personas que confiaban en la supuesta capacidad de «Boliche» para influir en autoridades estadounidenses. La acusación, sin embargo, corresponde a una hipótesis investigativa que deberá ser debatida y probada en el proceso judicial.
De acuerdo con la denuncia presentada por la agente del FBI, el esquema consistía en contactar a personas requeridas por la justicia estadounidense o con procesos pendientes, asegurándoles que existían canales privilegiados para obtener condenas inferiores a cinco años.
La investigación sostiene que los presuntos integrantes de la organización ofrecían reuniones privadas, asesorías jurídicas y supuestas gestiones ante fiscales y autoridades federales, cobrando cifras que, en algunos casos, alcanzaban cientos de miles de dólares.
El expediente agrega que varios afectados entregaron bienes inmuebles, automóviles de alta gama y dinero creyendo que recibirían beneficios judiciales que nunca llegaron. Para los investigadores, los recursos obtenidos terminaron enriqueciendo a los integrantes del supuesto entramado criminal.
El FBI señala además que la investigación se fortaleció con registros bancarios, comunicaciones electrónicas y declaraciones de testigos que permitieron reconstruir parte de las operaciones financieras investigadas. La acusación formal se centra en presuntos delitos relacionados con conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de activos.
De cooperante de la DEA a investigado por el FBI
La trayectoria de Jorge Luis Hernández Villazón resulta especialmente llamativa para las autoridades estadounidenses.
Durante años fue conocido como un antiguo narcotraficante vinculado con estructuras paramilitares que posteriormente decidió colaborar con la Administración para el Control de Drogas (DEA). Esa condición le permitió convertirse en un intermediario habitual entre narcotraficantes interesados en negociar con la justicia norteamericana y agencias federales.
Sin embargo, precisamente esa posición privilegiada es la que ahora aparece en el centro de la investigación.
Alias «Boliche» pasó de consentido por la DEA a perseguido por el FBI. La Fiscalía estadounidense considera que habría utilizado la credibilidad adquirida durante años para construir un esquema de engaños dirigido contra organizaciones criminales.
La investigación también revive antiguos episodios relacionados con el manejo de recursos vinculados al empresario Álex Saab. Diversos reportes periodísticos han señalado que Hernández Villazón apareció mencionado en operaciones financieras investigadas por autoridades estadounidenses, aunque los procesos tienen naturalezas jurídicas distintas y continúan su propio curso.
La controversia política alrededor de Abelardo de la Espriella
El caso trascendió rápidamente el ámbito judicial para instalarse en el escenario político colombiano.
El senador Iván Cepeda afirmó públicamente que existió un «estrecho vínculo» entre alias «Boliche» y el hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, declaración realizada después de conocerse nuevas revelaciones del expediente estadounidense.
La controversia aumentó cuando distintos medios divulgaron fotografías en las que aparecen juntos Hernández Villazón y De la Espriella.
Frente a esas imágenes, el abogado ha sostenido que conoció a «Boliche» cuando este actuaba como colaborador de la DEA y ha rechazado cualquier insinuación de participación en actividades ilegales. De la Espriella ha insistido en que el hecho de haber tenido contacto con una persona posteriormente investigada no implica responsabilidad penal ni relación con los delitos que hoy le atribuyen las autoridades estadounidenses.
Por su parte, los sectores políticos que cuestionan al mandatario electo consideran que la información conocida justifica un mayor escrutinio sobre esas relaciones personales y profesionales.
Hasta el momento, sin embargo, la documentación divulgada no registra cargos penales contra De la Espriella dentro del proceso seguido contra Hernández Villazón. La controversia se mantiene principalmente en el plano político mientras avanzan las actuaciones judiciales en Estados Unidos.
Un proceso judicial con repercusiones internacionales
El expediente continúa desarrollándose ante una corte federal de Florida. De acuerdo con las decisiones judiciales conocidas, un juez ordenó levantar parcialmente la reserva que protegía parte del proceso, permitiendo que salieran a la luz documentos que durante meses permanecieron bajo confidencialidad.
La defensa de los investigados tendrá acceso al material probatorio antes de las audiencias previstas por la justicia estadounidense, donde la Fiscalía deberá demostrar la existencia del supuesto entramado de fraude descrito por la agente del FBI.
Mientras tanto, el caso de alias «Boliche» continúa creciendo como uno de los expedientes más sensibles por sus implicaciones criminales, financieras y políticas, y por las preguntas que abre sobre las relaciones entre antiguos narcotraficantes, organismos federales y figuras del poder público.
