Según los expertos, aunque este derecho está recogido en varias normas la creciente digitalización y la extensión del teletrabajo tras la pandemia comprometen más que se cumpla con esta protección ante lo que reclaman planes de acción con medidas concretas que hagan efectivo ese derecho y endurecer las sanciones.
Un reciente estudio de Adecco recoge que 37% de la gente sigue trabajando después de su horario laboral tres días a la semana y 59% de los trabajadores mira el correo electrónico fuera del horario laboral una media de cuatro días a la semana.
«En un entorno digital hiperconectado, desconectar de nuestro trabajo es más difícil de lo que lo era para las anteriores generaciones», apunta Adecco.
«Hay un incumplimiento sistemático del derecho a la desconexión, posiblemente herencia de nuestra cultura presentista y de improductiva prolongación de las jornadas de trabajo», denuncia a Efe el responsable de Digitalización de UGT, José Varela.
«Creo que debemos pensar en cómo impulsar medidas que hagan efectivo el derecho a la desconexión digital», apunta el secretario de Estudios y Formación Sindical de CCOO, Carlos Gutiérrez, quien insiste en que «no es una cuestión buenista en el sentido de una declaración de intenciones de que no te van a llamar a las doce de la noche».
Como ejemplo, señalan que del total de convenios firmados en lo que va de año, «en apenas un 12% se hace mención a este aspecto y únicamente tres desarrollan realmente este derecho».
Y todo esto en contexto de consolidación del teletrabajo tras la pandemia y un repunte de las horas extras.
Así, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el segundo trimestre de 2022 el 13,2% de los ocupados españoles trabajó desde casa, punto y medio por debajo del dato del periodo del año anterior y casi seis menos que los máximos de 2020.
Sin embargo, la cifra sigue por encima de los niveles prepandemia cuando este porcentaje era del 8,3%.
Por otro lado, la EPA contabilizó 6,64 millones de horas extraordinarias en el segundo trimestre, más de medio millón por encima de las del mismo periodo de 2021, de las que solo el 50,7% fueron remuneradas.
«La semana laboral de los trabajadores en remoto aumenta alrededor de unas tres horas y media (…) porque tener el ordenador del trabajo en casa hace que tarden más en desconectar», explica la profesora de EAE Business School Maite Moreno.
Aunque la desconexión digital es un derecho recogido tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, de 2018, y en la ley del Teletrabajo, de 2021, los expertos consultados coinciden en que ese derecho no siempre se cumple.
«El teletrabajo ahonda más en la hiperconectividad y en la prolongación de las jornadas», explica el responsable de UGT, que señala, no obstante, que el incumplimiento de la desconexión digital también afecta a aquellos empleados que no trabajan en remoto.
«La normativa fue pionera», asegura el profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Adrián Todoli sobre la ley de Garantía de los Derechos Digitales de 2018, aunque admite que no aportaba «un mecanismo para que ese derecho fuera efectivo».
El derecho, añade Todoli, ni siquiera se establece de forma clara, y se pregunta si «desconexión digital significa que tú como trabajador tienes derecho a no contestar los correos o que no te pueden mandar correos».
La presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, apunta que, en Portugal, la legislación prohíbe al empleador enviar correos a sus empleados fuera de la jornada laboral, mientras que en España, por ejemplo, lo que se prohíbe es solo la exigencia de responder a los correos.
«Aunque la ley deja un amplio margen a la negociación colectiva para completar esta regulación, por el momento son pocos los convenios que la mencionan», explica el también profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia y Of Counsel de Alentta Abogados, Daniel Toscani.
«Las empresas no cuentan con planes de acción frente a una real desconexión digital de sus trabajadores», apunta Toscani, y añade que «es necesario desarrollar la obligación legal para que cada empresa elabore y apruebe una política interna que defina las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión».
