El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, desestimó los recientes anuncios de cese al fuego hechos por disidencias de las Farc y otros grupos armados, calificándolos de “cínicos y mentirosos”. Aseguró que no existe tregua real y que la Fuerza Pública mantendrá operaciones ofensivas en todo el país.
El cierre del año volvió a poner sobre la mesa un viejo dilema colombiano: los anuncios de cese al fuego hechos por grupos armados ilegales durante las festividades y la distancia entre esos comunicados y la realidad en los territorios. Esta vez, el pronunciamiento vino desde Nariño, donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, encabezaba operaciones de seguridad tras la desactivación de explosivos en la vía que conecta a Pasto con el aeropuerto regional.
Allí, el jefe de la cartera castrense fue categórico al rechazar los comunicados emitidos por disidencias del Estado Mayor Central (EMC) y otras estructuras armadas que aseguraban suspender hostilidades entre el 23 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026. Para Sánchez, estos anuncios no solo carecen de verificación, sino que contradicen el comportamiento violento de estas organizaciones en el terreno.
“Son cínicos, son mentirosos, son terroristas. En su ADN existe simplemente el delito”, afirmó el ministro, subrayando que el Gobierno no reconoce ninguna tregua unilateral y que las operaciones militares y de inteligencia continúan activas en corredores estratégicos como la vía Panamericana.
El EMC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, había difundido un comunicado en el que aseguraba haber ordenado a todas sus unidades suspender operaciones ofensivas contra la Fuerza Pública para permitir que “las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada”. Sin embargo, para el Gobierno, estos gestos no pasan de ser maniobras discursivas sin correlato en la reducción de la violencia.
La Defensoría del Pueblo también expresó reservas frente a estos anuncios. Según el organismo, ceses temporales como los del ELN y las disidencias solo tienen sentido si se traducen en hechos verificables, como disminución de enfrentamientos, liberación de secuestrados y garantías reales para las comunidades civiles, que siguen atrapadas entre disputas territoriales y economías ilegales.
El ministro Sánchez reiteró que ninguna estructura criminal goza actualmente de cese al fuego y que la instrucción a la Fuerza Pública es clara: actuar ante cualquier amenaza, independientemente del grupo armado responsable. La prioridad, dijo, es proteger la vida de la población y garantizar la presencia institucional en zonas donde los grupos ilegales buscan consolidar control territorial.
Aunque los anuncios de tregua coinciden con la temporada decembrina —un patrón recurrente en los últimos años—, las autoridades insisten en que estos comunicados no pueden convertirse en condicionantes para la acción del Estado. Por el contrario, el Gobierno ha reforzado operaciones en regiones críticas como Nariño, Catatumbo, Meta, Guaviare y Caquetá, donde persisten disputas entre disidencias, ELN y bandas narcotraficantes.
Sánchez también recordó que el Estado mantiene vigentes recompensas millonarias para capturar a cabecillas de estas organizaciones, como parte de una estrategia para desarticular sus estructuras y frenar acciones criminales que afectan tanto a civiles como a miembros de la Fuerza Pública.
La desconfianza institucional frente a los anuncios de tregua no es nueva. En años anteriores, ceses unilaterales proclamados por grupos armados no evitaron desplazamientos masivos, confinamientos, asesinatos selectivos ni enfrentamientos entre estructuras ilegales. En regiones como el Catatumbo, por ejemplo, la confrontación entre el ELN y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) ha dejado centenares de muertos y miles de personas en riesgo humanitario.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo ha insistido en que cualquier gesto de paz debe ir acompañado de acciones concretas y verificables. “Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación de personas secuestradas”, señaló la defensora Iris Marín en reacción a los anuncios del ELN y el EMC, recordando que la población civil sigue siendo la principal víctima de estas disputas armadas.
Mientras los grupos armados insisten en presentar sus comunicados como gestos humanitarios, el Gobierno sostiene que no existe evidencia de una reducción real de la violencia. Por el contrario, las operaciones militares continúan y las autoridades mantienen la alerta en zonas donde se han detectado explosivos, amenazas contra líderes sociales y movimientos de estructuras ilegales.
El mensaje del Mindefensa es contundente: la seguridad del país no puede depender de decisiones unilaterales de organizaciones criminales que históricamente han incumplido acuerdos y utilizado los ceses al fuego como herramientas de propaganda.
En un país donde la guerra se reinventa constantemente, los anuncios de tregua siguen siendo recibidos con escepticismo. Y mientras no haya verificación independiente, compromisos verificables y voluntad real de desescalar la violencia, la distancia entre los comunicados y la realidad seguirá siendo abismal.
