La jornada electoral de la Consulta Anticorrupción que se realizará este 26 de agosto costará 310.479 millones de pesos. Esa cifra fue el presupuesto que le asignó el Ministerio de Hacienda a la Registraduría para el evento, que valdrá 30.000 millones de pesos más que el plebiscito por la paz del 2016 y 270.000 millones más que la controvertida consulta liberal de noviembre pasado.
En esta ocasión, los 310.479 millones se utilizarán en la impresión de tarjetones, transporte, puestos de votación y, entre otros aspectos, conteo y publicación de resultados.
Además, en la Resolución 1489 del 2018, el Consejo Nacional Electoral (CNE) les puso un tope máximo de gasto a los 41 comités que se registraron para impulsar o frenar la iniciativa.
Una vez cerradas las inscripciones, 40 comités apoyarán el Sí y uno se irá por la abstención. Por el No nadie se inscribió, a pesar de que bancadas como la de Cambio Radical se han opuesto a la consulta por considerar que todos los puntos ya están en la ley.
En este caso, sin importar el número de votos que obtengan el Sí o el No, está descartada la reposición de gastos de campaña y la de votos obtenidos.
El único comité de abstención inscrito lo maneja Luis Gabriel Prada Gómez, directivo del Partido Conservador de Yopal (Casanare) y representante de los taxistas de esa región.
Y entre los comités del Sí llaman la atención el del Centro Democrático y el de la Colombia Humana, antípodas políticas que ahora convergen en torno al tema de la corrupción.
En efecto, el Centro Democrático se inscribió como partido político en cabeza de su directora, Nubia Stella Martínez. Y por el lado de los petristas, la líder del comité por el Sí es Ángela María Robledo, exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. También tienen representación en esta orilla el Polo Democrático y la Alianza Verde.
Según las reglas de juego impuestas por el CNE, los comités de índole nacional, 7 en total, podrán gastarse hasta un máximo de 4.345 millones de pesos, mientras que los departamentales –10 registrados– tienen margen de gasto de hasta 1.158 millones de pesos.
Los demás (18 municipales, 3 locales, 2 distritales y uno internacional) podrán gastar entre 144 millones de pesos y 1.450 millones, dependiendo del número de habitantes que haya en su lugar de procedencia.
En la resolución del CNE no hay referencia alguna a los comités de índole internacional, a pesar de que se admitió la inscripción de uno con origen en Washington.
Sobre las encuestas, estas solo se podrán realizar hasta el martes 21 de agosto, 6 días antes del domingo de votación. Y deberán tener como mínimo una muestra de 1.000 encuestados para ser válidas y publicables. Esta podría ser la primera regulación a mediciones de opinión electoral.
De hecho, se estableció una sanción entre 25 y 40 salarios mínimos para las firmas que realicen estos sondeos y tengan “inconsistencias graves en los resultados”. Estas multas se extenderán a los medios de comunicación, como “corresponsables”, que publiquen encuestas irregulares.
También quedaron establecidos los topes en cuanto a propaganda paga en medios de comunicación y vallas publicitarias. Por ejemplo, en las ciudades capitales, como Bogotá, los comités podrán contratar hasta 70 cuñas radiales de 30 segundos e instalar 30 grandes pancartas.
