Colombia lleva más de treinta años caminando entre la negociación y el fusil. Cada presidente llega convencido de tener una fórmula para terminar el conflicto y, cuatro años después, el país vuelve a discutir casi desde el comienzo. Cambian gobiernos, discursos y estrategias, pero quienes ponen los muertos suelen pertenecer a las mismas familias campesinas, trabajadoras y populares.
Por: Alexander Angulo Ordóñez | Para entender cómo pasamos de la Paz Total a lo que hoy podríamos llamar la Guerra Total, no basta con comenzar en Gustavo Petro o Abelardo de la Espriella. Hay que mirar nuestra historia social reciente y reconocer un péndulo: negociar para intentar cerrar la guerra o fortalecer la confrontación para obligar a los grupos armados a retroceder.
Durante el gobierno de Ernesto Samper, entre 1994 y 1998, Colombia mantuvo búsquedas y acercamientos de paz en medio de una crisis política y de un conflicto alimentado cada vez más por el narcotráfico. No hubo un gran acuerdo consolidado, pero la salida negociada continuaba formando parte del horizonte nacional.
Andrés Pastrana llevó esa apuesta mucho más lejos. El proceso del Caguán convirtió la negociación con las FARC en el centro de su gobierno. La zona de distensión representó para muchos una esperanza y, después, una enorme frustración. Los diálogos transcurrieron mientras continuaban acciones armadas y secuestros. En febrero de 2002 el proceso terminó roto y una sociedad decepcionada comenzó a exigir otra respuesta.
De ese fracaso surgió el terreno para la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez. Desde 2002 el péndulo se desplazó hacia la ofensiva. El Estado fortaleció su capacidad militar, golpeó a las FARC y recuperó movilidad y presencia en zonas donde durante años imperaron el miedo y el secuestro. Para millones de colombianos, volver a viajar por algunas carreteras fue una transformación concreta.
Pero la historia no puede contarse únicamente desde los resultados militares. La Seguridad Democrática también quedó marcada por graves violaciones de derechos humanos y por los llamados falsos positivos, una herida que obliga a recordar que la seguridad sin controles puede terminar destruyendo aquello que pretende proteger.
Después ocurrió una de las grandes paradojas de nuestra política. Juan Manuel Santos, quien había sido ministro de Defensa de Uribe, terminó negociando con las FARC. Las conversaciones iniciadas en 2012 culminaron en el Acuerdo Final de 2016. La guerrilla más poderosa del país dejó formalmente las armas y pasó a la política legal.
Colombia entre la mesa y el fusil
Sin embargo, ni siquiera la paz consiguió unirnos. El plebiscito de 2016 mostró un país profundamente dividido. Con Iván Duque el Acuerdo no desapareció jurídicamente y su implementación continuó, pero enfrentó numerosos obstáculos, mientras persistían asesinatos de líderes sociales y excombatientes y se reconfiguraban disidencias y estructuras criminales.
En 2022 Gustavo Petro propuso ir más lejos con la Paz Total: abrir caminos de diálogo con distintas organizaciones armadas y criminales e intentar reducir simultáneamente varias violencias. Pero una política de paz también debe medirse por lo que ocurre mientras se negocia.
Debemos reconocer críticamente que algunas estructuras ilegales pudieron aprovechar espacios de diálogo y menor presión para fortalecer control territorial y economías ilícitas. Muchas organizaciones actuales difícilmente pueden explicarse únicamente con las antiguas categorías de guerrillas que afirmaban levantarse en defensa del pueblo. El narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el dominio de corredores criminales transformaron la guerra colombiana.
Eso no significa colocar al campesino en la misma categoría del narcotraficante. El cultivador de coca, el raspador y la familia que vive donde nunca llegó una carretera, una universidad, un mercado estable o una alternativa productiva también quedan atrapados.
No se trata de disculpar gobiernos ni justificar grupos armados. Se trata de entender que Colombia no resolverá esta tragedia dividiendo el país entre buenos y malos. La ausencia estatal, las economías ilegales, la desigualdad territorial y la violencia se alimentan mutuamente.
