Colombia llevó al Consejo de Seguridad de la ONU un mensaje de rechazo al uso unilateral de la fuerza en Venezuela, defendió la soberanía estatal y pidió una salida diplomática. La sesión de emergencia reavivó el debate global sobre el multilateralismo y la protección humana.
En medio de un escenario internacional marcado por tensiones políticas y alertas sobre la estabilidad regional, Colombia asumió un papel activo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al solicitar una sesión de emergencia para abordar la situación en Venezuela. El encuentro, realizado en la sede del organismo en Nueva York, se centró en las “Amenazas a la Paz y la Seguridad Internacionales” y puso sobre la mesa la necesidad de respuestas colectivas frente a hechos recientes que sacudieron al país vecino.
La convocatoria, realizada por Somalia en su calidad de presidente del Consejo, respondió a la solicitud formal de Colombia, que ejerce como miembro no permanente para el periodo 2026-2027, y contó con el respaldo de China y Rusia. El contexto estuvo marcado por los acontecimientos del pasado 3 de enero en territorio venezolano, que generaron preocupación internacional por su impacto en la soberanía, la integridad territorial y el respeto al Derecho Internacional.
Durante su intervención, la delegación colombiana fijó una postura clara: no existe justificación alguna para el uso unilateral de la fuerza ni para actos de agresión entre Estados. El país expresó una condena categórica a los hechos ocurridos en Venezuela, calificándolos como graves violaciones a la soberanía y a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
Colombia subrayó que la defensa de la paz y de la vida debe estar en el centro de cualquier respuesta internacional. En ese sentido, insistió en que el respeto a la soberanía de los Estados y al Derecho Internacional no puede ser selectivo ni condicionado por intereses coyunturales. Para la diplomacia colombiana, el multilateralismo sigue siendo la herramienta legítima para tramitar las crisis y evitar escaladas que pongan en riesgo a la población civil y la estabilidad regional.
La intervención también hizo énfasis en la protección de los derechos humanos como eje transversal de la acción internacional. Según el mensaje transmitido ante el Consejo, cualquier salida a la crisis venezolana debe priorizar la vida, la dignidad humana y las garantías fundamentales, en un contexto donde millones de personas ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Más allá de la condena, Colombia reiteró su disposición a contribuir activamente a la construcción de una salida pacífica y negociada. El país respaldó de manera explícita los esfuerzos del secretario general de la ONU, António Guterres, orientados a activar mecanismos de mediación y a facilitar el diálogo entre las partes involucradas.
La postura colombiana destacó que las soluciones duraderas deben ser lideradas por los propios venezolanos, con el acompañamiento de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales. Esta visión apunta a fortalecer los canales diplomáticos existentes y a evitar acciones que profundicen la polarización o el aislamiento internacional.
En su llamado final, Colombia instó a todas las partes a ejercer la máxima contención y a desescalar las tensiones. El mensaje fue claro: privilegiar el diálogo y la diplomacia no es una opción secundaria, sino una obligación colectiva para preservar la paz y la seguridad internacionales.
Con esta intervención, el país reafirmó su compromiso con la democracia, el orden internacional basado en normas y la búsqueda de soluciones políticas frente a los conflictos. En un momento de alta sensibilidad regional, Colombia buscó posicionarse como un actor que promueve la concertación y el respeto al Derecho Internacional como pilares para enfrentar la crisis venezolana.
