El aumento progresivo de hasta 25% en las tarifas del servicio de agua potable en el área metropolitana de Bucaramanga abrió un fuerte debate entre directivos del Acueducto, sindicatos y dirigentes políticos, quienes exponen versiones enfrentadas sobre las causas reales del reajuste.
El anuncio del incremento en las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado en Bucaramanga, Floridablanca y Girón encendió la discusión pública sobre el manejo financiero del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) y la sostenibilidad del sistema hídrico de la región.
La medida, confirmada por el gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Juan Carlos Suárez, establece un aumento gradual de hasta el 25,2% en el servicio de acueducto y del 22% en alcantarillado, cuyos efectos comenzarán a reflejarse en las facturas desde septiembre de este año y se extenderán hasta febrero de 2027.
Según explicó Suárez, el ajuste responde a la entrada en vigencia de la Resolución 1032 de 2026 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), normativa que redefine la metodología tarifaria para empresas prestadoras con más de 5.000 suscriptores.
“No es una decisión de la gerencia, ni de la Alcaldía como mayor accionista; es una disposición del Gobierno nacional aplicable a todos los prestadores del servicio y no podemos objetarla, modificarla o dejar de aplicarla”, aseguró el gerente del amb.
La administración del Acueducto sostuvo que la nueva fórmula reconoce costos operativos y de inversión de años anteriores, particularmente de 2024, lo que obliga a realizar una transición tarifaria escalonada para amortiguar el impacto económico en los hogares.
Bajo las proyecciones oficiales, un usuario de estrato 1, con consumo promedio de 13 metros cúbicos mensuales, pagaría cerca de 8.000 pesos adicionales al culminar la implementación. En estrato 6, el incremento podría acercarse a los 26.000 pesos mensuales.
Sindicatos denuncian que el alza busca cubrir millonaria nómina y beneficios
Sin embargo, el anuncio fue rápidamente cuestionado desde distintos sectores. Voceros sindicales del propio Acueducto aseguraron que el incremento tendría un trasfondo financiero distinto al expuesto por la administración. Según su versión, el reajuste tarifario estaría relacionado con un déficit presupuestal derivado del crecimiento de la nómina y de beneficios laborales convencionales.
“Suben tarifas de agua para pagar altos salarios del Acueducto”, afirmaron representantes sindicales, quienes señalaron que los costos de personal absorben actualmente cerca del 60% del presupuesto de la entidad.
De acuerdo con esas versiones, los salarios dentro de la estructura administrativa habrían registrado incrementos del 23,7% este año. Según esos datos, el gerente general devengaría 42 millones de pesos mensuales; los gerentes de área, 36 millones; ingenieros jefes, 28 millones; secretarias ejecutivas, 10 millones; y operarios de menor categoría, alrededor de 5 millones.
Estas afirmaciones no han sido desmentidas oficialmente por la empresa, aunque desde la gerencia se insiste en que la aplicación del nuevo esquema tarifario es una obligación regulatoria nacional.
Viejas obras inconclusas y el embalse de Tona reabren la polémica
La controversia también escaló al plano técnico y político con las declaraciones de Fredy Anaya Martínez, exdirector de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), quien cuestionó la operatividad del embalse de Tona y la planta de tratamiento Los Angelinos, obras en las que se invirtieron cerca de 250 mil millones de pesos hace una década.
“El embalse de Tona no ha servido”, afirmó Anaya, quien agregó que “el incremento real será del 37% en el componente de consumo y, a su vez, el cargo fijo disminuirá entre el 22% y el 23%”.
El exfuncionario aseguró que la infraestructura fue construida, pero nunca se completó la red de distribución necesaria para llevar el agua a los usuarios, lo que, a su juicio, evidencia fallas estructurales en la planeación del sistema.
La respuesta no tardó en llegar desde el interior del Acueducto. Ingenieros del amb rechazaron las afirmaciones de Anaya y defendieron la funcionalidad del embalse de Tona como un activo clave para la seguridad hídrica regional.
“Este es el depósito de almacenamiento que nos garantiza el abastecimiento de agua en épocas de verano y durante fenómenos como El Niño”, señalaron.
Los técnicos explicaron que actualmente el embalse abastece a la planta Bosconia, la cual anteriormente se alimentaba del río Suratá, hoy afectado por contaminación de cianuro y mercurio debido a la explotación minera en los municipios de Vetas y California.
En esa respuesta, los ingenieros responsabilizaron directamente a Anaya por no haber ejercido control ambiental cuando dirigió la CDMB. Además, le atribuyeron la pérdida de la concesión de aguas del río Hato, hecho que, según ellos, afectó a sectores como Ruitoque, Acapulco y Nuevo Girón.
El debate deja en evidencia que el incremento tarifario trasciende la aplicación de una norma nacional y se convierte en una discusión sobre eficiencia administrativa, costos laborales, inversiones históricas y capacidad de planeación hídrica.
Mientras tanto, para los cerca de 188 prestadores de servicios públicos del país que deberán acogerse a la nueva metodología de la CRA, la transición apenas comienza.
En Bucaramanga, el impacto será tangible desde septiembre, cuando miles de usuarios empiecen a recibir facturas más altas en medio de un contexto económico sensible y de crecientes cuestionamientos sobre la administración de uno de los servicios públicos más esenciales para la región.
