Para el Ministerio Público, reducir el alcance y presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- comprometería su capacidad para cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado. Limitar sus funciones afectaría gravemente la consumación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos.
La Procuraduría recordó que las amnistías indiscriminadas están prohibidas por el derecho penal internacional. Estas acciones podrían reactivar la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia.
Es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la imposición de las sanciones propias de la JEP. Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para desarrollar las medidas de reparación a las víctimas.
Finalmente, el órgano de control reiteró su disposición para colaborar en los procesos de articulación institucional que aseguren el cumplimiento de los derechos de las víctimas y la sociedad en el marco del sistema de justicia transicional.
