Serias fallas en la ejecución del contrato 249 de 2017, suscrito por la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander (UIS), encontró un equipo auditor de la Contraloría de Bucaramanga, conocido por Corrillos. Los hallazgos detectados fueron de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y penal.
Para el ente de control territorial, no se logró explicar plenamente el destino de algunos recursos desembolsados para la ejecución de las actividades objeto del contrato, así mismo, algunas obligaciones pactadas en el contrato se cumplieron parcialmente, existiendo otras que no se llevaron a cabo.
El contrato, cuyo valor ascendió a $1.081 millones, tenía como objeto el de desarrollar y ejecutar actividades para el desarrollo del proyecto de implementación de la Estrategia Mil Primeros Días de Vida en el Municipio de Bucaramanga.
“La Secretaría de Salud y Ambiente fue incapaz de discriminar adecuadamente el concepto por el cual desembolsó los recursos destinados a la ejecución del contrato, lo cual suscitó las dudas que finalmente no se resolvieron en el desarrollo de la presente auditoría”, consigna el informe de la Contraloría de Bucaramanga.
Además –agrega- varias de las actividades analizadas arrojaron como producto de las mismas actas de reunión una indebida destinación de los recursos. Destacó el equipo auditor que “la falta de planeación del contrato fue una constante en el desarrollo del objeto del mismo; así como también la ausencia de una comunicación eficiente y articulada entre la Administración, el Contratista y las Instituciones de Salud, lo cual resulta en obligaciones ejecutadas parcialmente, desentendimiento entre las partes y principalmente en que no consigue establecer con precisión los fines del Estado perseguidos”.
Para el ente de control fiscal, “se puede establecer que cada uno de los hallazgos formulados significaron un comportamiento ineficaz, ineficiente, inoportuno y antieconómico por parte de las partes que suscribieron el contrato objeto de examen”.
Numerosas fallas en la ejecución del contrato
La Contraloría no se explica por qué se cancelaron 18 millones 685 mil pesos por la realización de un Plan de Acción y una Ficha Técnica que ya existen en el Departamento de Planeación Nacional, con lo que el valor cancelado por el Municipio al Contratista correspondería solo a la elaboración de un cronograma y a la realización de una reunión con su correspondiente acta, “configurándose así un presunto daño al patrimonio del Estado pues existió una gestión fiscal antieconómica, ineficiente e ineficaz por parte de la Administración Municipal”.
Destaca además el ente de control que se debió concretar en la Fase de Planeación del Contrato la reunión de concertación y planeación de las actividades. “No existe justificación aparente para que el acta de una reunión que correspondía a una labor de la Fase de Planeación del contrato, haya sido cancelada con cargo a la Fase de Ejecución por el valor de $5 millones. Lo anterior en contravía de los principios de economía y planeación (…) pues la fase de ejecución consiste en ejecutar, lo que previamente debió haberse planeado”, destaca el equipo auditor.
Otras de las graves fallas detectadas tienen que ver con la implementación de una sala amigable de lactancia materna y estimulación temprana en la UIMIST para atender gestantes, niños y niñas menores de seis meses de vida. “La obligación específica no se ejecutó a pesar de que los contratos estatales deben estar debidamente planeados para satisfacer el interés público. No obstante, se cancelaron 5 millones 567 mil pesos por una actividad que no se realizó y cuyo único producto es un Acta de Planeación”.
Pero los hallazgos detectados no paran aquí. El contrato entre las cláusulas establecidas, permitiría aumentar en la ESE Isabu la disponibilidad y suficiencia de recursos tecnológicos para para la atención ginecobstétrica, perinatal e infantil, sin embargo se evidenció un presunto daño fiscal, debido a que además de no cumplirse con la actividad, se cancelaron $10 millones por la presunta realización de unos estudios para determinar qué recursos tecnológicos se requerían para la atención ginecobstétrica, perinatal e infantil, los cuales ya se encuentran regulados a través del Ministerio de Salud, a través de la Resolución 2330 de 2014.