Ahora el péndulo vuelve a moverse. El gobierno de Abelardo de la Espriella ha cerrado varias mesas heredadas de la Paz Total y ha colocado la ofensiva militar y el control territorial en el centro de su política de seguridad. De allí nace la metáfora de esta columna: pasamos de la Paz Total a la Guerra Total.
Samper buscó acercamientos. Pastrana negoció. Uribe combatió. Santos negoció y firmó. Duque gobernó una implementación difícil y controvertida. Petro intentó negociar con múltiples estructuras. Abelardo vuelve a privilegiar la confrontación. Más de treinta años después seguimos atrapados en la misma pregunta: ¿paz o guerra?
Ese es quizá nuestro mayor error. Colombia necesita una política de Estado que sobreviva a los gobiernos. Corregir lo que fracasa, conservar lo que funciona y entender que seguridad y paz no son enemigos. Negociar no puede significar permitir que un grupo siga secuestrando, reclutando, extorsionando o traficando. Pero combatir tampoco puede convertirse en licencia para desconocer los derechos humanos.
Los pobres siguen poniendo los muertos
Hay una realidad social que pocas veces ocupa el centro del debate: quienes deciden la guerra casi nunca son quienes van a combatirla. El hijo del presidente no necesariamente patrulla una montaña del Catatumbo. El hijo del ministro no necesariamente pisa una mina antipersonal. En las filas terminan jóvenes de familias campesinas y trabajadoras, policías de sectores populares y muchachos reclutados por estructuras ilegales.
Muchas veces los dos jóvenes que se disparan vienen de realidades parecidas. Uno lleva el uniforme del Estado y el otro el fusil de una organización ilegal. Ambos pudieron crecer donde faltaron oportunidades, educación y empleo. Por eso Colombia debe escuchar una frase incómoda: los presidentes deciden la guerra, pero los pobres ponen los muertos.
La salida no es una paz ingenua ni una guerra permanente. Necesitamos seguridad, justicia, derechos humanos, educación, desarrollo rural, sustitución económica viable, infraestructura y presencia institucional. El campesino debe encontrar al Estado antes que al narcotraficante. El joven debe encontrar una universidad, un trabajo y un proyecto de vida antes que un fusil.
Es hora de dejar de reconocernos exclusivamente como uribistas, petristas, santistas, de izquierda o de derecha. Es hora de sentirnos pueblo, pueblos hermanos, patriotas reales y compañeros de una misma nación. Ninguna bandera partidista debería estar por encima de Colombia ni ninguna diferencia ideológica condenarnos a escoger entre la paz de unos y la guerra de otros.
Es hora de repensarnos una Colombia potencia mundial. No solamente por sus recursos naturales, su posición geográfica o su capacidad militar, sino por su campo, educación, ciencia, industria, diversidad y regiones; por la posibilidad de que sus ciudadanos vuelvan a reconocerse como compatriotas. Una potencia verdadera no es la que más guerra puede hacer, sino la que menos jóvenes necesita mandar a ella.
Quizá vivimos una nueva Patria Boba: cada cuatro años destruimos lo que comenzó el anterior porque lleva el apellido político del adversario. De Samper a Pastrana, de Pastrana a Uribe, de Uribe a Santos, de Santos a Duque, de Duque a Petro y ahora de Petro a Abelardo, Colombia continúa caminando entre la mesa y el fusil.
La pregunta ya no debería ser quién tiene la pelota, si la paz o la guerra. La pregunta es cuántas generaciones más tendrán que poner los muertos hasta que entendamos que la paz y la seguridad no pueden comenzar nuevamente cada cuatro años. Tal vez el verdadero acto de patriotismo sea dejar de heredarnos las guerras y comenzar, por fin, a heredarnos un país.
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*Político, agrónomo, asesor de proyectos y sociólogo en formación.
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
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Fuentes de verificación
- Comisión de la Verdad: proceso del Caguán e Informe Final sobre el conflicto armado.
- Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, 24 de noviembre de 2016.
- Instituto Kroc: Sexto informe sobre la implementación del Acuerdo Final, 2022.
- Presidencia de la República: comunicados de agosto de 2026 sobre cierre de mesas y ofensiva de seguridad.
