El 2025 avanza como un año crítico para la seguridad nacional, marcado por la expansión territorial de grupos armados, el resurgimiento de disputas históricas y la consolidación de economías ilegales que alimentan un tercer ciclo de violencia. Las alertas institucionales coinciden en que el país enfrenta un deterioro acelerado.
El panorama de seguridad en Colombia durante 2025 confirma un deterioro sostenido que se venía anunciando desde años anteriores, pero que ahora adquiere una dimensión más compleja y desafiante. La expansión de los grupos armados, la disputa por corredores estratégicos y la fragmentación de estructuras criminales han configurado un escenario que expertos y autoridades describen como un “tercer ciclo de violencia”, caracterizado por la simultaneidad de conflictos locales, regionales y transnacionales.
El país enfrenta un reacomodo profundo de actores ilegales, impulsado por la rentabilidad del narcotráfico, la minería ilegal y el control social en zonas donde el Estado sigue siendo débil o intermitente. La presencia de estas organizaciones ya no se limita a áreas rurales históricamente afectadas; ahora se extiende a centros urbanos intermedios, corredores logísticos y regiones fronterizas donde la gobernanza criminal se impone mediante coerción, cooptación o alianzas con economías locales.
El crecimiento de grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y organizaciones de carácter paramilitar o neoparamilitar ha sido documentado por múltiples observatorios de seguridad. La expansión no solo es territorial, sino también operativa: reclutamiento forzado, control de movilidad, imposición de normas sociales y fortalecimiento de redes financieras.
El país ya no enfrenta un conflicto con actores definidos, sino un ecosistema criminal en constante mutación. Esta descripción refleja la complejidad actual: estructuras que se fragmentan, se reagrupan, se alían temporalmente o se enfrentan por rentas específicas. La volatilidad es la nueva norma.
En departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Chocó, la disputa por el control territorial ha generado picos de violencia que afectan directamente a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Los desplazamientos masivos, confinamientos y asesinatos selectivos han aumentado, mientras que las capacidades de respuesta estatal siguen siendo insuficientes o tardías.
Un tercer ciclo de violencia
El concepto de “tercer ciclo de violencia” se ha consolidado en el análisis académico y periodístico para describir la etapa actual del conflicto colombiano. El primer ciclo, asociado a la expansión guerrillera en los años ochenta y noventa; el segundo, marcado por el auge paramilitar y la confrontación con las FARC; y el tercero, el que vivimos hoy, caracterizado por la recomposición criminal tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
Este nuevo ciclo se distingue por tres elementos centrales:
Multiplicidad de actores: no existe un único adversario armado, sino una constelación de grupos con intereses diversos.
Economías ilegales diversificadas: narcotráfico, minería, extorsión, tráfico de migrantes y contrabando.
Control social y político: los grupos armados no solo buscan rentas, sino también legitimidad local y capacidad de gobernanza informal.
Un líder comunitario citado en el artículo resume la situación con crudeza: “Aquí no manda el Estado; manda el que tenga más hombres y más armas”. La frase, aunque dolorosa, refleja la percepción de miles de ciudadanos atrapados entre la ausencia institucional y la imposición violenta de normas ilegales.
El Estado entre la contención y la reconfiguración
El Gobierno ha intentado responder mediante operaciones militares focalizadas, estrategias de presencia integral y programas de sustitución económica. Sin embargo, la velocidad de expansión de los grupos armados supera la capacidad de contención. La falta de coordinación entre entidades, la debilidad de la justicia local y la corrupción en algunos territorios profundizan la crisis.
Expertos consultados advierten que la política de seguridad debe replantearse desde una perspectiva territorial, con énfasis en inteligencia, justicia y reconstrucción del tejido social. La militarización sin acompañamiento institucional, señalan, solo desplaza el problema sin resolverlo.
Además, la disputa entre grupos armados por corredores estratégicos —especialmente aquellos vinculados al narcotráfico y la minería ilegal— ha generado una presión adicional sobre las fuerzas de seguridad, que enfrentan estructuras cada vez más sofisticadas y con mayor capacidad financiera.
El deterioro de la seguridad tiene efectos directos en la vida cotidiana: restricciones de movilidad, toques de queda impuestos por actores ilegales, aumento de extorsiones y amenazas, y un clima generalizado de miedo. Las comunidades más afectadas denuncian que la violencia se ha normalizado y que la presencia estatal es esporádica o simbólica.
Organizaciones de derechos humanos alertan sobre el incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores ambientales, quienes se convierten en objetivos por oponerse a economías ilegales o por promover procesos comunitarios de autonomía.
El 2025 no solo está marcado por el crecimiento de los grupos armados, sino por la urgencia de decisiones estructurales. El país enfrenta un punto de inflexión: o se fortalece la presencia integral del Estado con políticas sostenidas y coordinadas, o el tercer ciclo de violencia se consolidará como una etapa prolongada y aún más devastadora.
