La campaña legislativa en Santander entró en tensión tras la petición del congresista Fabián Díaz para que el Consejo Nacional Electoral estudie la revocatoria de la candidatura al Senado de Jaime Beltrán. El senador alega doble militancia e inhabilidad por ejercicio de autoridad, mientras la defensa del exalcalde rechaza los señalamientos.
El escenario electoral en Santander volvió a agitarse con la solicitud radicada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, quien pidió revisar y revocar la candidatura al Senado del exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, hoy aspirante por el partido Salvación Nacional. La petición, sustentada en dos presuntas causales de inhabilidad, abrió un debate jurídico y político que promete marcar el tono de la contienda legislativa.
Díaz sostiene que Beltrán habría incurrido en doble militancia y en una inhabilidad derivada del ejercicio de autoridad dentro del año previo a las elecciones. Ambos argumentos, según el congresista, comprometerían la legalidad de la inscripción del exmandatario local y deberían llevar al CNE a revocar su aspiración.
El caso se inscribe en un contexto político especialmente sensible para Santander. Tras las elecciones atípicas de Bucaramanga, celebradas en noviembre, la región vive un reacomodo de fuerzas y una disputa abierta por el liderazgo político. Beltrán, quien dejó la Alcaldía en medio de un proceso electoral extraordinario, se convirtió en una figura central del debate público, tanto por su gestión como por su rápida reaparición en la arena política nacional.
Los argumentos de la solicitud
El primer señalamiento presentado por Díaz se refiere a una posible doble militancia. El senador recuerda que Beltrán fue elegido alcalde de Bucaramanga con el aval del partido Colombia Justa Libres, colectividad a la que renunció el 29 de octubre, en medio de tensiones internas y del proceso que culminó con la elección de Cristian Fernando Portilla Pérez como nuevo alcalde.
Para Díaz, esa renuncia activa una restricción clara: la Ley 1475 de 2011 establece que ningún dirigente puede participar en elecciones con un partido distinto dentro de los 12 meses siguientes a su renuncia. En su solicitud, el congresista cita el artículo 2 de la norma, que sanciona la doble militancia y prohíbe el tránsito inmediato entre colectividades para aspirar a cargos de elección popular.
El segundo argumento se centra en el ejercicio de autoridad. Beltrán ocupó la Alcaldía de Bucaramanga hasta el inicio del proceso electoral atípico, lo que, según Díaz, lo ubica dentro del periodo de inhabilidad previsto para quienes han ejercido autoridad política, administrativa o fiscal en los 12 meses previos a una elección de circunscripción nacional.
“El Senado tiene circunscripción nacional, por lo tanto, cualquier ejercicio como autoridad política dentro del territorio nacional en los 12 meses previos a la elección genera inhabilidad”, señala el documento radicado ante el CNE. Para el equipo jurídico del senador, la condición de exalcalde reciente es suficiente para impedir la inscripción de Beltrán.
Ambos argumentos, de prosperar, podrían modificar el panorama electoral en Santander, donde la candidatura del exalcalde ha generado expectativas y resistencias en distintos sectores políticos.
La defensa de Beltrán
Desde la campaña de Jaime Andrés Beltrán, la respuesta no se hizo esperar. Holman Ibáñez, abogado del exalcalde en asuntos electorales, rechazó públicamente los señalamientos y aseguró que la solicitud “carece de sustento jurídico”. A través de su cuenta en X, el jurista calificó la actuación de Díaz como un ataque político sin fundamento legal y afirmó que la candidatura cumple con todos los requisitos establecidos por la normatividad vigente.
Hasta el momento, Beltrán no se ha pronunciado directamente sobre la solicitud. Sin embargo, su equipo ha insistido en que la renuncia a Colombia Justa Libres se produjo conforme a los procedimientos internos del partido y que no existe impedimento para su participación en las elecciones legislativas. Sobre la inhabilidad por ejercicio de autoridad, la defensa argumenta que la interpretación de la norma debe considerar el carácter excepcional del proceso electoral atípico y la fecha efectiva de desvinculación del cargo.
El caso ahora queda en manos del Consejo Nacional Electoral, que deberá estudiar los documentos, evaluar los argumentos jurídicos y determinar si existen méritos para revocar la candidatura. El proceso podría extenderse varias semanas y tendrá impacto directo en la dinámica política regional, especialmente en un departamento donde las alianzas y rupturas recientes han reconfigurado el mapa electoral.
Mientras tanto, la controversia ya se instaló en la opinión pública. Para algunos sectores, el debate refleja la necesidad de mayor claridad en las reglas de participación política; para otros, se trata de un episodio más en la confrontación entre liderazgos emergentes y estructuras tradicionales.
Lo cierto es que la campaña al Senado en Santander entra en una fase decisiva, marcada por disputas jurídicas, tensiones partidistas y un escrutinio creciente sobre la trayectoria y las decisiones de quienes aspiran a representar al departamento en el Congreso.