Pagos por actividades incumplidas
Para la Contraloría, también existe un presunto daño fiscal por un pago realizado sin evidencias soportadas. El hecho tiene que ver con una de las actividades a cumplirse y que estaban dirigidas a incentivar a todas las gestantes que estén incluidas en la muestra de madres gestantes en seguimiento, que acudan a la toma de laboratorios ordenados en la consulta de control prenatal. Lo grave es que “se cancelaron $20 millones por la ejecución del 17.8% de la actividad, cuando el porcentaje correspondiente a ese valor debió ser el 66% (…) un presunto daño fiscal por lo pagado de más”.
También detectó fallas en lo que corresponde al fortalecimiento del programa Madre Canguro en el Hospital Universitario de Santander, donde no encontraron las respectivas actas qué validaran la entrega de los materiales objeto del producto contemplado en la obligación, así como las cantidades y los valores unitarios del mismo material qué fueron objeto de valoración y cuantificación para la autorización del pago, por la suma de $8 millones.
El contrato también contemplaba el diseño, socialización y divulgación de las rutas de atención de gestantes en situación de vulnerabilidad de derechos. Este producto “resulta ser un elemento antieconómico e innecesario, toda vez que el Modelo Integral de Atención en Salud MIAS, qué define las rutas de atención, ya fueron determinadas por el Ministerio de Salud, no obstante se realizó un pago por $10 millones, generándose así un presunto daño fiscal”.
El ente de control no detectó la creación e implementación de la Red Municipal Comunitaria pese a que se pagó por la ejecución de la actividad $6 millones, “generando un daño fiscal por el valor cancelado al contratista por parte del Municipio”.
También evidenció la falta de claridad sobre cuáles fueron los criterios objetivos de asignación de precios para cada una de las 32 actividades del contrato, “por lo que dicha estimación no se ajustó al valor real de cada una de las actividades, generando así un presunto daño fiscal por la indebida estimación del valor cancelado al contratista”. Igual ocurrió con la tasación del último pago realizado al contratista, por la ejecución parcial del contrato, “en la cual se cancelaron 116 millones 378 mil pesos, sin especificar cuáles fueron los criterios para dicha tasación”.
¿Quiénes son los responsables?
Para la Contraloría de Bucaramanga, el exsecretario de Salud de Bucaramanga, Raúl Salazar Manrique; la actual titular de ese despacho, Adriana García-Herreros Mantilla, el Vicerrector de Investigación y Extensión de la UIS, Darío Yesid Peña Ballesteros y el decano de la Escuela de Enfermería del Alma Mater, Alberto Camargo Figuera; tienen presunta responsabilidad de tipo disciplinario y fiscal, “toda vez, al fungir como ordenadores del gasto debían velar por el cumplimiento del contrato en los términos pactados así como del adecuado destino de los recursos”.
Así mismo –dice el informe de auditoría- “tenían la facultad de rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustaron a lo acordado en el contrato”. También, se liquidó el contrato a pesar de las irregularidades en el cumplimiento de las actividades.
A los supervisores del contrato, Olga Liceth Jiménez y Carlos Alberto Adarme se les configuró presunta responsabilidad de tipo disciplinario, fiscal y penal; debido a que “no se exigieron la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado y porque certificaron como recibida a satisfacción actividades de un proyecto que no se ejecutaron a cabalidad”.
El ente de control detectó una presunta configuración del tipo penal de peculado por apropiación y peculado por apropiación a favor de terceros, responsabilizando de ello a la coordinadora del proyecto, Martha Cecilia Beltrán Merchán; los supervisores Olga Liceth Jiménez y Carlos Alberto Adarme; el Vicerrector de Investigación y Extensión de la UIS, Darío Yesid Peña Ballesteros y el decano de la Escuela de Enfermería del Alma Mater, Carlos Alberto Camargo Figuera; debido a que “se realizaron desembolsos importantes de recursos que finalmente no pudieron ser sustentados por parte de los involucrados en el contrato”.
La Contraloría de Bucaramanga hará el respectivo traslado de los hallazgos a la Procuraduría y a la Fiscalía. (Ver informe de auditoría)
