Las más grandes críticas sobre la plata para la educación pública llegaron paradójicamente en el momento donde el país cuenta hoy con el más alto presupuesto para este sector, incluso por encima de los rubros de defensa y salud.
Las cifras son claras: en 2019, el presupuesto para educación será de $41,4 billones, el más alto de la historia y por segundo año consecutivo, el rubro más importante del gasto público. En estas cuentas hay que incluir los recursos que han logrado tanto los universitarios como los rectores, a través de sus justas demandas y protestas: $617.000 millones que girará el gobierno nacional el próximo año para inversión, lo que implica un incremento prácticamente de 20% en los recursos disponibles para este rubro.
A esto se le suma $1 billón adicional que fue incluido en el presupuesto bianual de regalías que será distribuido también para la educación superior pública entre 2019 y 2020.
Es claro que hay problemas gravísimos, como el de la infraestructura de las universidades públicas. Eso tiene una explicación: durante los primeros lustros de este siglo hubo demasiados vaivenes presupuestales. Esa intermitencia se explica porque la manera que encontraron los gobiernos de enfrentar los afujías fiscales fue congelar y hasta reducir el rubro de inversión en educación, que era el único que no era inflexible.
Por eso, por ejemplo, el presupuesto de inversión para las universidades escasamente creció lo mismo que la inflación, pues era por donde se podían ajustar las cargas.
Pero no se puede desconocer que esa tendencia cambió, como lo muestran las cifras. Por eso, en el debate sobre el futuro de la educación se necesita mucha sindéresis: pagar una deuda histórica que algunos han tasado en $15 billones es imposible de la noche a la mañana y no se puede hablar en esos términos, porque así no se va a lograr ningún acuerdo.
También se hace necesario discutir cómo se logra un uso más eficiente de este abultado presupuesto. Actualmente, la mayor porción de los $41 billones de educación se va a funcionamiento, esto es salarios y pensiones de profesores, entre otros. Eso es natural que ocurra, porque el sistema educativo está fundado en el papel de los educadores.
Es claro que las demandas por mejores salarios son justificadas. La discusión se había resuelto durante el paro del año pasado, cuando el entonces gobierno del presidente Santos acordó discutir una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) para sacar mayores recursos que fueran a educación y con ello a la nivelación salarial de los docentes.
El proyecto quedó radicado en el Congreso, pero el Gobierno Duque decidió retirar la propuesta argumentando que era necesario discutir las implicaciones de la iniciativa. Por ahora nadie sabe cómo se va a abordar este tema. Eso es lo que reclaman los educadores.
El otro rubro importante del presupuesto de educación es inversión: Aquí paulatinamente se han dado respuestas como, por ejemplo, el acuerdo con los rectores de las universidades públicas, que implicó un crecimiento en los recursos disponibles para invertir de inflación más tres puntos porcentuales en 2019 e inflación más cuatro puntos en los otros tres años de la administración Duque.
También es necesario tomar por los cuernos la discusión sobre calidad, en la que no solo el Gobierno, sino los educadores y los mismos estudiantes tienen mucho que aportar.
Entonces, no es válido argumentar que el país no ha avanzado algo, al menos en materia presupuestal. Ese no es un logro menor, cabe recordar que la discusión política más importante en el país es cómo se gastan los recursos públicos. Todo indica que esa es una materia en la que no estamos rajados del todo y aún tenemos chance de pasar.
